En un país en el que los índices del crimen no hacen sino aumentar con los años, las declaratorias de emergencia se han convertido en una promesa común entre candidatos y autoridades. De hecho, en los últimos 10 años se ha decretado o prorrogado esta medida en Lima Metropolitana o el Callao por motivos de seguridad ciudadana un total de 17 veces. Las últimas se decretaron a partir del pasado setiembre, en medio de una ola de delincuencia, en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima y Lince. También se impuso en Sullana (Piura).
En total, en la última década, en distritos de la capital y el Callao han regido estas medidas por 810 días. La cifra representa cerca del 20% de dicho periodo de tiempo.
No todos los gobiernos han hecho igual uso del estado de emergencia para combatir el delito. Luego de Pedro Castillo, Dina Boluarte es la presidenta que más ha decretado o prorrogado el estado de emergencia por inseguridad ciudadana en el primer año de mandato.
Quienes más tiempo mantuvieron el estado de emergencia con estos fines fueron Castillo Terrones y Ollanta Humala. En el caso del primero, la medida -aplicada en Lima Metropolitana y el Callao- se mantuvo vigente por 315 días en el 2022. Rigió casi todo el año.
En cuanto al gobierno humalista, el Estado de emergencia en el Callao se prolongó por 240 días (y se prorrogó por 75 días más durante en mandato de Pedro Pablo Kuczynski).
Hablan las cifras
A fines de setiembre, en pleno estado de emergencia, César Mamani Salas, de 30 años, acababa de terminar de jugar un partido de fútbol en el parque Los Libertadores, de San Juan de Lurigancho, cuando fue asesinado por dos sicarios a bordo de una moto.
Como ha reportado El Comercio, en promedio hubo un asesinato por día en los distritos declarados en emergencia entre setiembre y octubre. A mediados de noviembre, una encuesta de Datum publicada en este Diario daba cuenta de la falta de confianza de los peruanos en el estado de emergencia para reducir el crimen: el 94% dijo pensar que la medida no ha generado ningún cambio. Solo un 4% consideró que la delincuencia se viene reduciendo.
Las experiencias pasadas respaldan esa percepción. Lejos de disminuir la inseguridad, el porcentaje de ciudadanos víctimas de la delincuencia aumentó de 23.9 a 29.5 en Lima, y de 22.7 a 27.5 en el Callao, luego del estado de emergencia que rigió entre febrero y diciembre del 2022.
El único caso en el que se observó una reducción del delito fue en el estado de emergencia vigente en el Callao entre setiembre del 2015 y setiembre del 2016, durante los gobiernos de Humala y Kuczynski. Allí, el porcentaje de victimización pasó de 34.3 a 27.1 luego de levantada la medida. En este caso, sin embargo, la reducción de la delincuencia se dio a nivel nacional.
El exministro del Interior Carlos Basombrío explica que el Estado de emergencia por motivos de seguridad ciudadana no genera un impacto real si es que no se tiene, en paralelo, un trabajo de inteligencia e investigación.
“La medida implica restringir derechos, como la inviolabilidad de domicilio. Para que eso sirva, tienes que saber dónde tienes que entrar, y eso implica un trabajo de inteligencia bien hecho. Sino, es por gusto”, asegura.
En la misma línea, Ricardo Valdés, exviceministro de Orden Interno, sostiene que la medida no puede ser utilizada “sin mayor fortaleza operativa o investigación que la sustente”.
“El Estado de emergencia ha sido un exabrupto político de la presidenta. Es un manejo político de una situación de inseguridad. No es un manejo técnico”, señala.
Mira aquí el especial completo de ECData “A más crimen, menos recursos”.
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