“Yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA., pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos”

La presidenta Dina Boluarte cumple cinco meses en el cargo que asumió tras el golpe de Estado del hoy encarcelado Pedro Castillo. La coyuntura que atraviesa su gestión no es la mejor, pese a haber superado los momentos más agudos de la crisis y las protestas: días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe que señala abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones que marcaron el inicio de su gobierno. Tras el informe de la CIDH, ella marcó distancia respecto del rol de las fuerzas del orden. “Yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA., pero no tengo comando”, dijo el viernes a El Comercio.

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—En la última conferencia de prensa, quedó la sensación de que al comienzo el Gobierno parecía tener una postura más o menos conciliatoria respecto del informe de la CIDH. Pero luego hubo una especie de subida de tono. ¿Cuál es, en concreto, su postura frente a este informe?

Como gobierno, y como Estado soberano, vamos a tomar el informe de la comisión como lo que es, sin hacer mayores matices. Reconoce que el 7 de diciembre hubo un golpe de Estado por parte de Pedro Castillo; con esa afirmación, a nivel nacional e internacional, aquella narrativa falsa que decía que era el Congreso, o que era Dina Boluarte quien le había dado un golpe de Estado a Castillo, se cae de madura. Castillo dio el golpe de Estado y, como consecuencia de ello, hemos tenido toda esta violencia generalizada. En ningún punto de esa violencia había agenda social, eran peticiones netamente políticas: cierre del Congreso, renuncia de Dina Boluarte, la asamblea constituyente, nueva Constitución y libertad de Pedro Castillo. En lo que sí vamos a ser bien firmes como Gobierno es que vamos a rechazar, rotundamente, que haya habido alguna ejecución extrajudicial, o que haya habido una masacre y que esto haya estado enmarcado en una estigmatización racial.

—Se ha dado un fenómeno curioso: tanto la izquierda, cercana a la CIDH, como la derecha que se opone a sus parámetros, coinciden en señalar que el Gobierno ha intentado minimizar el impacto del informe. ¿Siente que marcará un antes y un después, o que es solo un hipo en su gestión?

Yo lo voy a enmarcar como si fuera un informe político. Las recomendaciones que plantea la comisión, nosotros las evaluaremos. Respecto de las opiniones de la extrema izquierda, ellos han salido a atizar estas marchas de protesta. Hemos visto a varios congresistas que han salido inclusive al extranjero con esa narrativa falsa. Con ese mensaje, basado en la falsedad, en la mentira, yo diría que están cayendo en la ignorancia legal. Ayer hemos tenido una reunión con 23 gobernadores, todos excepto el de Puno, porque tiene discrepancias con el Gobierno. Yo le pregunto al gobernador: ¿cuál es su discrepancia? El tema aquí es trabajar. Lo que sí es cierto, y hay que reconocer, es que la derecha ha dicho la verdad: que ha habido un golpe de Estado y que Dina Boluarte asumió en el mandato de la Constitución la presidencia de la República, a diferencia de la izquierda radical, que quiere seguir generando más desorden, más caos. Ya el país está hace años polarizado. Seguir polarizando más, querer traer más sangre... no pues. Mañana viene otro presidente, no les gustará a este grupo radical, y saldrán otra vez a las calles, y el presidente renunciará. ¿Cómo vamos a estar así? Hay que tener la madurez política y responsabilidad frente a la sociedad. En democracia se respeta.

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—Su gobierno rechaza términos como ‘ejecuciones extrajudiciales’, ‘masacres’ y ‘uso indiscriminado de la fuerza’. Dejando al diccionario lingüístico de lado, hay tres casos puntuales. El 15 de diciembre, en Ayacucho, Edgar Prado recibe un balazo, estaba arrodillado. El 11 de enero, en Cusco, a Rosalino Flores le disparan 36 perdigones, después murió. El 9 de enero, en Lima, Víctor Santisteban recibió el disparo de una lacrimógena en la cabeza. Imagino que usted o sus ministros vieron los videos. ¿Qué nombre ponerle a un hecho como aquellos?

Yo agregaría al policía al que quemaron vivo [el suboficial José Luis Soncco]. Por eso tomo el informe de la comisión con esos rechazos, porque al parecer solamente estarían escuchando lo que estos señores de la narrativa falsa les han dicho. Todos los fallecidos durante las protestas nos duelen como peruanos. A mí no me hubiera gustado perder a mis hijos ni a mis padres ni a nadie en una situación de esa naturaleza. Nos duelen las muertes.

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—La pregunta concreta es: ¿hubo abuso de autoridad o errores en la ejecución de los operativos?

