En los próximos años, Cajamarca, Moquegua, Apurímac, Arequipa, Piura y Cusco se convertirían en los principales polos de la actividad minera del país. Según la cartera actualizada de proyectos del Ministerio de Energía y Minas, se espera que estas jurisdicciones reciban una inversión conjunta de US$45.165 millones, cifra que representa el 85% del portafolio nacional.
Los gobernadores que resulten elegidos para los próximos cuatro años en estas zonas tendrán como desafíos gestionar de forma adecuada los conflictos o las demandas sociales que puedan originarse en torno a estos proyectos.
¿Cuál es la experiencia previa que tienen los aspirantes a conducir dichas regiones? Según pudo comprobar este Diario, solo 25 de los 82 precandidatos a gobernador ya han ocupado algún cargo accesible por votación. Los más frecuentes son excongresistas, ex regidores municipales, exconsejeros, exalcaldes o exgobernadores. En este último grupo figuran Jaime Rodríguez Villanueva (Apurímac), Carlos Cuaresma (Cusco) y Reynaldo Hilbck (Piura). Los otros 57 postulantes, pese a no haber sido electos a ningún cargo; en su mayoría ya ha sido candidato o militado en alguna agrupación política de su jurisdicción.
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Del total de precandidatos, 47 postulan por algún partido político, mientras que los otros 35 representan a movimientos o alianzas regionales. Perú Libre, el partido de gobierno, postulará candidatos en todas las regiones mencionadas. Tiene entre sus representantes a exsecretarios regionales, organizadores de la campaña electoral del año pasado, y a un ex vicegobernador regional.
Los aspirantes por zonas
De las seis regiones mencionadas, Cajamarca tendría la mayor importancia para la minería, ya que de concretarse los proyectos recibirá el 34% de todo el monto estimado (US$18.050 millones). Nueve candidatos disputarán el cargo de gobernador en esta región, de los cuales cinco han tenido experiencia previa como alcaldes o congresistas. En este grupo figura Segundo Raúl Pinedo Vásquez (Cajamarca Siempre Verde) y Víctor Andrés Villa Narro (Frente Regional de Cajamarca), quienes estuvieron al frente de los municipios de Cutervo y Cajamarca durante los últimos cuatro años y postulan como representantes de dos plataformas electorales propias de la región.
En tanto, Perú Libre apostará por Jorge Spelucín, secretario regional y vocero del partido de Gobierno, quien postuló al Congreso en las elecciones extraordinarias del 2020, siendo excluido durante el proceso.
En esta jurisdicción, las inversiones más próximas giran en torno a los proyectos Yanacocha Sulfuros (Minera Yanacocha) y Michiquillay (Southern Perú), ambos con US$2.250 millones y US$2.500 millones respectivamente. Sin embargo, el inicio de aquellos de mayor envergadura aún está “por definir”. Entre estos se encuentran La Granja (US$5.000 millones) Conga (US$4.800 millones) y Galeno (US$3.500 millones)
Otra zona estratégica que en los próximos meses elegirá a su máxima autoridad será Apurímac, región que en los últimos meses viene enfrentando los estragos de un nuevo conflicto en torno a Las Bambas, una de las minas de cobre más importantes del país. Entre los rostros más conocidos que tentarán el sillón regional están Richard Arce (Somos Perú), quien fue excongresista por el Frente Amplio, y Percy Godoy, actual alcalde distrital de San Jerónimo. Por su parte, el representante del oficialismo será Ynocencio Taipe Huamaní, quien se desempeñó como vicegobernador durante la gestión de David Salazar Morote, del 2007 al 2010.
¿Qué rol deberían asumir las próximas autoridades regionales para evitar los posibles escenarios de conflictividad social al interior del país? Para Mauricio Cuadra, director de la maestría en Gestión Pública de la UPC, tanto gobernadores como alcaldes deberían involucrarse más en la gestión de conflictos de forma complementaria que actualmente despliegan las instituciones del Ejecutivo. “Ellos conocen la zona, conocen los reclamos insatisfechos, el momento para intervenir. Son autoridades cuya alerta temprana podría evitar que se desencadenen enfrentamientos. Ahora solo encontramos autoridades subnacionales que actúan más como ciudadanos o movimientos sociales, cuando esa no es su función”, explica.
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