En la región Junín, cuna y bastión de Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón tiene como objetivo recolectar 500 mil firmas –de las 2,5 millones de adhesiones requeridas por ley– como parte de su campaña al referéndum para una nueva Constitución mediante una asamblea constituyente.
Para cumplir con ese fin antes de enero próximo, está en curso una estrategia que tiene entre sus cabezas a tres dirigentes de Perú Libre. Estos son funcionarios en Junín y registran investigaciones abiertas en el Ministerio Público por corrupción y otros delitos.
Uno de ellos es Bladimir López, de 33 años, secretario general del partido de Cerrón en esa región del centro del país. Desde junio del 2020 es director de la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ), órgano que maneja de forma directa más de S/66 millones de fondos públicos.
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La mañana del miércoles 29 de setiembre último, en pleno horario laboral, López dirigió el lanzamiento oficial en Huancayo (capital de Junín) de la campaña para una nueva Carta Magna. Ahí participaron los legisladores oficialistas Guillermo Bermejo y Silvana Robles.
“Como Junín, tenemos el reto y lo vamos a lograr porque es la cuna de este partido político. […] Haremos esta recolección de firmas en los locales partidarios de nuestras nueve provincias, también en los comités distritales, en cada espacio, en los mercados, las universidades, los centros comerciales”, dijo ese día en la plaza Huamanmarca.
Bladimir López está vinculado al Caso Los Dinámicos del Centro y figura en dos investigaciones iniciadas este año por la fiscalía anticorrupción de Junín, una por el delito de concusión y otra por negociación incompatible, según información a la que accedió El Comercio.
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El nombre de López aparece en la carpeta fiscal que contiene conversaciones de WhatsApp obtenidas en los operativos de allanamiento, detención e incautación a los implicados en la presunta red delictiva.
Sus comunicaciones vía la aplicación con Marina Vásquez, también dirigente de Perú Libre y entonces jefa de Personal de la Dirección Regional de Transportes de Junín (DRTJ), evidencian el modus operandi del partido de Cerrón sobre el presunto uso de recursos públicos con fines políticos.
“Es sobre una lista de personas para que puedan trabajar en el GORE [Gobierno Regional de Junín]. Mejor es tener una reunión con todos para explicarles”, escribió Bladimir López en marzo pasado, en plena campaña electoral.
Marina Vásquez le respondió: “Le dije que si no estaban inscritos en el partido tenían que rellenar su ficha de inscripción; en caso contrario, no firmo”.
De esa manera, los dirigentes de Perú Libre concertaban el direccionamiento de puestos de trabajo a cambio de que los beneficiados se convirtieran en militantes y acataran las directivas del partido a pocas semanas de las elecciones generales del 11 de abril de este año.
López no respondió a este Diario sobre la investigación que se le sigue por el Caso Los Dinámicos del Centro, en el que Vladimir Cerrón está incluido como presunto líder de la supuesta organización criminal y por el cual varios dirigentes de Perú Libre están prófugos.
Consejero investigado
El actual consejero regional Saúl Arcos, de 54 años, dirigente de Perú Libre en la provincia de Chupaca y miembro del comité ejecutivo nacional del partido, también realiza coordinaciones en la campaña para una asamblea constituyente.
“A nivel de comité provincial [del partido], somos unas 12 personas. Hay que sumarle el apoyo de algunos familiares, amigos, militantes, simpatizantes que también quieren formar parte de este trabajo. Es como una brigada voluntaria en la que todos asumen un nivel de responsabilidad. […] En Chupaca debemos ser unos dos mil militantes inscritos, aunque no todos son activos”, dijo Arcos a El Comercio.
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Refirió que a los miembros de su agrupación no se les exige una cuota mínima de firmas recolectadas, pero indicó que la meta provincial es de 20 mil adherentes a favor de la nueva Constitución.
“A veces como autoridades, a nivel personal, damos apoyo [para cubrir algunos gastos como el refrigerio o transporte]. En Chupaca, las distancias no son grandes. El pasaje no cuesta más de S/1 o S/1,50. Nos trasladamos en grupos de unas seis personas. Y la población también nos apoya, invitan el almuerzo”, sostuvo el consejero regional.
