La alarma mundial por una inminente crisis alimentaria ya afecta al Perú: con la escasez de fertilizantes y el alza de precios de alimentos. No obstante, el país no está en la peor situación, en comparación a otros, debido a que no es un importador neto. Su producción agrícola, avícola y acuífera evitarían que los peruanos lleguen a una situación de hambruna, como sí sucedería en países africanos o algunos estados de Centroamérica.
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Sin embargo, es importante entender que la pandemia ya había dejado un golpe socioeconómico muy fuerte, que ocasionó que 15,5 millones de peruanos se encuentren en situación de inseguridad alimentaria, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Mariana Escobar, representante de la FAO en Perú, explica que la inseguridad alimentaria no es solo hambre, situación que se da en los casos más severos. No obstante, hay otra forma: personas que acceden a alimentos, pero no a los adecuados, sino a dietas no saludables.
Este puede ser el caso de Perú, en medio de una escasez de fertilizantes que aseguren una producción alimentos, una población empobrecida y un porcentaje importante de esta en condición de inseguridad alimentaria que accede con mayor facilidad a productos poco saludables.
En este contexto, Escobar sostiene que si bien la agricultura familiar debería tener siempre un lugar privilegiado en el país, en este momento es fundamental dárselo. Pese a ello, se encuentra en un estado de vulnerabilidad. “Los alimentos que se producen en el marco de la agricultura familiar son un poco más del 50% de la producción total. Es decir, brindan un aporte fundamental a nuestra seguridad alimentaria”, afirma.
No obstante, en un contexto de abandono de esta agricultura; de problemas geopolíticos como la guerra de Ucrania y Rusia; y de pandemia, la producción agropecuaria de 26 alimentos entre los que se encuentran la caña de azúcar, el tomate, la alfalfa, el olluco, el camote, la cebolla y la quinua, disminuyó en 115.790 toneladas entre marzo del 2021 y marzo del 2022.
La incertidumbre de las hectáreas sembradas
Los agricultores han advertido que de no solucionarse el problema de fertilizantes la producción de alimentos caerá en 40% en los próximos meses. El presidente de Conveagro, Clímico Cárdenas ha advertido que la escasez de este producto tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria del país.
Por ello, desde hace meses las organizaciones y gremios agrarios han planteado contar con un bono para la producción con el objetivo de ayudar a los pequeños agricultores. Sin embargo, la idea no fue tomada y la ayuda económica se ha brindado en otro tipo de bonos a los que tampoco ha sido fácil acceder, debido a trabas como el no contar con un padrón de productores agrarios.
Cientos de miles de productores ya han perdido cosechas. Además, las hectáreas sembradas de los principales cultivos transitorios se redujeron en 20.750, en la última campaña de agosto-marzo. Las regiones con la mayor caída son Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y Piura.
“Hay que recordar que los precios de los fertilizantes empezaron a subir desde el año pasado, por la pandemia, lo que ya había afectado la cantidad de hectáreas sembradas”, dice Escobar. En el 2021, se dieron disrupciones importantes en el comercio internacional. En esa coyuntura los precios de los fertilizantes empezaron a subir. Costaban entre 280 y 300 dólares. No obstante, aún podía encontrarse, lo que no sucede ahora debido a la guerra. El precio actual es de 611 dólares y hay escasez.
Esta crisis ocasiona además que no sea posible saber cuánto del total de la superficie se va a poder cultivar en la próxima campaña agrícola. “Se puede prever que se va a profundizar la crisis y la situación de empobrecimiento de las zonas en condiciones más precarias. El impacto va a ser básicamente para los agricultores familiares”, menciona Escobar, quien afirma que son personas que viven además en territorios a los que el estado nunca ha llegado: “no hay salud, educación, agua, vías. Viven en pobreza estructural”, asegura.
Cambio climático: problema no resuelto
Al impacto de la guerra y la pandemia, se le suma el del cambio climático, que no solo ha afectado los cultivos en el país y en el mundo. El enfriamiento de las aguas costeras y oleajes disminuyeron los desembarques de pota, bonito, barrilete, anchoveta y caballa. “No podemos pensar que si se acaba el conflicto bélico vamos a estar bien porque ya nos dejó un golpe y porque no hemos resuelto el cambio climático”, advierte Escobar.
Según señala la economista y politóloga, Perú tiene muchas alternativas para afrontar esta crisis alimentaria. Por ejemplo, el recurso hidrobiológico, la pesca y la acuicultura, para lo que no se requiere de fertilizantes. El problema es que hay dificultad con las cadenas de frío. Además, no se cuenta con una buena red vial: hay red de autopistas, pero los caminos en las zonas rurales son malos y en esa circunstancia transportar pescado se hace complejo. Una solución a ello ha sido el desarrollo de la acuicultura en las zonas andinas y en la selva. Para Escobar se debería promover una cultura de consumo de pescado.
“El cambio climático va a golpear durísimo la agricultura, y el Perú debe hacer como una suerte de pacto, un compromiso por fortalecer y darle toda la atención necesaria a la agricultura familiar y a la ganadería para que sean ambientalmente sostenibles”, dice Escobar. A mediano y a largo plazo, se debe evaluar lo que los expertos llaman la transición agroecológica, como depender menos de agroquímicos que afectan el suelo y contaminan el agua.
Medidas y tareas pendientes
Más o menos la mitad de los agricultores familiares no usan fertilizantes para producir alimentos, porque tienen muchas barreras para acceder a ellos: problemas económicos y poco acceso a asistencia técnica.
La actual gestión va por su cuarto ministro de Agricultura. En medio de la crisis de alimentos, el presidente Pedro Castillo designó como titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a Fernando Arce Alvarado, quien no cuenta con estudios ni experiencia en el sector, pero sí ha sido parlamentario andino por el partido de gobierno. Su antecesor, Óscar Zea, tampoco tenía la experiencia requerida.
En el Perú, se cuenta con una ley de seguridad alimentaria y nutricional, que se aprobó y publicó en julio del 2021, pero que aún no ha sido reglamentada. “Esta no es solo una tarea pendiente, esta es la tarea prioritaria”, recalca la representante de la FAO, quien sostiene, que desde hace 15 años se han dado varias crisis como la del 2008, la del niño costero o la crisis actual, y no se sabe si habrá otras pandemias, otras crisis internacionales o cómo seguirá golpeando el cambio climático.
En ese sentido, tener una agenda de seguridad alimentaria es vital, por lo que es muy urgente reglamentar la ley y darle una prioridad importante en la agenda política. “Esta es una preocupación del país. Lo debe resolver el gobierno, el congreso, el sector privado, la sociedad civil, la academia y todos”, asegura Escobar.
Además de reglamentar la ley, en marzo el gobierno instaló una comisión multisectorial para atender el tema alimentario. Esta tiene 120 días para salir con una serie de políticas y medidas articuladas y conjuntas para la atención alimentaria en favor de la población más vulnerable.
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