Desde hace una semana, Rodolfo Orellana Rengifo, acusado por la fiscalía de ser cabecilla de una gigantesca red de lavado de dinero y tráfico de terrenos, es el nuevo interno del penal de Puno, también conocido como Yanamayo. El sábado nueve de enero, pasadas las 4 de la tarde, el recluso fue llevado a ese establecimiento procedente del centro penitenciario especial de Challapalca, confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a El Comercio.
Orellana, como se sabe, estaba recluido en Challapalca desde mediados del 2015, luego de que se descubriera un celular en su celda en el penal de Piedras Gordas, en Ancón, razón por la que fue condenado en el 2018 a cinco años de cárcel por el delito de cohecho activo genérico (había sobornado con mil dólares al agente que lo custodiaba). De acuerdo al INPE, el trasladado se dio en respuesta a una serie de evaluaciones semestrales que se le hizo al interno con resultados, dicen, favorables. Motivo por el que fue movilizado a un penal más flexible que el ubicado en Tacna.
“El interno Orellana Rengifo, ha sido progresionado del Régimen Cerrado Especial Etapa “C” a la etapa del Régimen Cerrado Ordinario en la Etapa Máxima Seguridad, según lo determinado por el Consejo Técnico Penitenciario señalado en el acta N.º 088-2020-INPE-24-821-CTP de fecha 27 de setiembre del 2020″, explicó la entidad ante una consulta hecha por este Diario.
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El INPE también señala que hubo consideraciones médicas de por medio que presentó el recluso, como diabetes, faringoamigdalitis, diverticulitis y sigmoides, para tomar la decisión.
En el penal de Puno, Orellana estará bajo un régimen penitenciario que le permitirá, entre otras cosas, cuatro horas diarias de patio, visitas semanales de no más de cuatro personas y seguirá bajo una evaluación semestral que, de ser favorable, significará el cambio a una etapa aún más flexible, de acuerdo al Reglamento del Código de Ejecución Penal vigente.
Este cambio se da en un contexto en que el proceso que enfrenta Orellana por presuntamente liderar una organización criminal de lavado de activos y tráfico de terrenos se encuentra en etapa de control de acusación. La fiscalía ha pedido una pena de 35 años.
El pasado 13 de noviembre, se cumpliaron seis años de la captura de Orellana en la ciudad de Calí (Colombia). En un operativo que demandó una coordinación minuciosa entre la policía peruana y colombiana. El hoy recluso se había fugado a ese país para eludir su orden de detención. Había estado más de 130 días prófugo.
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