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En lo que va del año, una serie de atentados con explosivos ha puesto a La Libertad en el centro de las noticias. Primero, dos torres de alta tensión que abastecían de energía a la minera Poderosa en Pataz fueron dinamitadas por mineros ilegales, y el último lunes delincuentes detonaron explosivos en dos puntos diferentes de Trujillo: frente a la sede del Ministerio Público y en los exteriores de una vivienda. Ante estos ataques, los cuestionamientos se han concentrado en el Gobierno y, específicamente, en el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al que muchos han empezado a recordarle su promesa de dar un paso al costado si su estrategia contra el crimen no rendía frutos (como es evidente).
Pero existe otro actor que, pese a que los atentados han tenido lugar en la región que gobierna desde el 2023, ha tratado de eludir cualquier responsabilidad y ha optado, en su lugar, por echarle la culpa al Ejecutivo y recurrir al populismo de manual. Desde el lunes, en efecto, César Acuña ha formulado una serie de declaraciones (que van desde pedir la cadena perpetua para quienes porten armas de manera ilegal hasta afirmar que saldrá a patrullar las calles con la policía) que apuntan a generar la percepción de un líder genuinamente preocupado por la seguridad de sus ciudadanos. La realidad sugiere que ha sido, más bien, una autoridad ausente.
Según informó este Diario, en los dos años que lleva como gobernador de La Libertad, Acuña se ha ausentado de sus funciones unos 111 días entre vacaciones, viajes por comisión de servicios y licencias. Recordada es tanto su travesía a los Emiratos Árabes Unidos en momentos en los que la delincuencia desangraba su región como la respuesta que dio a quienes lo criticaron por ello: “Tengo derecho a descansar”. Lamentablemente, el crimen no descansa y prueba de ello es que La Libertad es, con excepción de Lima, la región con el mayor número de homicidios en el país en los últimos ocho años.
Además, según el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, en todo este tiempo Acuña solo ha visitado el lugar dos veces. La provincia, como sabemos, se ha convertido en tierra tomada por la minería ilegal, que en los últimos tres años ha volado 16 torres de alta tensión, ha matado a 18 trabajadores de la minera Poderosa y ha dejado un río de sangre y miedo entre los locales. Por allí, sin embargo, el gobernador regional no camina ni amenaza con perseguir a los mineros ilegales.
“Tienen que ver a su autoridad caminando en la calle”, dijo Acuña el lunes. La frase bien podría acortarse: los liberteños tienen que ver a su autoridad a secas. Porque hasta ahora, cuando está entrando en su tercer año de gestión, no se lo ha visto comiéndose el pleito de la inseguridad ciudadana.
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