La Policía y las Fuerzas Armadas tienen su decreto legislativo que los ampara y los protege. Nosotros como Gobierno hemos estado dando estados de emergencia porque se incendiaba el país. Empezamos con Apurímac, en mi tierra, específicamente en Andahuaylas. Curiosamente, una semana antes del golpe allí estuvo Pedro Castillo ofreciendo dos cosas que no se podían resolver porque no tenían presupuesto. Eran ofrecimientos irresponsables de este señor, como los ofrecimientos que hubo en sus consejos descentralizados. Una semana antes, él estuvo allí: ¿qué les dijo?, ¿qué organizó? Porque no dejemos de lado que, detrás de todas estas marchas de protesta, había un grupo ideologizado -nos dicen que algunos pertenecen a Fenate-Perú, un brazo del Movadef, que es la mascareta de Sendero Luminoso-, y tenían un propósito: generar la anarquía en el país, generar la libertad de Pedro Castillo y que todo vuelva a ser como hasta antes del 7 de diciembre. Ese era el propósito, que más fallecidos fueran más presión para el gobierno de Dina Boluarte. Y pongo como ejemplo lo que pasó en Puno: ellos dijeron ‘vamos a dar un tregua en víspera de Navidad y hasta pasar Año Nuevo’. ¿Tregua de qué? ¿Estábamos en una guerra interna? Solo se dan treguas y se levantan o se arrian las banderas cuando uno está en guerra. Efectivamente, la tregua la dieron hasta el 4 de enero de este año. Se movilizaron el día 4, el 5, el 6, el 7, no veían que Dina renunciara. Ellos sabían, los que atizaban a estos hermanos con esa narrativa falsa, que el 10 el Consejo de Ministros debía ir al Congreso para el voto de confianza. El día 9, suceden los fallecimientos en Juliaca y en Puno. ¿Cuál era el mensaje? ¿Que el Ejecutivo no vaya al voto de confianza en el Congreso y se genera más inestabilidad? Y casi lo logran.

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—Los casos que le he mencionado tienen abundante evidencia. Cualquiera que tenga un celular puede ver ese video donde le dispararon una lacrimógena en la cabeza a una persona que miraba la protesta.

Todos los fallecidos, estos casos específicos y todos los demás, están en manos de la fiscalía. Ellos tendrán que valorar en sus investigaciones, qué pasó, qué hubo, y de ser el caso identificar de manera individualizada a la persona. Eso es lo que hay en un estado de derecho.

—Pero hay una responsabilidad paralela, la responsabilidad política. ¿Ningún ministro fue por lo menos interpelado por usted sobre por qué actuó así el Ejercito o la Policía, al menos en los casos más evidentes?

Nosotros como Ejecutivo hemos tomado las medidas del caso. Ha habido cambios de comandos de la zona, hemos cambiado ministros del Interior, por ejemplo.

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—Pero al que era ministro de Defensa (Alberto Otárola) lo convirtieron en primer ministro, lo cual da un mensaje contradictorio.

Diría que no es contradictorio, porque al premier Otárola, en aquella primera conversación, se pidió que se respetaran los derechos humanos y la vida de todos, no solamente de los que salían a protestar y generaban la violencia, sino también de los policías. Y cuando suceden los cambios y, efectivamente, se toma la decisión de colocar al ministro Otárola como premier, fue para poder generar una estabilidad política en el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tienen. Ellos tienen su propia ley, pero también sus propios protocolos. ¿A quién obedecen? A sus comandos. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos los deciden ellos.

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—En algún momento, cuando probablemente hubo estabilidad en el Gobierno pero no en la calle, porque se sucedían las protestas unas tras otras y en cada región, ¿en algún momento pensó en hacer un cambio más drástico a nivel del gabinete y asumir alguna responsabilidad política?

Cuando ocurrió lo del 7 de diciembre, yo no he tenido el tiempo amplio como para escoger ministros. Tuve 48 horas. Desde el inicio de este gobierno -me refiero al 28 de julio del 2021-, yo siempre miré que los ministros tenían que ser personas que conocieran el sector por dentro, y que no vinieran a aprender. Por eso que pusimos personas que conozcan los ministerios por dentro, porque tenemos que resolver lo que no se ha resuelto en estos últimos 30 años. Y si vamos a estar cambiando de manera irresponsable ministro tras ministro, eso no ayuda a una buena gestión ni a atender las necesidades de la población. Y quiero que así se entienda: estamos poniendo a los ministros para poder atender de mejor manera las necesidades no resueltas del pueblo peruano.

