Entre el 2019 y el 2022, al menos 74 periodistas y medios de comunicación han sido denunciados o judicialmente procesados tras divulgar información que involucró a políticos, empresarios, organizaciones religiosas, funcionarios y otras personas allegadas al poder.
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De los 60 recursos en contra de trabajadores de prensa, 37 les imputan la comisión de delitos contra el honor en las formas de difamación, injuria o calumnia. De acuerdo con el perfil de los demandantes, la mayoría (34) son civiles, mientras que 26 tienen algún cargo público. Esto, de acuerdo con un seguimiento realizado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
De los recursos analizados, 26 fueron querellas, es decir, notificaciones ante la vía judicial para imputar delitos a los periodistas. Otros 15 fueron denuncias o amenazas de denuncia, mientras que 11 fueron quejas a través de cartas notariales para la rectificación de lo divulgado. En las cifras a las que ECData tuvo acceso, se especifica también que, del total de casos, 31 se concentran en la región Lima y su zona metropolitana. Los 35 restantes se registraron en otras regiones, siendo las más comunes Áncash y Piura, con 7 casos cada una.
En cuatro de los casos, los periodistas fueron sentenciados en primera instancia por difamación o daño moral. Uno de los más recientes fue el de Christopher Acosta, quien en el 2022 fue condenado por la investigación que publicó sobre César Acuña en el libro “Plata como Cancha”. En enero de ese año, Acosta y el editor Jerónimo Pimentel fueron condenados a dos años de prisión suspendida y requeridos de pagar S/ 400 mil en reparaciones civiles bajo el supuesto delito de difamación. No obstante, en junio, el ahora gobernador de La Libertad retiró la demanda.
Herramientas para silenciar
En diálogo con El Comercio, la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, explicó que las acciones legales emprendidas por personas poderosas contra periodistas tienen siempre como objetivo ulterior el amedrentamiento y la no rendición de cuentas.
“La clase política y parte de los sectores empresariales o de poder son los que llevan generalmente a los periodistas ante los juzgados, y lo que tienen es una vía legal para amedrentar a la prensa. Esto impacta en términos de energía, de tiempo y de recursos económicos en los periodistas; mucho más en aquellos en regiones, quienes muchas veces autogestionan su trabajo”, dijo Lainez.
El abogado experto en libertades informativas, Roberto Pereira, señaló a este Diario que existen suficientes mecanismos para la rectificación de información que se considere inexacta o falsa. Sin embargo, advirtió que se suele elegir indiscriminadamente la acción penal, con lo cual se pone en riesgo el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
“La vía penal siempre produce efectos dañosos para la libertad de expresión, como la autocensura de quienes se dedican a informar. Hay varias razones que confluyen [para saltar los mecanismos hacia la penalización directa]. Hay mucha intolerancia de los políticos o de gente con poder hacia la labor de la prensa, y eso los impulsa a tomar acciones legales. También hay poco sentido democrático, pues no se reconoce que la dinámica de un personaje público es estar expuesto a la crítica, al debate o a la fiscalización por parte de la prensa”, expresó.
Pereira agregó que la cantidad de demandas admitidas demuestra también la baja rigurosidad del Sistema de Justicia para abrir procesos ante denuncias por delitos contra el honor. Recordó que en el Código Procesal Penal se establece que los jueces están obligados a realizar una calificación cuidadosa para iniciar o no procesos de este tipo. Esto, porque una potencial sanción contra el ejercicio de la libertad de expresión genera jurisprudencia y criterios que pueden ser lesivos, provocando la autorestricción o la autocensura.
Un proyecto lesivo
A inicios de mes, el pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen del Proyecto de Ley Nº 2862, que pretende modificar el artículo 132 del Código Penal para aumentar a cuatro años de prisión la pena por el delito de difamación. Además, se busca que el artículo 131, referido al delito de calumnia, prevea también la imposición de una reparación civil. En la actualidad, la pena máxima por difamación es de tres años, mientras que la calumnia se sanciona únicamente con multa.
