Cómo fue el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y por qué México revisa la condena al autor del crimen

El magnicidio más importante de las últimas décadas en México aún no está cerrado. El asesinato del candidato del entonces dominante Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colossio, ha abierto un nuevo capítulo luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) decidiera evaluar la solicitud del autor del crimen, Mario Aburto Martínez, para revisar su sentencia.

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Todo esto sucede pocas semanas después de que la Fiscalía General de la República reabriera el caso y conformara un equipo especial a cargo de investigar las denuncias por violaciones graves de derechos humanos contra Aburto recogidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y reportadas en octubre del 2021.

Ese mismo mes, el presidente Manuel Andrés López Obrador ofreció protección del Estado para Aburto en respuesta a las denuncias de presunta tortura.

EL ASESINATO DE COLOSIO

Colosio, nacido en el estado de Sonora en 1950, fue una figura prominente dentro de las filas del PRI. Economista de profesión, llegó al partido en 1979 y ocho años más tarde ya era designado oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional.

En 1988 se convirtió en dirigente nacional del PRI y senador. Según el Instituto Federal Electoral de México, bajo su liderazgo el partido obtuvo la mayoría de escaños tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado en 1991.

El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, quien además fue su padrino político, lo sumó a su gabinete, asignándole la cartera de Desarrollo Social. Para 1993, la candidatura de Colosio a la presidencia estaba definida.

“Era un candidato que simbolizaba la ruptura del viejo régimen priista hacia un nuevo modelo más democrático, mayormente plural, más participativo y de base social”, explica Ulises Corona, profesor de política de la Universidad Nacional Autónoma de México, a EFE.

Corona define a Colosio como un líder “carismático, honesto, sencillo y bonachón”.

Su meteórico ascenso, sin embargo, se frustró intempestivamente el 6 de marzo de 1994. Aquel día, luego de reunirse con otros líderes del PRI en la ciudad de La Paz, Colosio tomó un avión hacia Tijuana para ofrecer un mitin en el barrio de Lomas Taurinas.

La hegemonía electoral de la que había gozado durante 65 años el PRI prácticamente garantizaba la victoria de Colosio en los comicios. Durante su presentación en Lomas Taurinas, a la que llegó acompañado de una comitiva y caminó entre la gente antes de subir al escenario, el candidato denotó su confianza en hacerse con la presidencia y prometió abrir los oídos ante los reclamos de la gente, además de acabar con la “incompetencia política”.

Sin embargo, una vez terminado el discurso y mientras el candidato caminaba entre la multitud, se escucharon dos disparos. Colosio cayó abatido y fue trasladado de emergencia al Hospital General de Tijuana, donde falleció a las 6:55 p.m. luego de haber sido sometido a una cirugía.

El caso conmocionó al país, marcó un viraje que hasta hoy se mantiene en la política mexicana y, además, ha intentado ser aprovechado por diferentes sectores en estos 28 años.

DENUNCIAS DE TORTURA

El mismo día del magnicidio fue capturado el autor material. Identificado como Mario Aburto Martínez, de 23 años, confesó de inmediato haber perpetrado el asesinato.

Aburto aseguraba que se le conocía como el “caballero águila”, que era un pacifista y el asesinato había sido un accidente en su intento de llamar la atención de los medios para denunciar la corrupción en la política.

Casi de inmediato, el gobierno de Salinas Gortari designó un equipo fiscal especial para el caso. Según Aburto, el presidente lo habría llamado para pedirle que diga que el crimen había sido ordenado por otro partido político.

Alrededor del magnicidio se han tejido innumerables hipótesis, alimentadas por la poca transparencia que reinó en la Fiscalía durante la investigación. Entre las teorías destaca un presunto autoatentado de miembros del PRI que se oponían en secreto a Colosio.

En diciembre de ese año, Aburto fue condenado a 45 años de prisión.

Desde el día del asesinato hasta la fecha, Aburto fue recluido en la Agencia del Ministerio Público Federal, el penal de máxima seguridad Cefereso 1, entre otros centros federales de readaptación antes de llegar al Cefereso 12 en el estado de Guanajuato, donde se encuentra actualmente.

En el 2021, Aburto dirigió una nueva queja hacia la CNDH reclamando que desde agosto de 1994 venía denunciando reiterados actos de tortura en su contra. Según la Comisión, “elementos de entonces la Policía Judicial Federal adscritos a la Procuraduría General de la República, así como agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de la víctima a las instalaciones del Cefereso1, incurrieron en actos de tortura en su contra y los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos”.

Por otro lado, la CNDH denunció que las autoridades decidieran recluir a Aburto en penales lejos de su familia. En consecuencia, la Comisión recomendó a la Fiscalía “reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares”.