En el sector del transporte siempre ha sido un desafío identificar si un accidente registrado tuvo lugar a bordo de un auto de uso personal o uno que transportaba a pasajeros en la modalidad del taxi colectivo. Esto ocurre porque el taxi colectivo opera en vehículos sin distintivos que permitan rastrear el tipo de unidad que se desplazaba por la vía (particular o público). De hecho, es una de las principales críticas contra esta clase de servicio: un vacío normativo que ni siquiera le permite a la policía identificar qué tipo de uso se le da a un auto que posiblemente tenga a clientes de un servicio informal.
Sin embargo, las cifras de muertes en las pistas de los últimos tres años muestra un alarmante aumento en las mismas regiones donde operan los colectivos con más fuerza y precisamente desde que se formalizó el servicio en el Congreso, en diciembre del 2020.
Según data del Ministerio de Transporte y la Policía de Tránsito; en Cajamarca, las víctimas accidentes de tránsito mortales pasaron de 97 en el 2020 a 134 en el 2021 y a 159 en el 2022 (casi 64% de incremento)). En Cusco, los siniestros con fallecidos pasaron de 146 en el 2020 a 180 en el 2021 y a 266 en el 2022 (82% de aumento). En Junín hubo 92 en el 2020, 160 en el 2021 y 238 en el 2022 (158% de incremento). En Madre de Dios hubo 29 en el 2020, 48 en el 2021 y 75 en el 2022 (158% de incremento). En Piura hubo 124 accidentes mortales en el 2020, 300 en el 2021 y 363 en el 2022 (193% de aumento). En Puno se registraron 179 siniestros con fallecidos en el 2020, 251 en el 2021 y 351 en el 2022 (95% de incremento). En Tacna hubo 22 en el 2020, 30 en el 2021 y 44 en el 2022 (un 100% más que en el 2020).
Las siete ciudades mencionadas son aquellas donde más operan los gremios del taxi colectivo. Los accidentes mencionados son aquellos donde participó algún vehículo M1 o M2, los más utilizados por el mismo servicio.
De hecho, la campaña #notepases de El Comercio informó que, solo durante los primeros cinco días en que el Congreso legalizó el servicio en el interior del país, en diciembre del 2020, murieron 20 personas en accidentes donde estaban involucrados estos vehículos: 13 en Puno y siete en La Oroya. Ese patrón ha continuado en los siguientes años hasta hoy.
El aumento de los accidentes en colectivo también estaría vinculado al incremento de choferes que han empezado a brindar este servicio desde su formalización. Fuentes del sector del transporte dijeron a El Comercio que, entre diciembre del 2020 y junio del 2021, se habrían empadronado 8 mil nuevos colectiveros en gremios. En adelante hasta hoy, la cifra total de choferes es incierta pues la mayoría de choferes opera sin empadronarse.
Un servicio peligroso
Hay una serie de factores que convierten al taxi colectivo en un servicio altamente riesgoso. Su modelo de negocio radica en la velocidad a la que van sus unidades: ir más rápido significa dar más vueltas a la ruta y generar más ingresos. Precisamente, una de las principales causas de muertes en las pistas del país, mencionadas párrafos arriba, es el exceso de velocidad, y el taxi colectivo lo fomenta.
Además, la mayoría de sus choferes conducen sin licencia profesional de servicio público (AIIB), y solo cuentan con licencia particular. Tampoco poseen SOAT de transporte público, lo que impediría atender a los heridos de un siniestro si es que la aseguradora lograra detectar que realizaba un servicio informal de movilidad. El taxi colectivo opera sin paraderos definidos y en autos de categoría que no cuentan con las condiciones adecuadas para el transporte público por carretera.
Se trata de modelos sedán, station wagon, camionetas o algunas minivanes, vehículos que tienen una carrocería liviana para un servicio de transporte público en vías nacionales, según el coronel (r) Franklin Barreto, exjefe de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional.
“Son vehículos altamente frágiles y que, al momento en que los llenan de pasajeros y duplican el peso, al frenar bruscamente o al pasar al lado de un vehículo de gran tonelaje a alta velocidad, pierden estabilidad porque se altera su centro de gravedad”, dice Barreto. De hecho, una serie de minivanes que se venden para el taxi colectivo en el Perú están prohibidas en su propio país de fabricación para el transporte público.
Un partido político en marcha
Las noticias más recientes alrededor de este servicio son preocupantes. Una de ellas tiene que ver con el partido político Gremios y Peruanos por el Perú, que está siendo formado por los principales operadores del taxi colectivo y que, tras un tercer intento, ya ha logrado inscribir el nombre del partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Una de sus principales propuestas sería la formalización del servicio del colectivo en Lima y Callao (ahora solo está formalizado en el interior del país).
Este servicio de transporte ya tiene rutas definidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pese al peligro que representa. Antes de que Paola Lazarte dejara el cargo de ministra, su gestión se encargó de definir todas las rutas que serán autorizadas para el taxi colectivo en la macro-región norte (Tumbes, Lambayeque, Piura, La Libertad, San Martín y Cajamarca). Se trata de una serie de tramos, en teoría independientes, pero a la vez unidos entre sí, lo que permitiría en la práctica que estos choferes hagan rutas de cientos de kilómetros de extremo a extremo desde Tumbes hasta La Libertad (por la Panamericana Norte) y en dirección este hasta Cajamarca y San Martín, sin que puedan ser fiscalizados. Se trata de 190 rutas de entre 150 y 200 kilómetros cada una que se realizarán en la modalidad de colectivo y en vehículos de categoría M2 y M1.
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