La abogada y docente PUCP, Betzabé Marciani, indicó que “la tendencia debiera ser que se despenalicen este tipo de supuestos [de difamación y calumnia] y que se prevean sanciones para proteger el honor, pero a nivel civil. No lo otro [la penalización] porque funciona como una espada de Damocles, una amenaza que se cierne en general sobre la prensa. Entonces, es un desincentivo [para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa], más aún por la forma en la que los jueces pueden aplicar el criterio de veracidad, asumiendo que la información no puede incurrir en errores y no reconociendo un estándar de diligencia para la veracidad”, explicó Marciani Burgos.
Con respecto al proyecto de ley, el abogado Roberto Pereira advirtió que la eventual aprobación del Congreso no solo supone el incremento de pena para esos delitos, sino también un incremento en el plazo de su prescripción. Para la difamación, por ejemplo, la prescripción se haría efectiva a los seis años, con lo cual se podría procesar u hostigar judicialmente a una persona durante todo ese tiempo.
Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, cuestionó que la iniciativa –bautizada como ‘Ley Mordaza’– busque “robustecer el instrumento legal y legitimarlo para disuadir a periodistas de continuar investigando”. “En este país el derecho al honor ya está protegido. Hay derecho de rectificación, hay códigos y tribunales de ética, espacios de regulación desde la Sociedad de Radio y Televisión y el Consejo de la Prensa Peruana. No hay necesidad técnica para un proyecto de esta naturaleza”, indicó.
El último viernes, a través de un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la iniciativa y la calificó como “un serio retroceso para la libertad de prensa, el libre ejercicio del periodismo y el derecho del público a la información”. El presidente de la SIP, Michael Greenspon, sostuvo que el proyecto “contradice la jurisprudencia interamericana, la que pide que las demandas en contra de los periodistas sean atendidas en el foro civil, no en el penal”.
Investigados y procesados por divulgar reportajes sobre el Sodalicio
"Espero que, en mi caso, la Fiscalía sea un aliado y frene las campañas de desinformación"
“El Universo de la mentira”, por Paola Ugaz
“El Universo de la mentira”, por Paola Ugaz
Imaginen que un día amanecen con la noticia de que son acusados de comercializar uranio y plutonio con un grupo terrorista en medio oriente. La misión del equipo –además de comercializar uranio y plutonio– es sacar a la mala a un grupo religioso de Piura, porque se le percibe como un rival del prometedor negocio.
Imaginen que otro día amanecen con la noticia de que son jefes de una red de lavado de activos, que recogieron dinero en un país del que solo conocen el aeropuerto, que guardaron el dinero durante años bajo el colchón y que luego lo repartieron entre personas desconocidas. La única prueba que presentan son chats de WhatsApp, pero escritos en Microsoft Word.
Imaginen algo peor: que el Poder Judicial y la Fiscalía de su país los procesan en base a estas mentiras. Desde 2018, estoy en la mira de un ecosistema que me ataca por mi labor como periodista de investigación y que usa al Poder Judicial y la Fiscalía como látigos contra la prensa libre. Y lo que es más grave aún: ambas instituciones procesan a cualquier acusado de una falsedad porque carecen de mecanismos para filtrar la veracidad de las denuncias con sustento.
Seguiré con más y mejor periodismo, pero espero que, en mi caso, la Fiscalía sea un aliado y frene las campañas de desinformación que se usan para amenazar judicialmente a quienes investigamos organizaciones poderosas como el Sodalicio. La única solución es verificar las denuncias que recibe, para que nadie pueda ensuciar la reputación de las personas en nombre de la ley.
"Como no tengo de qué rectificarme, los abogados del Sodalicio mantendrán abierto el juicio"
“Para la Suprema está prohibido ratificarme”, por Daniel Yovera
Desde la publicación del reportaje “The Sodalitium Scandal” (diciembre, 2016), los abogados del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) buscan silenciarme y condenarme. Es un documental muy revelador. Y aprovechando que, en julio 2018 compartí la investigación con un link, postularon la tesis del “delito continuado”. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema acogió esa pretensión y les dio la razón.
Ahora resulta que está prohibido linkear algo ya existente, publicado por la cadena Al Jazeera –no por mí– y, aquí lo inaudito, resulta que está prohibido ratificarme. Y, como no tengo de qué rectificarme sino ratificarme en mi investigación, los abogados del Sodalicio de Vida Cristiana mantendrán abierto el juicio el tiempo que quieran. Ese es el peligro.