La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha pedido una reparación civil de S/36'530.073,72 para el ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, y los otros 52 investigados en el caso emblemático La Centralita.
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El procurador anticorrupción, Amado Enco Tirado, ha propuesto que César Álvarez, su esposa Milagros Asían Barahona, el ex alcalde de Chimbote Luis Arroyo Rojas, los ex congresistas Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo, Juan Calderón Altamirano, Dirsse Valverde Varas y Martín Belaúnde Lossio, así como 36 imputados paguen una indemnización solidaria de S/14'976.720 por el delito de asociación ilícita para delinquir.
El abogado del Estado también ha solicitado que se sancione a César Álvarez y a los otros 14 imputados con el pago de S/18'112.118,10 por el delito de lavado de activos. Mientras que en los delitos de peculado y colusión agravada ha requerido que se cancele S/307.596,42 y S/2'833.639,20, respectivamente.
Además, la procuraduría ha planteado que Álvarez y Víctor Crisólogo paguen S/200.000 por el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Y que Heriberto Benítez Rivas desembolse S/100.000 por el delito de encubrimiento real.
Enco Tirado ha requerido que en la reparación civil también sean consideradas las empresas Ilios Producciones, Nueva Corporación del Norte EIRL y A&E Áncash Telecomunicaciones EIRL, implicadas en el delito de lavado de activos.
Este pedido ha sido ingresado al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que dirige la jueza María de los Ángeles Álvarez, quien el último miércoles instaló la audiencia de control de acusación contra Álvarez y 59 procesados en la investigación por asociación ilícita, lavado de activos y corrupción.
En la próxima audiencia programada para el 6 de marzo, el Ministerio Público presentará la acusación contra la red criminal que habría liderado César Álvarez en Áncash, para quien ha pedido 30 años de prisión efectiva.
En cinco años, la Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada ha establecido que la mafia de Álvarez se sostenía con los cobros de coimas de las obras del Gobierno Regional de Áncash. Los miembros de la organización se encargaban de pagar a jueces, fiscales, policías y periodistas con el fin de que las denuncias no prosperen a fin de que el ex mandatario se mantenga en el poder. Para la fiscalía todas las acciones se planificaban desde La Centralita, un edificio situado en la ciudad de Chimbote.
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