El consejero regional de Junín, Saúl Arcos, vulneró la neutralidad que debe mantener como funcionario, incurrió en conflicto de intereses y contravino normas éticas de la función pública al participar activamente en la campaña de Perú Libre para recolectar firmas a favor de un referéndum por una nueva Constitución, según un informe de la Contraloría al que accedió El Comercio.
La acción del órgano de control se inició luego de que este Diario publicara un reportaje, el 17 de octubre reciente, sobre la actuación de funcionarios del gobierno regional de Junín y del municipio de Áhuac (en Chupaca), que además son dirigentes del partido de Vladimir Cerrón, para promover una nueva Carta Magna mediante una asamblea constituyente.
Saúl Arcos es dirigente de Perú Libre en la provincia de Chupaca y miembro del comité ejecutivo nacional de esta agrupación política que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de la República.
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“Se ha identificado una situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la entidad, [después] de la revisión efectuada a la documentación remitida por el Gobierno Regional de Junín e información de medios de comunicación [El Comercio]”, se lee en el documento del Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad regional.
De acuerdo con el referido informe, el consejero Arcos vulneró la Ley del Código de Ética de la Función Pública, en relación a la neutralidad (imparcialidad política, económica u otras) con la que debió actuar en el desempeño de su cargo público.
Se añade que también contravino prohibiciones éticas de la función pública, como no mantener relaciones o no aceptar situaciones en las que sus intereses personales “pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes y funciones”; así como no realizar actividades de proselitismo político a través de la “utilización de sus funciones” del puesto que tiene en el consejo regional.
Para sus conclusiones, los auditores de la Contraloría también se basaron en el reportaje en video realizado por reporteros de la Unidad de Investigación de este Diario enviados a Junín.
El documento, firmado por el auditor Óscar Asis Poves y el jefe del OCI Guillermo Uribe Córdova, fue remitido al gobernador regional Fernando Orihuela el martes 26 último para que como titular de la entidad tome medidas “preventivas o correctivas que correspondan”.
Orihuela es militante de Perú Libre y reemplazó en el cargo a Vladimir Cerrón, después de que este fuera sentenciado por corrupción en agosto de 2019.
La acción de control fue coordinada por la Gerencia Regional de Control de Junín, a cargo Óscar Ayauja Medrano, desde el lunes 18 pasado.
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