Al menos 18 colaboradores eficaces admiten actos ilícitos en gestión de Pedro Castillo: ¿qué se sabe sobre sus testimonios?

Con esto, el exconductor televisivo se sumó a la lista de personas que han admitido su participación en actos irregulares ligados a la gestión del exmandatario. Estos casos son investigados por la Fiscalía de la Nación, bajo la dirección de la fiscal Patricia Benavides, para los altos funcionarios con antejuicio; y por el equipo especial de fiscales conta la corrupción en el poder (Eficcop), bajo la coordinación de la fiscal Marita Barreto, para empresarios y funcionarios sin antejuicio.

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Para esto, la figura más común ha sido la del sometimiento a un proceso de colaboración eficaz. Se trata de cuando un investigado admite uno o más hecho ilícitos y da información valiosa sobre otros implicados con el objetivo de recibir una condena menor.

Así, de acuerdo, con fuentes de El Comercio, son al menos 18 colaboradores eficaces los que actualmente trabajan con el Eficcop. Las versiones de al menos ocho de ellos han trascendido mediante las resoluciones judiciales de estos casos, las denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación o a través de investigaciones de este Diario.

La otra figura es la confesión sincera, donde se admiten delitos para también recibir una pena reducida y que, por lo general, no implica ir a prisión. La diferencia, explican abogados penalistas, es que en la colaboración eficaz hay mayor información por dar y mayores beneficios por recibir. Al menos dos investigados se han acogido a este mecanismo.

Las colaboraciones eficaces y las confesiones son herramientas de investigación particularmente valiosas en casos de corrupción y organización criminal. Así, la aparición en febrero del 2022 de una primera colaboradora eficaz para el Ministerio Público en los presuntos actos que ya involucraban al entorno de Pedro Castillo fue clave para el avance del caso de organización criminal por el que hoy Pedro Castillo cumple prisión preventiva.

Se trató de Karelim López. La empresaria era investigada por la fiscal Luz Taquire, de la Fiscalía Conta el Lavado de Activos, cuando decidió someterse a esta figura y declarar sobre la existencia de una red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Allí implicó al entonces presidente Pedro Castillo y a su ministro Juan Silva. También habló de la existencia de congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’ por su supuesta obediencia al mandatario.

Karelim López renunció a la reserva de su identidad como colaboradora. Sus declaraciones sirvieron para que luego se dicte prisión preventiva por el caso Puente Tarata contra los sobrinos de Pedro Castillo, el empresario Zamir Villaverde y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco.

“Sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú) y otras”, fue parte su aquella declaración inicial.

En ese caso, que veía la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, surgió un segundo colaborador, de clave CE-01-2022. Según consta en la resolución con la que un año después se dictaría prisión preventiva para Pedro Castillo y Juan Silva, este colaborador declaró que existían requerimientos o exigencias de parte del titular del MTC para que el funcionario de Provías Alcides Villafuerte realice determinadas acciones relacionadas con las adjudicaciones de obras en esa entidad.

Con los investigados del caso Puente Tarata en prisión preventiva, apareció el colaborador eficaz CE-02-5D2FPCEDCF-2022. Sus declaraciones servirían, por ejemplo, para dar cuenta de que Zamir Villaverde, como presunto lobista de la red en el MTC, se habría encargo de encargado de buscar profesionales “para ser colocados en Provias Descentralizado y adjudicar obras a favor de empresas de provincias que apoyaron la campaña presidencial de Pedro Castillo”.

También declaró sobre beneficios supuestamente obtenidos por Pedro Castillo Terrones, por intermedio de Juan Silva, en relación a actos irregulares en el MTC; y sobre “beneficios económicos y otras ventajas” que habría recibido el expresidente dentro del caso Petro-Perú, otras de las líneas de investigación que lo involucran y por la que cumple prisión preventiva.

Hacia julio del 2022, cuando los casos que involucraban al entorno presidencial pasaron a ser visto por el Eficcop, apareció el colaborador con el código CE-03-2022-EFICCOP. Sus declaraciones sirvieron como evidencia para sustentar que Bruno Pacheco, en su rol de coordinador y gestor de los intereses de la presunta organización criminal liderado por Pedro Castillo, “habría trasmitido la orden” del expresidente “para que se nombre a Hugo Chávez Arévalo en el Directorio de Petroperú”.

También declaró, según informó este Diario, sobre los presuntos ascensos irregulares en la Policía Nacional; sobre la supuesta orden del exmandatario para encubrir y darle financiamiento a Bruno Pacheco para evitar que colabore con las investigaciones en curso del Ministerio Público; y sobre la captación de legisladores. Según dijo, ‘Los Niños’ de Acción Popular eran en realidad doce.

“[El presidente] les ordena a los ministros para que [los parlamentarios] accedan a todo, designando a [su asesor] Auner Vásquez para que maneje los tratos políticos, y que coordine con ministros y viceministros para que acepten el apoyo a los congresistas aliados”, fue una de sus declaraciones.

En tanto, en el caso del Ministerio de Vivienda, el empresario Hugo Espino se acogió a la confesión sincera luego de su detención preliminar. Allí, dio cuenta de depósitos de S/ 90 mil hechos por los cuñados del presidente para que elabore expedientes de obras para que puedan ser ejecutadas por ellos. Su testimonio fue clave para que en agosto del 2022 se dicte prisión preventiva para Yenifer Paredes y para el entonces alcalde de Anguía, Nenil Medina.

