La ministra vocera de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Ángela Vivanco, afirmó este martes que el país “está puesto en jaque por la criminalidad” tras el aumento de delitos vinculados al narcotráfico y homicidios violentos.
“El tema del narcotráfico es una situación gravísima. El tema del aumento de la delincuencia, el tema de jóvenes delincuentes violentos; estas situaciones de homicidios que hemos visto recientemente (...) Todas esas situaciones nos ponen en jaque; el Estado de derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de esta criminalidad”, señaló la vocera del máximo tribunal.
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La ministra señaló además que se debe “sacar máximo partido” a las herramientas del Estado “para que, respetando el debido proceso, respetando la presunción de inocencia, se consiga combatir el crimen y el delito de una manera efectiva”.
“Eso es lo que todos queremos y tenemos que demostrar eficiencia en lograrlo”, añadió.
Las cifras son elocuentes al momento de graficar el avance de este fenómeno en el país suramericano: solo en 2020 se registraron a nivel nacional más de 700 homicidios, lo que supone un 33,6 % más que en 2019, aunque en la zona sur de Santiago la tasa de homicidios subió un 80 %.
En algunas zonas del país el cambio en el último tiempo ha sido más dramático: según las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, a junio de este año la región de Tarapacá, en el norte de Chile, registró una tasa de 6 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional la cifra llegó a 2,2.
Analizando los últimos seis años, la tasa de homicidios en el país se incrementó en un 70 %, mientras que la percepción del daño derivado del robo con violencia aumentó un 37 % en 10 años.
Con este contexto como telón de fondo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, asistió a la Comisión de Seguridad del Senado para presentar una proyecto de ley que buscar modernizar las figuras penales vinculadas al crimen organizado, estableciendo además técnicas especiales de investigación.
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“Queremos facilitar la tipificación del delito de asociación criminal”, señaló Monsalve a los parlamentarios.
Otra veta de este problema que enfrentan las autoridades y la sociedad chilena es el acceso a armas de fuego, facilitado por un mercado negro activo y que llegó a distintos puntos del país.
Según datos citados por la prensa local del portal suizo Small Arms Survey, especializado en armas y violencia armada, a 2020 en Chile había 2,2 millones armas en posesión de civiles, de las cuales 1,4 millones no cuentan con inscripción.
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