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—¿Qué hizo mal el Estado en el contexto de las protestas? ¿En qué se equivocó usted, o sus ministros, o su gobierno en general?

¿Mal?, no sé. No estábamos preparados para una violencia de esta naturaleza. Dina Boluarte entró a ser gobierno como vicepresidenta, luego como ministra, siempre de guante blanco, con la conciencia de atender de mejor manera las necesidades del pueblo peruano. Cuando se dio el golpe, a mí me agarró de sorpresa, yo estaba en mi casa, estaba inclusive en pijama, y tuve que salir volando porque yo me imaginé un golpe de Estado como el de hace años. No me cuidaba de asumir la presidencia o no: cuidaba mi vida.

—Vuelvo a apelar a su sentido autocrítico. En perspectiva, ¿reconoce algún error?

Creo que no hemos tenido, y hasta ahora adolecemos -porque nos ganan los troles en las redes- cómo comunicar. ¿En qué pudimos haber fallado, o qué error podemos reconocer? Uno: no estábamos preparados para tremenda violencia. Segundo: articular rápidamente los diálogos con los diversos actores de la sociedad, eso nos tomó tiempo. Sin embargo, quienes sí estaban preparados con anticipación eran los que generaron toda la violencia, porque no creo que de la noche a la mañana, al unísono, quieran tomar cinco aeropuertos.

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—¿Fue un error por no saber comunicar, o por comunicar equivocadamente? ¿Se arrepiente de alguna de las declaraciones que dio en aquellas conferencias durante las protestas? “Puno no es el Perú” o las famosas balas dum-dum... Las frases quedan y, en política, los gestos son importantes.

No es que quise estigmatizar o decir algo de Puno. Lo dije desde la mirada de mi responsabilidad como presidenta para atender las 24 regiones del país.

—Lo de la injerencia extranjera, aseverarlo cuando fehacientemente no se ha podido demostrar, ¿no fue un exceso de su parte?

La injerencia extranjera hasta ahora existe, ahí tenemos las declaraciones del presidente López Obrador, de México, las del presidente Petro, en Colombia, o lo que dijo el señor Boric; tenemos los ingresos de Evo Morales al Perú. Si eso no es injerencia, ¿qué cosa es?

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—A propósito de los presidentes que ha mencionado, ellos han utilizado los micrófonos para atacarla. Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido más por el lado diplomático. ¿Por qué no ha habido una respuesta más frontal?

Yo lamento mucho que estos presidentes tengan que acompañar en su defensa a un ex presidente que dio un golpe de Estado, que lo convierte en un dictador y, encima, investigado por temas de corrupción. Si uno es de izquierda, y va a defender a un golpista y dictador, y si ellos han sido elegidos democráticamente por el pueblo, ¿también quieren convertirse en dictadores y por eso amparan y protegen con sus mensajes, allá donde pueden, a un dictador investigado por corrupción? Eso es lo que me da pena de estos líderes de izquierda.

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—¿Hay un respaldo absoluto de su gabinete al mensaje dado? Estaban todos presentes en la conferencia, pero pocas horas después surgió un primer impasse entre el primer ministro y el ministro de Justicia, por las opiniones que dio sobre la probabilidad de que hubiera violaciones de derechos humanos. ¿Hay un respaldo absoluto en su gabinete o admite que hay posturas grises?

El gabinete siempre se ha manejado de manera unida, somos un equipo muy dinámico, muy chambeador, 24 x 7, y los lineamientos del Gobierno respecto de este informe son los que hemos dicho en la conferencia de prensa. Saludamos el reconocimiento del golpe de Estado (de Castillo), y de que este es un gobierno constitucional, legítimo y democrático; saludamos que reconozcan que las marchas de protesta no hayan sido pacíficas, sino violentas; pero sí rechazamos contundentemente que haya habido alguna ejecución extrajudicial, o masacre o una estigmatización por temas raciales. Y no se diga que el sur del Perú es diferente a la capital: más del 60% de la población limeña somos provincianos. En consecuencia, rechazamos totalmente la estigmatización.

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—¿Habló con el ministro de Justicia después de aquel desacuerdo mediático?

El Ejecutivo está en calma, estamos trabajando.

—¿Cómo definiría la situación actual? El primer ministro habló de una meseta, pero una meseta no es plana siempre, puede tener elevaciones o bajadas.

