La mandataria Dina Boluarte sostuvo este lunes una audiencia con el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas, Clément Voule, en Palacio de Gobierno, según informó la Presidencia de la República.
En la cita la mandataria aseguró que el Estado peruano garantiza el derecho a la protesta pacífica y el respeto a los derechos humanos, y le ofreció además todas las facilidades para el desarrollo de su labor.
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En la reunión participó también el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, la canciller Ana Cecilia Gervasi y el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate.
La visita de Clément Voule al país responde a una invitación formulada por el Gobierno peruano meses atrás para conocer lo sucedido durante las protestas sociales de fines del 2022 y principios del 2023.
La reunión se produjo después de que la semana pasada un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planteara 36 recomendaciones, con el fin de que el Estado garantice y repare derechos fundamentales de las personas afectadas, sobre todo de los familiares de los fallecidos.
La organización supranacional concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero.
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La organización de derechos humanos agrega que esos hechos deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos, y luego juzgados por jueces independientes, competentes e imparciales.
En las conclusiones del informe, destacó que en Ayacucho “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”.
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De acuerdo con la comisión, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales al ser perpetradas por agentes del Estado. “Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, añadió.
El documento también resaltó el caso de Juliaca. En esa ciudad, la CIDH observó que “se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado”, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas.
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Cabe indicar que la presidenta Dina Boluarte es cuestionada por sus declaraciones sobre el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) durante las protestas sociales.
“Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando”, dijo el viernes a El Comercio. Estas declaraciones han sido criticadas duramente por exministros y congresistas.
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