Gobierno de Dina Boluarte niega violaciones a los derechos humanos tras conclusiones de la CIDH

El gobierno de Dina Boluarte negó que el Estado haya cometido violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra su gobierno y el Congreso, iniciadas en diciembre del 2022, como sí concluyó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado este miércoles en Washington, EE.UU..

La presidenta dijo en conferencia de prensa desde Palacio que el informe de la CIDH usa el condicional para referirse a las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra los manifestantes. “No afirma que hubo violación a los derechos humanos. Dice en el carácter condicional ‘habría’, y eso se va a investigar”, aseveró.

No obstante, el documento señala expresamente que sí se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia.

La comisión utilizó el condicional en su informe cuando aseguró que las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales al ser perpetradas por agentes del Estado. Además, cuando se refirió al caso de Ayacucho, donde dijo que los hechos podrían calificarse como una masacre.

Este es el informe de la CIDH:

La abogada Valeria Reyes, especialista en derechos humanos y coordinadora académica del Idehpucp, señaló a El Comercio que el informe es contundente y el gobierno “no puede maquillar la verdad”.

“Sí se utiliza el condicional en alguna sección particular del informe, pero hay otras que lo dicen con toda claridad: los hechos cometidos constituyen graves violaciones a los derechos humanos que deben investigarse. Incluso hablan del patrón, de la sistematicidad, del carácter indiscriminado de estas afectaciones, y le recuerdan al Estado su obligación de investigar”, señaló.

En tanto, el analista político Gonzalo Banda consideró que la presidenta intentó minimizar las responsabilidades que podrían derivarse del documento.

“Intentó tomar lo mejor que podía del informe y bajar aquello que podía hacerle daño políticamente, pero quien cumplió la labor de desvirtuar algunas afirmaciones del informe fue el primer ministro”, añadió.

En su intervención, el primer ministro Alberto Otárola precisó que el informe no es una sentencia. Además, cuestionó que, “con solo algunas entrevistas y dos visitas al Perú”, la comisión concluya que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza.

En opinión de Reyes, el primer ministro apeló al “falso argumento de que solo las sentencias son obligatorias”.

“La sentencia es uno de los mecanismos de protección que tiene el sistema interamericano, pero hay otros caminos para poner énfasis en la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos”

Valeria Reyes, abogada especialista en derechos humanos

En otro momento, el primer ministro dijo esperar que entre el Estado y la CIDH “se adopten decisiones con total objetividad, alejando factores ideológicos y políticos”. Y recordó a la CIDH “su papel fundamental como organismo internacional en la protección y la defensa de los derechos humanos de toda la población, y no solo de aquellos que reclaman un cambio en la política de gobierno o una nueva Constitución”.

El informe también recoge los ataques de manifestantes a comisarías, fiscalías y sedes del Poder Judicial, intentos de toma de aeropuertos, bloqueos de carreteras e intentos de tomas de aeropuertos. El documento precisa que estos constituyeron “un serio desafío para el Estado de Derecho”