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La vida después del referéndum, por Fernando Rospigliosi

“Es improbable que Vizcarra emprenda alguna de las reformas que el país necesita el próximo año”.

Fernando Rospigliosi Analista político

Martín Vizcarra

“Las recientes permutas ministeriales muestran claramente que el presidente no va a modificar el perfil de su Gabinete”. (Foto: El Comercio)

Sin ningún indicio que lo sustente, legiones de entusiastas vizcarristas están pronosticando lo maravilloso que será el 2019 con un presidente de la República enormemente fortalecido y una oposición en escombros. Supuestamente, ahora Martín Vizcarra emprenderá una serie de cambios y reformas que harán del Perú un país mejor.

En verdad, todo indica que no será así. Las recientes permutas ministeriales muestran claramente que el presidente no va a modificar el perfil de su Gabinete, caracterizado por una gris medianía, con personas sin liderazgo ni decisión para realizar transformaciones en sus sectores. La principal preocupación de ellos parece ser mantenerse en el cargo, para lo cual la receta es no hacer olas. En consecuencia, el paquidérmico, burocrático y corrupto Estado no cambiará.

En CADE el presidente habló de la reforma laboral, y suscitó grandes aplausos de los usualmente complacientes empresarios con el inquilino de Palacio de Gobierno. Y a los pocos días se desdijo. Abordar ese tema requiere decisión y valor, pues quien lo haga probablemente perderá algunos puntos en las encuestas, cosa que Vizcarra no está dispuesto a hacer.

El presidente es, en los discursos, un entusiasta de las inversiones, en particular en minería, pero acaba de liquidar de un plumazo el proyecto Tía María. Con el pretexto que tiene que dialogar con el próximo gobernador regional, le ha negado el permiso a la empresa para iniciar la construcción de la mina. Como las licencias conseguidas en años anteriores, con muchas dificultades, están a punto de caducar en las siguientes semanas, lo más probable es que ese proyecto minero esté liquidado por mucho tiempo. Tendrían que empezar de nuevo los trámites y audiencias –que duran años– en un ambiente muy hostil, con los enemigos de la minería envalentonados por su victoria.

Esa señal, por supuesto, la van a captar en todo el país aquellos que quieren obtener algo con amenazas y desórdenes, y van a proceder en consecuencia.

No es el único mal ejemplo. Hace casi un mes miembros de la comunidad de Mayuriaga, Loreto, rompieron el Oleoducto Norperuano porque no les gustó el resultado de las elecciones municipales. Ahora tienen nuevas demandas, entre otras, que les paguen una indemnización y los contraten para limpiar el derrame de petróleo que ellos mismos provocaron. Mientras tanto, está suspendida la producción de petróleo en esa zona porque el oleoducto está cerrado. Naturalmente, a nadie se le ocurre que recibirán una sanción por destruir un bien de todos los peruanos, causar un desastre ecológico y perjudicar la economía impidiendo el flujo del hidrocarburo. Eso no va a suceder.

Los vizcarristas se aferran, para justificar la sinrazón, a los discursos y promesas de Vizcarra, que no tienen ninguna correspondencia con la realidad. Como ha anotado José Carlos Requena, en relación con el último mensaje a la nación, “la verborrea es un recurso legítimo. Pero el enfoque de permanecer en campaña es algo que el presidente debiera revisar con miras al plazo que le queda de mandato, si no quiere seguir vaciando el contenido de las palabras que utiliza”. (El Comercio, 18/12/18).

Esa es la realidad de las arengas del presidente, palabras vacías de contenido.

Por ejemplo, repite una y otra vez que es respetuoso de las instituciones al tiempo que interviene descaradamente en ellas. Su respaldo a los fiscales que investigan y han logrado encarcelar a sus adversarios políticos, tratando de imponerle al fiscal de la Nación su permanencia en el cargo, es una muestra de ello. Con eso, además, parece confirmar las acusaciones de sus críticos, en el sentido de que hay una relación estrecha entre esos magistrados y el gobierno.

Sería difícil objetar el desempeño de jueces y fiscales si, por ejemplo, todos los que recibieron aportes de Odebrecht en la campaña del 2011 hubieran sido tratados de la misma manera. O si a todos los candidatos y sus equipos que recibieron dinero negro –no necesariamente de fuente ilícita– y lo usaron en su campaña, en las últimas cuatro o cinco elecciones, los midieran con la misma vara.

En suma, es improbable que Vizcarra emprenda alguna de las reformas que el país necesita el próximo año. Y caben pocas dudas de que seguirá demoliendo lo poco de institucionalidad que aún subsiste, reforzando un gobierno caudillista, sin contrapesos. Todo con la complacencia y algarabía de la coalición que lo respalda.

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