El Ministerio Público inició diligencias para investigar presuntos actos de corrupción denunciados por la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Hania Pérez de Cuéllar, en una obra de agua y alcantarillado de Piura que se habrían perpetrado en la gestión de Geiner Alvarado.
La Fiscalía Anticorrupción de Lima acudió a las oficinas del ministerio para recabar documentación pública y obtener información relacionada a las empresas vinculadas con el “Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Piura”.
Hace dos días, la ministra Hania Pérez de Cuéllar anunció que presentarían una denuncia penal tras detectar que el comité de selección otorgó una buena pro al Consorcio Piura Castilla de manera irregular y por un monto de S/ 561 millones.
“Lo que sucedido aquí es que el comité de selección no habría integrado las bases de manera correcta y habría omitido integrar toda la información necesaria para que todos los postores tuviesen acceso a esa información y hacer ofertas en igualdad de condiciones”, informó en una conferencia de prensa esta semana.
Precisó que el comité de selección fue nombrado durante la gestión de Geiner Alvarado, exministro del gobierno de Pedro Castillo que actualmente cumple 36 meses de prisión preventiva por la investigación de presunta organización criminal.
Tras detectar las irregularidades, el Ministerio de Vivienda declaró nulo el proceso de oficio, pero en respuesta el consorcio; integrado por la empresa china China Tiesiju Civil Engineering Group Co. Ltd. sucursal Perú, y JPC Ingenieros SAC; interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Además, ayer presentó una acción amparo en la ciudad de Requena.
“Lamentamos que pese a todo lo vivido y saber qué ha sucedido con este ministerio continúen las practicas mafiosas que utilizan acciones de amparo interpuesta en juzgados remotos”, manifestó la ministra Pérez de Cuéllar.
Ante las diligencias, el sector publicó un comunicado asegurando que brindan todas las facilidades a la Fiscalía Anticorrupción en las oficinas del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).
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