El titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto, Carlos Calampa, negó haber autorizado la vacunación irregular contra el COVID-19, de un grupo de personas menores de 80 años con las dosis de Pfizer y responsabilizó de ello a la encargada de Promoción de la Salud, la licenciada en enfermería Clara Bustamante.
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Ayer, este Diario informó que, entre ese grupo de personas, hay funcionarios en actividad, como el alcalde de la provincia de Maynas, Francisco Sanjurjo (69 años); la alcaldesa del distrito de Punchana, Jane Donayre (63); y los asesores del Gobierno Regional de Loreto, Jorge Monasí (65) y Joiner Vásquez (73). También figuran Mirna Villacorta (68), exalcaldesa del distrito de San Juan Bautista, y Clara Delfina Bustamante (63), actual directora ejecutiva de Promoción de la Salud, es decir, una funcionaria que participaba directamente en los planes del sector.
Hoy, en declaraciones a RPP, Calampa indicó que después de que el miércoles se registrara una escasa presencia de los beneficiarios de Pensión 65 de la Red Amanchay, destinatarios de las vacunas, en una reunión del día siguiente se decidió cambiar el esquema de vacunación y destinar 11 frascos de Pfizer (66 dosis) para inmunizar al personal del Ministerio Público que trabaja en la morgue y del Banco de Sangre.
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En ese contexto, refirió que Bustamante tomó la iniciativa e invitó a un grupo de personas que no estaban en el esquema de vacunación y que inclusive ella se vacunó con la dosis de Pfizer cuando le correspondía la de Sinopharm. “No lo puede hacer, pero lamentablemente sorprendió al personal diciendo que esta era una orden que se había tomando”
Al ser consultado sobre quién había dado la orden, indicó que la funcionaria supuestamente usó su nombre.
“[la señora Bustamante dice que en esa reunión en la que se decide hacer esa vacunación irregular estaba usted. ¿Usted estaba en la reunión?] No he estado en ninguna reunión para decidir vacunar a esas personas, totalmente, 100%. Esa es mi posición”, aseguró.
Calampa indicó que se ha tomando acciones administrativas contra Bustamante, asimismo se ha informado al Ministerio Público y a la Contraloría.
Respecto a si evaluaba renunciar a su cargo, señaló que estaba “conversando” con el gobernador Elisban Ochoa.
Hoy en la mañana, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que tomara acciones penales sobre lo sucedido en Loreto. “Autorizar al Procurador del MINSA a iniciar las acciones penales correspondientes con la finalidad de salvaguardar el cumplimiento del Plan de Vacunación y la prioridad actual en los adultos mayores”, indicó en un comunicado.
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