Congreso conocía desde hace dos semanas denuncia de hostigamiento contra Edgar Tello, pero no hizo nada

A través de una carta notarial- dirigida a la jefa de RR.HH. del Parlamento, Sonia Polino Valverde- la trabajadora, que tiene ocho meses de gestación, solicitó el “cese de hostilización laboral” por parte del docente, quien “sin motivo alguno” y “de manera inconsulta” la retiró del cargo de asesora II de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que él preside, para trasladarla al puesto de auxiliar.

La misiva, a la que tuvo acceso El Comercio, fue recibida por el área de RR.HH. del Poder Legislativo el 18 de mayo último.

En el documento, la trabajadora afectada alertó que ha sufrido “maltrato moral y psicológico” de parte de Tello y que, a raíz de ello, su “salud se encuentra seriamente afectada”, al punto que el médico le brindó una serie de “descansos”.

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También señaló que el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que “son actos de hostilidad equiparables al despido” arbitrario la reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría y los actos de discriminación por razón de sexo, o de cualquier otra índole, en su caso su estado de gestación.

La hoy auxiliar de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Parlamento le pidió a Polino Valverde intervenir y “resarcir esta afectación” a su salud y a la de su bebé en camino.

“[Pido] que se evalúe el caso y se me permita seguir laborando en un ambiente que reúna las condiciones que toda mujer y madre gestante espera de su centro de labores”, acotó.

Una semana antes de remitir su denuncia a RR.HH., la trabajadora le solicitó a Tello, en otra carta, detener la hostilización en su contra.

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En el programa “Punto Final”, la funcionaria contó que el parlamentario cambió su actitud frente a ella, luego de que se negara a la reducción de su sueldo y también a comprar un proyector valorizado en S/4.600 con el dinero de un bono que recibió por parte del Congreso en abril pasado.

“Al mismo congresista le dije: ‘Esto es broma, ¿no?’. ‘No’, me dijo. ‘Pero cómo va a ser una broma ahora que estás con el bono. No tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector’. Entonces yo le dije no. No es que no podía, [es que] no quería. A raíz de eso sentí que él cambió totalmente conmigo”, manifestó.

Sin respuesta

La trabajadora, en comunicación con El Comercio, contó que el 22 de mayo, conversó con la jefa de RR.HH. del Parlamento sobre su situación y que le solicitó que vaya a la oficina de Tello y haga una verificación de sus condiciones. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no ha tenido ninguna respuesta.

“Nada, [no ha pasado] absolutamente nada. El lunes, después de la emisión del reportaje, yo estaba insegura de venir a trabajar, pero tengo que dar la cara. Ellos [los de recursos humanos] no han venido. Y la Comisión de Ética tampoco se ha pronunciado”, subrayó.

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Alejandro Rospigliosi, abogado experto en derecho parlamentario, consideró que el Departamento de RR.HH. del Congreso debió activar un protocolo en atención a la denuncia presentada por la colaboradora de Tello.

“¿Qué es lo que correspondía acá? Hay una práctica que ha hecho el Congreso cuando hay casos que son emblemáticos, el Parlamento saca al trabajador hostigado de su área y lo contrata en otra, se aplica a situaciones excepcionales. Aquí hay un acto de crueldad en contra de una mujer embarazada, a la que se le cuenta las veces que va al baño”, expresó.

Rospigliosi también cuestionó, en diálogo con El Comercio, que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Sunafil, haya demorado en intervenir en el caso. Esto a pesar de la denuncia interpuesta por la asesora ante esta entidad hace un par de semanas.

“Es más, el señor Tello ha publicado una foto abrazado al ministro de Trabajo [Fernando Varela], indirectamente dice que tiene el respaldó del sector, Sunafil pertenece a Trabajo, eso es muy grave. ¿Y dónde está el Ministerio de la Mujer?”, criticó.

La noche del miércoles, Sunafil, a través de un comunicado, informó que ordenó realizar una inspección ante la denuncia de la trabajadora.

El abogado constitucionalista sostuvo que la Mesa Directiva del Parlamento debe solicitar explicaciones a Polino Valverde, a fin de saber por qué no intervino si conocía de la denuncia hace dos semanas. “Hasta le pueden abrir un proceso administrativo disciplinario”, finalizó.

Este Diario intentó comunicarse con Polino, pero no respondió a nuestras llamadas.

Paredes mantiene su silencio

Desde el último lunes, este Diario ha intentado comunicarse con la presidenta del Comisión de Ética del Parlamento, Karol Paredes (Acción Popular), a fin de saber si abrirá o no una investigación de oficio a Tello por la denuncia de recorte de salarios y de hostigamiento. Sin embargo, no ha respondido a nuestras llamadas ni mensajes.

Desde su oficina señalaron que la congresista acciopopulista no dará declaraciones hasta no terminar su semana de representación en la región San Martín, porque “está con una agenda recargada”.

El presidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País), consideró “lamentable” que Tello se sume a la lista de parlamentarios con denuncias por recorte de salarios.

“Pienso que es lamentable que sucedan cosas así con los congresistas. Dentro del Congreso, la Comisión de Ética tiene entre nueve y doce congresistas que están siendo investigados por situaciones semejantes”, manifestó.

Williams Zapata señaló que el procedimiento para sancionar a un parlamentario que reduce el sueldo a un trabajador debe ser “ligero” e invocó a “hacer justicia lo antes posible”.

Agregó que para ello es necesario reformar el reglamento del Congreso.

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Por su parte, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante (Renovación Popular), exhortó, en el noticiero “Al estilo Juliana”, a la Comisión de Ética a realizar un informe “en el menor tiempo posible” sobre la acusación contra el parlamentario del Bloque Magisterial.

Fuentes de El Comercio han indicado que los integrantes de la Mesa Directiva han recibido, cada uno, solicitudes de la trabajadora que denunció a Tello para una reunión, donde pueda exponer su caso. Pero no han dado ninguna respuesta.

La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó ante el Ministerio Público el último lunes una denuncia por el presunto delito de concusión en contra de Tello.

En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, la oficina de Daniel Soria, indica que Tello, como presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Parlamento, habría “obligado” a sus subordinados a “otorgar ilícitamente diversas sumas de dinero bajo la apariencia de aportes voluntarios, condicionados a mantener continuidad como servidores” del referido poder del Estado.

La institución, además, remarca que los “supuestos aportes que habrían tenido diversos fines entre estos el apoyo de carácter personal del congresista a comedores populares con utensilios de cocina”.

Más información

En la actualidad, el Ministerio Público investiga a las congresistas Magaly Ruiz (APP), Rosío Torres (APP), María Acuña Peralta (APP), Heidy Juárez (Podemos Perú), Katy Ugarte (no agrupada), y María Cordero Jon Tay (no agrupada) por el presunto delito de concusión. Esto luego de que sus trabajadores las denunciaran por recorte de salarios.

La Comisión de Ética del Parlamento, además, de estos casos ha abierto pesquisa a José Arriola e Hilda Portero, de Acción Popular, por recortar el sueldo de sus trabajadores para realizar donaciones a nombre de sus despachos.