Chile: El rechazo al proyecto constitucional

¿Cómo explicar que en el 2020 un 78% estuvo a favor de una nueva Constitución redactada por una Convención Constitucional elegida por voto popular, y en el 2022 un 61% de los votantes rechazara el proyecto de Constitución redactado por esa convención?

La respuesta comprende más de una explicación y, por ahora (escribo al día siguiente del plebiscito), no es evidente cuál de ellas sea más importante. Así que solo presentaré un balance parcial y provisional.

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En el artículo titulado “¿Nuevo Giro a la Izquierda en América Latina?” decíamos que, desde 2018, el partido en el gobierno perdió la siguiente elección presidencial en catorce ocasiones consecutivas. Añadíamos que la prueba de que había un giro contra el oficialismo y no en favor de la izquierda era que, cuando la izquierda era el oficialismo, también perdía la siguiente elección competitiva. Y constatábamos que algunas razones del descontento con el oficialismo que tenían en parte causas internacionales (como una mayor inflación o un menor crecimiento), seguían vigentes.

Eso proveería una primera explicación: cuando se realizó el primer plebiscito en Chile la izquierda (que promovió el cambio de Constitución mediante una Convención Constitucional), era oposición. En cambio, cuando se realizó el segundo plebiscito, la izquierda era gobierno y, en parte por las razones para el descontento mencionadas, vio deteriorarse su nivel de aprobación.

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Una segunda explicación sería que el plebiscito que aprobó la redacción de una nueva constitución a través de una Convención Constitucional fue distinto que el plebiscito que rechazó la propuesta de Constitución elaborada por esa Convención. De un lado, el primer plebiscito se realizó después de las mayores movilizaciones de protesta en el Chile contemporáneo y durante la pandemia del Covid19. Las movilizaciones explicarían porqué los jóvenes, más progresistas pero menos proclives a votar que la media del electorado, acudieron a votar en una proporción mayor de lo habitual. La pandemia (a cuyos efectos eran más vulnerables) explicaría porqué los adultos mayores, más conservadores y más proclives a votar que la media del electorado, acudieron a votar en menor proporción de lo habitual.

A lo cual habría que sumar el hecho de que, mientras en el primer plebiscito el voto fue voluntario, en el segundo fue obligatorio: eso contribuye explicar por qué, mientras en el primer plebiscito votaron cerca de ocho millones de electores, en el segundo votaron más de 13 millones.

Una tercera explicación sería que, contra la disyuntiva sin matices que contenía la cédula de votación (aprobar o rechazar), una mayoría del electorado sí percibió matices en la contienda: según una encuesta de Cadem, solo un 17 y un 12 por ciento, respectivamente, estaban por el rechazo o la aprobación sin matices. Pero un 35% estaba por “rechazar para renovar” (es decir, querían cambios constitucionales, pero no el proyecto de Constitución bajo consulta), mientras un 32% estaba por “aprobar para reformar” (es decir, aprobar el proyecto bajo consulta para luego modificarlo). Quien mejor entendió esos matices fue la derecha tradicional (agrupada en el frente Chile Vamos): en forma temprana se diferenció tanto del Partido Republicano (partidario de mantener la Constitución legada por Pinochet virtualmente sin cambios), como del oficialismo (que, tarde y con divisiones internas, finalmente ofreció reformas en temas como el de la plurinacionalidad si se aprobaba el proyecto constitucional).

Es cierto que, durante la campaña, sectores de la derecha mintieron sin escrúpulos sobre el contenido del proyecto constitucional (el senador Felipe Kast, por ejemplo, dijo que este permitiría el aborto hasta los nueve meses de embarazo). Pero también hubo campañas de desinformación antes del primer plebiscito o de la última elección presidencial, sin que estas surtieran mayor efecto. Una diferencia en esta ocasión fue que parte de la izquierda les facilitó la tarea, con propuestas (finalmente no recogidas en el proyecto de Constitución), como la de disolver todos los poderes del Estado para reemplazarlos por asambleas populares.