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Nueva masacre en Ecuador: ¿Por qué Guillermo Lasso no puede controlar las cárceles?

Con la última matanza ocurrida en la prisión de Cotopaxi, ya son más de 400 los reos fallecidos desde el 2020 en motines y enfrentamientos en los establecimientos penales del vecino del norte. ¿El presidente ecuatoriano está haciendo lo suficiente para ganarle la guerra al narcotráfico?
Soldiers stand guard next to family members of inmates outside the Cotopaxi No 1 penitentiary where several people have been killed and injured during a riot, in Latacunga, Ecuador October 4, 2022. REUTERS/Karen Toro/ KAREN TORO

Juan Diego Rodriguez Bazalar

4/10/2022 16H31 - ACTUALIZADO A 4/10/2022 16H31

Ecuador vuelve a tropezar con la misma piedra. Este lunes 3, en la cárcel Cotopaxi número 1, se sucedió una pelea que dejó 15 muertos y más de 20 heridos, cifras que podrían aumentar. Para evitar ser víctimas de una de las tantas masacres que se vienen sucediendo desde el año pasado en los centros de rehabilitación -y que solo en el 2022 está por dejar cien fallecidos-, algunos presos se escondieron en los techos.

“Es verdad que, en los últimos meses y en cierta medida, se había logrado pacificar la situación internas de las cárceles, pero el Estado todavía no toma el control total del sistema carcelario”, comenta el sociólogo y politólogo ecuatoriano Julio Echeverría. El especialista anota que, si bien se mejoró la presencia policial y de las Fuerzas Armadas en los procesos, todavía hay fallas, por ejemplo, en el ingreso de armas.

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EFE comparte información al respecto. Según la agencia de noticias, el 20 de setiembre se anunció la detención de tres agentes de la cárcel de Cotopaxi. A ellos se los acusó de tráfico de municiones al intentar ingresar al recinto 500 balas. La conducta de ese tipo de funcionarios explica cómo, desde el 2020, más de 400 reos han muerto por “enfrentamientos entre bandas criminales rivales que se disputan el control”.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, agrega: “El presidente Guillermo Lasso prometió una política pública integral, con planes concretos debidamente financiados para evitar que estas tragedias se repitan. Lo que sucedió el lunes es una muestra de que casi no se ha avanzado en el tema”.

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Para Alarcón es claro: Lasso lleva casi año y medio en el cargo y todo parece seguir igual. Los problemas económicos parecen haber dado una leve tregua, pero el narcotráfico que repercute en las cárceles y la inseguridad ciudadana, no.

Hay ejemplos que le dan la razón al especialista. En agosto, se sucedió un atentado con explosivos en Guayaquil para terminar con la vida de ‘Cucaracha’, dueño de una discoteca clandestina en el barrio de Cristo del Consuelo. Según “El Universo”, este año se registraron 145 ataques similares, que a veces incluyeron carros-bomba.

Y ni hablar del asesinato de Édgar Escobar Zambrano, fiscal que perseguía a “organizaciones narcodelictivas” e “investigaba crímenes de odio y de mujeres por razón de género”.

El origen de todos los problemas salta a la vista: Ecuador es la tercera nación que más incauta drogas. Lo superan Colombia y Estados Unidos.

“Es verdad que no es un problema que solo se dé en Ecuador. Otros países de Latinoamérica también lo sufren, pero parece que en otros lugares sí se logra amainar las consecuencias”, dice Alarcón.

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No estaba muerto el ‘capo’

Todo apunta a que la masacre de Cotopaxi se inició por la presencia de Leandro Norero, el capo relacionado al tráfico de drogas y apodado ‘el Patrón’. Sus abogados declararon su muerte por coronavirus en el 2020 cuando supuestamente estaba en nuestro país y pidieron dejar sin efecto la orden de captura y cárcel en contra suyo. La justicia peruana aceptó y así huyó hacia el norte.

Mauricio Alarcón explica: “Norero entró a Ecuador y aquí lo empezaron a investigar por vínculos al lavado de activos y narcotráfico. Estaba más vivo que nunca y con fuertes nexos políticos con actores de gobiernos anteriores. Se iba a iniciar un proceso en contra suyo, pero antes lo mataron”.

‘El Patrón’ figura como uno de los muertos en Cotopaxi.

“Parece que, además de la confrontación entre los bandos que siguen fuertes en el centro de rehabilitación, se trató de impedir que Norero hablará”.

Julio Echeverría toma la palabra sobre la complejidad de la lucha contra el narcotráfico. “Supondría la puesta en marcha de estrategias interinstitucionales que impliquen distintos niveles de intervención. No solo basta con tomar las riendas del sistema carcelario, sino también de la administración de justicia que no tiene la suficiente regulación para evitar el hacinamiento y la salida de ciertos presos”.

Él añade: “Todo esto se combina con los índices altos de desempleo, subempleo e informalidad, condiciones materiales sumamente precarias que hacen que una inmensa cantidad de gente se encuentre con las redes de narcotráfico”.

Hoy por hoy, apunta EFE, cerca de “11.000 de los 32.000 presos” se “identifican con alguna de las bandas criminales que se disputan el control interno de las cárceles y cuyos enfrentamientos han dejado más de 400 reos asesinados desde el 2020″.

“No depende solo del sistema carcelario detener el ciclo de delincuencia ligada al narcotráfico, sino de más actores. Y las soluciones del Gobierno no están a la altura de toda esta complejidad”, sentencia Echeverría.

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Secuelas para el mandatario

¿Cómo se explica que, en los últimos meses, no haya habido motines? Alarcón dice que ello responde a las dinámicas de los grupos. Lo sucedido en Cotopaxi es un buen ejemplo. “La posible declaración de Norero pudo haber sido una coincidencia. Hay que tener en cuenta que, una vez más, la masacre se sucede cuando se cambia al ministro del Interior, el encargado de la policía”.

Él sostiene: “Hay algo que no termina de cuadrar, pero lamentablemente las autoridades no han investigado lo suficiente. Vivimos la consecuencia de la falta de planificación, de la improvisación. Hasta la Unión Europea tuvo que intervenir para dar recursos al sistema nacional de rehabilitación social porque el Estado no le da el respaldo económico que corresponde”.

Y concluye: “Esta situación ya le está pasando factura a Lasso. En los últimos sondeos el 82% desaprueba su gestión”.

Por el momento, el presidente ecuatoriano intenta tomar cartas en el asunto al organizar un referéndum para cambiar partes de la Constitución al que todavía le falta el visto bueno de la Corte Constitucional. Él busca crear el marco legal para que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad interna, la extradición de ecuatorianos “implicados en delitos trasnacionales”, y que “la Fiscalía se encargue de sancionar a funcionarios judiciales que incurran en faltas”.

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