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La elección no ha sido limpia. El partido no se jugó en igualdad de condiciones. Este proceso ha estado marcado por fallas inadmisibles que han erosionado su legitimidad desde el origen. Más de 50 mil limeños no pudieron votar inicialmente por problemas logísticos, mesas que no se instalaron, material electoral que no llegó y una extensión de la jornada que alteró las condiciones de competencia. Además, miles de personas que fueron a votar temprano encontraron que sus locales no estaban listos y ya no regresaron en la tarde. Esto afectó el voto de candidatos específicos como Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori o el propio Jorge Nieto.
Este caos tiene nombre propio: el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Un sujeto que nos engañó a todos con la promesa de una elección impecable. Hoy, él enfrenta una denuncia penal del propio Jurado Nacional de Elecciones, un hecho sin precedentes que apunta a una responsabilidad directa por omisiones en la organización del proceso. No se trata de errores menores ni de fallas aisladas: hablamos de una cadena de decisiones, desde la contratación logística hasta la ejecución operativa, que terminó afectando el derecho al voto de miles de ciudadanos. Incluso se han abierto investigaciones policiales por irregularidades en el manejo del material electoral. Pretender que todo fue un “error puntual”, como ha sostenido Corvetto, es subestimar la gravedad del momento.
Una segunda vuelta no puede organizarse bajo la sombra de la desconfianza ni con las mismas autoridades cuestionadas. La permanencia de Corvetto al frente de la ONPE no solo es insostenible, sino peligrosa para nuestra democracia.
