Combatir sin ‘balas’

Se acaba el año y las calles del país ya no son las mismas. En el último año, términos como ‘extorsión’, ‘granadas’, ‘organizaciones criminales’ y ‘delitos con armas de fuego’ se han vuelto cada vez más recurrentes en los medios de comunicación y las redes sociales. En medio de esta ola de criminalidad y en un aparente intento de calmar a una población inquieta a punta de populismo, el gobierno de Dina Boluarte decretó la perezosa medida de estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima, Lince y Sullana (Piura).

El tiro le salió por la culata: en plena vigencia de la medida se han reportado ya alrededor de 20 asesinatos y, según una encuesta de Datum publicada en este Diario, más del 90% de peruanos cree que el estado de emergencia no ha generado ningún cambio.

¿Cuántas ‘balas’ tiene el Estado para combatir la inseguridad ciudadana? La respuesta a esta pregunta, que intentamos obtener en el especial de ECData publicado hoy, tiene varios frentes. Por un lado, están las paupérrimas condiciones de las comisarías del país: siete de cada 10 están en mal estado, y cerca de la mitad no tiene servicios básicos adecuados. Además, según ha estimado el sector Interior, aún falta construir 128 comisarías para cerrar la brecha de atención básica en el país. Por si fuera poco, entre enero y noviembre de este año se registró un promedio de ocho denuncias y quejas al día contra personal policial y funcionarios del Ministerio del Interior.

A esto habría que sumarle el factor de inequidad: de todo el personal policial de comisarías –en las que se reciben las denuncias por violencia de género–, solo el 11% es mujer. En Madre de Dios, la segunda región con mayor tasa de denuncias por violencia contra la mujer, el personal femenino no alcanza ni el 1%.

Tomando en cuenta el aumento sostenido del índice de población víctima de delitos en los últimos años y estas importantes deficiencias en el sector encargado de frenarlos, sorprende que el porcentaje del presupuesto del Estado que se asigna a seguridad y orden público haya disminuido. Este año, dicha partida solo significó el 4,7% de los fondos públicos.

A pesar de todo esto, el gobierno ha optado por una medida que, aunque pomposa, no ha alcanzado los resultados esperados ni ahora ni en el pasado. Y es que, en la última década, se ha decretado o prorrogado el estado de emergencia por motivos de seguridad ciudadana en Lima y Callao un total de 17 veces. Ninguna redujo por sí sola la delincuencia (de hecho, en la mayoría de los casos, el índice de victimización aumentó).

¿Hará la diferencia la gestión de Víctor Falcón o pasará a la larga lista de ministros del Interior censurados o retirados sin aportes sustanciales?