Editorial: Pálido pero severo

Cumpliendo un encargo de las distintas bancadas, la Junta de Portavoces del Congreso propuso esta semana los nombres de tres candidatos entre los que la representacin nacional tendr que elegir el prximo 1 de setiembre al futuro defensor del Pueblo.

Nos referimos especficamente a Walter Gutirrez (propuesto por Accin Popular), Samuel Abad (ex defensor adjunto y respaldado por el Frente Amplio) y Enrique Mendoza Ramrez (ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones, avalado por Alianza por el Progreso).

Si alguno de ellos alcanza, efectivamente, los 87 votos requeridos en la fecha indicada, habr terminado el largo interregno en el que tan importante funcin ha sido asumida por Eduardo Vega Luna como encargado, pues, como se recuerda, la renuncia de Beatriz Merino ltima titular oficial de la defensora se produjo en marzo del 2011.

Sin desmerecer las virtudes de los tres candidatos mencionados, sin embargo, hay que decir que llama la atencin que Vega Luna no haya sido considerado en la lista, habida cuenta de lo diligente y acucioso que ha sido durante estos aos en el cumplimiento de esa responsabilidad, a pesar de la situacin incierta en la que siempre se mantuvo su permanencia en el cargo.

Es verdad que su nombre solo fue sometido a votacin en el ltimo intento de eleccin de defensor del Pueblo producido durante el Congreso anterior, en mayo de este ao (ocasin en la que obtuvo 56 votos, mientras que el otro postulante, Gastn Soto Vallenas, lleg a los 62: una cifra igualmente insuficiente para acceder al puesto). Pero no hay que olvidar que, en diciembre del 2014, un proceso con esos mismos competidores en liza se frustr en la hora nona por cabildeos polticos, ni que en el camino hubo varios otros intentos para acabar con la precaria situacin de tan importante institucin en los que no se lo consider ni siquiera en la nmina.

En particular, el oficialismo de ese entonces Gana Per y sus aliados, que ostent una mayora congresal durante casi todo el lustro que acaba de terminar, no mostr un real inters por cambiar el frgil estado de cosas. Despus de todo, desde la perspectiva de quien ejerce el Ejecutivo siempre puede resultar tentador tener en esa posicin a un funcionario no muy seguro de su situacin para que no se envalentone demasiado cuando le toque enfrentar al Estado a fin de hacer valer los derechos de los ciudadanos, como su responsabilidad exige.

Vega Luna, no obstante, no se dej intimidar por esa circunstancia y, plido pero severo, se opuso al empeo del gobierno en asuntos bastante espinosos. Nos referimos, por ejemplo, al reglamento de la Ley del Servicio Militar del 2013 (tiene un carcter discriminatorio y desnaturaliza su carcter voluntario, dijo en aquella oportunidad), a ciertos excesos de la llamada ley stalker (que permita el acceso de la unidad especializada de la Polica Nacional a la geolocalizacin de celulares en casos de delitos de flagrancia, pero vulneraba el derecho a la privacidad de las personas) y al Decreto Legislativo 1129 (que estableca que toda informacin generada en el mbito de los asuntos referidos a la seguridad y defensa nacional tuviese el carcter de secreto), en defensa del derecho de acceso a la informacin pblica.

En ninguna de esas oportunidades, Vega Luna convoc precisamente las simpatas del poder vigente. Todo lo contrario: gener de su parte una reaccin adversa que podra explicar su suerte a lo largo de estos cinco aos, as como el hecho de que esta vez no haya sido comprendido en la lista de candidatos (pues los viejos temores pueden asaltar tambin a los nuevos administradores del Ejecutivo o el Legislativo).

Nada, sin embargo, nos impide reconocer, ahora que deber despedirse del cargo, el rigor con el que lo desempe, ni desear que su sucesor sepa tambin plantarse, sin estridencias pero con firmeza, frente al poder o los poderes de turno cuando haga falta.