La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condena los violentos ataques que sufrió en las últimas horas la empresa Minera Poderosa de parte de mineros ilegales y los que se han cobrado la vida de tres mineros artesanales y han dejado decenas de heridos en Pataz, La Libertad.
“La criminalidad avanza ante el evidente fracaso de la declaratoria de emergencia en la provincia de Pataz, pues el viernes último, Compañía Minera Poderosa ha sido víctima de otros dos ataques por parte de mineros ilegales que, en alianza con organizaciones criminales, han destruido otra torre de alta tensión eléctrica que abastece de energía a la mina aurífera, la cual es sometida de manera permanente a incursiones armadas con el objetivo de tomar sus operaciones”, denunció el gremio este sábado.
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La SNMPE pidió al Gobierno ejecutar de manera urgente y a la brevedad medidas para restablecer el orden interno y la seguridad ante la que calificaron una “asonada violentista”.
La sociedad destacó que por estos ataques realizados casi simultáneamente -en los que se emplearon armas de fuego y explosivos-, haya muerto de manera violenta tres mineros artesanales que trabajaban en la zona en el marco de un contrato con la empresa minera.
“Estos ataques, se suman al registrado el último 3 de marzo, donde otro grupo de mineros ilegales emboscaron y asesinaron a otro minero artesanal con contrato y dejaron gravemente herido a un colaborador”, recordó el gremio.
La SNMPE dijo que no se puede permitir que se siga asesinando con total impunidad a trabajadores mineros, pues ya son más de 20 colaboradores y contratistas de Poderosa que han perdido la vida.
“La minería ilegal y sus socios, las organizaciones criminales, están dañando gravemente la cadena productiva del sector minero, perjudicando a miles de trabajadores, empresas proveedoras y comunidades que dependen de la industria minera formal”, indicaron.
Específicamente, la sociedad dijo que la provincia de Pataz está totalmente desbordada por la violencia y la inseguridad a pesar de la presencia de policías y miembros del Ejército, porque hay “zonas liberadas” controladas por mineros ilegales.
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