Las protestas siempre van a estar allí, y son legítimas además. Pero que estas sean pacíficas. No podemos hacer abuso de esas protestas para generar ataques a personas que también tienen derechos. Seguramente más adelante saldrán en protestas, pero que sea con una agenda social, que no utilicen a nuestras hermanas y hermanos con una narrativa falsa, que les digan la verdad, por qué quieren salir a las calles a protestar. Nosotros le decimos a toda la comunidad nacional: antes de salir a protestar, conversemos, es lo que hemos hecho desde el inicio, buscar el diálogo, buscar la unidad, buscar la paz para desarrollarnos. Desde acá abrazo a todos los hermanos, sobre todo a los de Puno, donde todavía están un poquito reacios a conversar con el Gobierno; sobre todo el gobernador, porque la población quiere trabajar, ya la economía se está dinamizando allá. Es bueno tener discrepancias, pero podemos llegar a buenos acuerdos.

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—Ya desmintió el rumor de que quiso renunciar. Reformulo el tema: ¿usted se quiere quedar hasta el 2024, el 2026? La suya es una situación particular: un presidente se prepara para gobernar 5 años, pero usted no sabe hasta cuándo lo hará.

Nosotros vamos a gobernar conforma manda la Constitución. Cuando elegimos la fórmula presidencial, se eligió para un período de gobierno. Vamos a ser respetuosos y obedientes del mandato constitucional. No estamos trabajando pensando en la fecha.

—En la conferencia de prensa del jueves dijo: “Lamento que la izquierda me tenga tanta cólera”. Mi hipótesis es que usted se acercó con la derecha, y la derecha la cobijó en esos días iniciales de gobierno, por eso la tachan. ¿Cuál es su hipótesis?

Conozco a los señores de izquierda, sobre todo a las señoras que salen y hablan; hemos compartido gabinete con alguna de ellas. Yo supongo que si las hubiera puesto de ministras, estarían aplaudiendo felices. Por lo demás, yo agradezco a los señores del Congreso, los demócratas, llámense de centro o de derecha.

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—¿Sigue pensando que Pedro Castillo fue inducido a dar el golpe? ¿Eso no es infantilizar la decisión que él tomó?

Siendo uno presidente, nadie lo induce a nada. Uno es responsable de sus actos, el señor estuvo un año y cinco meses en el Gobierno, un tiempo suficiente como para que alguien lo induzca. Que lo hayan acompañado como comparsa, seguramente, eso también se está investigando.

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—¿Cuándo fue la última vez que habló con Pedro Castillo?

En agosto del año pasado, en su despacho; después, nos saludábamos en el Consejo de Ministros, diplomáticamente.

—Usted está ahora mismo investigada por presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal. Los indicios más serios hasta el momento provienen de Henry Shimabukuro, quien, dice la fiscalía, habría dado aportes de campaña para luego ocupar altos cargos en el gobierno. Usted dice que no lo conoció, él dice que sí. Si no es exactamente cierto lo que dice, sería muy fácil desmentirla. ¿Por qué él estaría interesado en atacarla?

Nunca dije que no los conocía [a Shimabukuro y la profesora Maritza Sánchez]. Yo lo que dije fue que estos señores vinieron porque Pedro Castillo los mandó, sobre todo a la señora Maritza, y es ella quien trajo a Shimabukuro. Las campañas presidenciales no las lleva a cabo la vicepresidencia, y a mí no me consta de que el señor Shimabukuro haya dado un solo sol. ¿Que a mí me haya dado? En absoluto. La señora Martiza hasta deslizó que me había comprado una terma para mi casa. Va a tener que probarlo, porque yo tengo mi boleta de compra, la guía de remisión. Está en el ámbito de la fiscalía, que se averigüe, yo soy la primera interesada en que se llegue a la verdad.

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—También está el caso de Grika Asayag. Fue una persona cercana por mucho tiempo, aunque luego se revelaron cosas que usted no sabía. Usted es la presidenta del país: ¿no hubo un mayor filtro al elegir mejor a su entorno más cercano, que es justamente de lo que se acusaba a Pedro Castillo?

Uno confía en lo que la persona indica. Cuando ella vino a laborar, presentó documentos que la calificaban. Al mes y medio salió en la prensa de que no eran verídicos. A diferencia de Pedro Castillo, nosotros tomamos la decisión de decirle ‘ponte a un costado, no puedes seguir trabajando en el despacho presidencial’. Uno confía en las personas, pero también tomamos las resoluciones que corresponden.

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—En este momento, ¿en quién confía Dina Boluarte, a quién escucha?

A mí.

—Pero es difícil que usted tome todas las decisiones.

También al premier, a los ministros, a mi equipo de trabajo. Confío en ellos, pero al primer indicio de un acto equivocado, no me temblará la mano para ponerlos a un costado.