“Conversamos con David Paredes Navarro sobre la obra de Chadín y me preguntó cuánto iba a necesitar para que él financie el expediente, a lo cual yo le dije que es S/ 70,000 [...]. El día 26 de octubre de 2021, David Paredes me depositó a mi cuenta personal [...] la suma de S/ 70,000, enviándome una foto del voucher de depósito para lo cual me pidió que acelere con la elaboración del expediente y que pueda ser aprobado lo antes posible, para que él acelere y coordine con Lilia Paredes Navarro el financiamiento”, dijo.

Otro colaborador surgido por entonces, de clave CE-04-2022-EFICCOP, manifestó que Pedro Castillo ordenó en diciembre del 2021 a su subsecretario general, Beder Camacho, desaparecer “todos los registros que los puedan vincular” con el empresario Samir Abudayeh, implicado en el caso Petro-Perú. Para esto, según dijo, se trasladó a la playa La Punta, en el Callao para quemar cuatro cuadernos de ocurrencias y tirar celulares al mar, “comunicando de dichas acciones al Presidente de la República”.

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A fines de este año, el colaborador de código CE-11-2022-EFICCOP dio mayor información sobre la presunta captación de legisladores ligada al caso ‘Los Niños’. Ratificó que el expresidente le pidió al asesor Auner Vásquez que captar a congresistas de Acción Popular y dio cuenta de reuniones con congresistas con ese propósito, una de ellas en Palacio de Gobierno a la que fueron los ‘recomendados’ de los parlamentarios para puesto en el Estado.

Similar es el caso del colaborador eficaz de código CE-12-2022-EFICCOP. Su testimonio sirvió para incluir en la investigación del caso ‘Los Niños’ a más legisladores, del Bloque Magisterial, Perú Libre y Acción Popular (AP), como parte de la organización criminal que lideraría Pedro Castillo.

El delator implicó a diversos congresistas en el presunto delito de tráfico de influencias por haber pedido favores del entonces jefe de Estado, quien habría aceptado las solicitudes a cambio de que voten contra su vacancia. A cambio, de acuerdo con su versión, Pedro Castillo debía colocar a personal de confianza de los parlamentarios en puestos descentralizados en diversas regiones.

Según dijo, Auner Vásquez informó de esto Eder Vitón, quien también fue asesor del gabinete técnico del vacado expresidente. “[Vitón] le preguntó si los currículum vitae que estaban en la mesa de su oficina eran de los recomendados por los congresistas llamados Niños y Auner Vasquez le respondió que sí”, dijo.

Las declaraciones de estos últimos colaborador hoy están incluidas en la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación contra los congresista Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Raúl Doroteo y Jorge Flores. Según el Ministerio Público, sirven para evidenciar que la presunta organización criminal lideraba por Pedro Castillo contaba con un “brazo congresal”.

En dicha denuncia también figura, con ese propósito, parte de lo dicho por el colaborador CE 13-2022, a quien en ese mismo documento y en resoluciones judiciales vinculadas a su caso se identifica como Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda. “Tengo conocimiento y puedo afirmar de la existencia de una organización criminal liderada por el presidente[...] José Pedro Castillo Terrones y conformada por diferentes funcionarios”, se lee en la denuncia.

No es el único tema por el que ha declarado. El Comercio informó en diciembre que Salatiel Marrufo solicitó acogerse a la colaboración poco después de su detención por el caso ‘Gabinete en la sombra’. Así, declaró que Castillo solicitó S/2 millones para evitar que sus sobrinos vayan a prisión por el Caso Puente Tarata y que él le daba S/50.000 mensuales al mandatario para mantenerse en su cargo de jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda.

“En mi oficina junto a Geiner Alvarado acomodamos el dinero en su maletín de cuero y después se fue a Palacio [de Gobierno] el 5 de abril del 2022 y, después de la sesión del Consejo de Ministros, le entregó el dinero al presidente Castillo”, declaró sobre lo primero el exfuncionario, quien esta semana salió de prisión preventiva.

Marrufo también dijo que recibió un total de S/5′500.000 de la empresa de Sada Goray y que, de ese total, se quedó con unos S/200.000 y una cifra igual en efectivo le entregó a Geiner Alvarado. Su versión sobre entregas de dinero de parte de la empresaria se han visto reforzadas con la confesión sincera de Mauricio Fernandini.

Según contó el periodista al Ministerio Público, el chofer de Goray le dejó un encargo en su departamento el 14 de octubre del 2021. Se trataba de “una bolsa mediana con contenido”, que luego entregó a Marrufo. “Quiero mencionar que no abrí la bolsa, pero sí presumí que contenía dinero y estaba siendo entregado a Salatiel Marrufo como parte de pago por la designación de los directores del Fondo Mi Vivienda”, declaró según lo citado por el dominical Punto Final.

También dio cuenta de otra presunta entrega de dinero en diciembre de ese mismo año. “[Observé] que salía de mi casa Salatiel Marrufo cargando un maletín color tabaco, quien se retiró rápidamente. En ese momento presumí que Marrufo llevaba en su maletín dinero que había subido a mi departamento Sada Goray, y que ya ellos habían coordinado antes de llegar a mi domicilio”.

Con todo ello, la defensa de Pedro Castillo mantiene la inocencia del expresidente y ha cuestionado que se tratan de versiones de “aspirantes a colaboradores” que aún no son corroboradas y que no tiene sentencia de colaboración eficaz. Uno de los defensores del exmandatario dijo este lunes a Canal N, por ejemplo, qua la liberación del Salatiel Marrufo no le preocupa. “Al contrario si está dando pruebas para que se aclare, en hora buena”, aseguró.