Hasta el momento, Saúl Arcos no ha sido incluido en el Caso Los Dinámicos del Centro. No obstante, en los registros del Ministerio Público figuran tres investigaciones abiertas en su contra por la fiscalía anticorrupción de Junín en el 2016, por los delitos de colusión con defraudación patrimonial al Estado, las cuales están en proceso en el sistema de justicia.
Además, su nombre aparece en un informe de la contraloría fechado en el 2019, en el cual junto con otros funcionarios se le encontró responsabilidad en presuntas irregularidades cometidas cuando fue consejero regional entre el 2011 y el 2014, durante la primera gestión de Cerrón como gobernador.
Según el órgano de control, Arcos fue uno de los miembros del Consejo Regional de Junín que modificaron su reglamento interno para incorporar el pago de dietas por inasistencias justificadas, a pesar de que la ley dispone que ese abono es “por sesiones asistidas de manera efectiva”, situación que generó perjuicio económico a la entidad.
Mencionado en chats
En la provincia de Chupaca, el máximo dirigente de Perú Libre es Ciro Samaniego, de 59 años, alcalde del distrito de Áhuac, lugar de nacimiento de Vladimir Cerrón. El burgomaestre es el responsable en la zona de la recolección de firmas para la asamblea constituyente. Esta municipalidad cuenta con un presupuesto de S/4,3 millones.
“Cada comité distrital [en Chupaca] tiene el compromiso de llevar firmas en proporción a la cantidad de población. Para ello se autofinancian, forman sus grupos para salir en días estratégicos porque la mayoría se dedica al negocio, a la chacra. Por eso, las ferias o actividades sociales, así como sábados y domingos son días muy importantes”, declaró Samaniego a El Comercio.
Del mismo modo, negó que en la Municipalidad de Áhuac se presione o condicione a los trabajadores a presentar cuotas de firmas de adherentes a favor de una nueva Carta Magna.
“Las personas no firman fácilmente, tienes que explicarles los pasos, los criterios. Se han vuelto incrédulas. [...] A nivel de la región Junín hay una proyección de llegar a las 500 mil firmas, pues se considera que es donde Perú Libre tiene mayor aceptación en la población”, añadió el alcalde.
El nombre de Samaniego aparece mencionado en uno de los mensajes de WhatsApp del diálogo entre Bladimir López y Marina Vásquez, ambos relacionados a Los Dinámicos del Centro. Samaniego buscaba favorecer con un puesto de trabajo a un recomendado suyo.
“Esto mandó Ciro Samaniego”, escribió Vásquez sobre los datos de una persona enviados por el alcalde para que fuese contratada como “técnico administrativo-caja” en el gobierno regional.
López contestó: “Dile que el plazo ya se cumplió”.
La contraloría halló responsable al burgomaestre de Áhuac por la aprobación irregular del pago de dietas para consejeros regionales de Junín, cargo que cumplió entre el 2015 y el 2018. Asimismo, tiene un proceso en su contra por abuso de autoridad, que se inició en el 2016 en la Segunda Fiscalía Penal de Huancayo y que a la fecha se encuentra vigente.
Modus operandi
El abogado Ginés Barrios, exconsejero regional de Junín, consideró que Perú Libre utiliza recursos del Estado para conseguir las firmas necesarias en su meta de cambiar la Constitución, pues sostiene que es un esquema que sus dirigentes usaron para lograr su inscripción como organización política nacional.
“Es evidente que ellos [Perú Libre] están usando todos los recursos posibles para poder concretar ese plan. Es una actitud recurrente. Cuando decidieron convertirse en partido nacional, todas las sedes descentralizadas del Gobierno Regional de Junín se convirtieron en sus comités ejecutivos partidarios”, afirmó a El Comercio.
Agregó que incluso hubo varias denuncias sobre que “se reclutaban personas condicionándolas por un trabajo, y si es que ya lo tenían, con la renovación de su contrato, para garantizar que cada persona aportara un promedio de 500 a 1.000 firmas”.
Más información
Bladimir López, cabeza de la Dirección Regional de Educación de Junín, participó en el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas en horas de trabajo. Ante la prensa, el funcionario adujo que había gestionado el permiso correspondiente en el organismo que él mismo dirige.
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