El procurador general del Estado, Daniel Soria, anunció que evalúa las acciones que tomará frente a la decisión de la Fiscalía de la Nación de suspender hasta el término del mandato de Pedro Castillo la investigación preliminar abierta por los casos de Provías, Petro-Perú y los ascensos en las Fuerzas Armadas.
El procurador afirmó que, contrario a lo que la fiscalía alega, la interpretación de su despacho es que, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, sí es posible que el jefe del Estado sea investigado mientras se encuentra en funciones.
“Son interpretaciones constitucionales. Estamos evaluando qué caminos adicionales transitar. Por ejemplo, por tratarse de un conflicto de interpretaciones constitucionales, un llamado a solucionar este conflicto es un juez constitucional”, expuso.
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También consideró una vía posible la propuesta de la Defensoría del Pueblo de plantear una solicitud de reconsideración ante la Fiscalía de la Nación.
Soria se presentó ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde informó, en una sesión reservada, las acciones de su institución frente a las reuniones aún no esclarecidas del presidente Castillo en el pasaje Sarratea, en Breña.
El funcionario aseveró ante la prensa que, tras la negativa de Palacio de Gobierno para brindar la lista de las reuniones, esta pueda ser reconstruida a través de una investigación fiscal.
“Si luego de los pedidos de la fiscalía no hay respuesta, se afirma que no hay lista, la investigación fiscal tiene que tratar de reconstruir el tema de las visitas a través de otros elementos”, indicó.
Actos particulares
El Comercio accedió a un nuevo documento de Palacio de Gobierno en el que se menciona que “es legal y materialmente imposible” brindar la lista de las reuniones que tuvo Castillo en la casa de Breña.
El documento fue remitido el pasado 15 de diciembre del 2021 en respuesta a un requerimiento de la parlamentaria Norma Yarrow.
En el oficio, el secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, aseguró que las reuniones de Castillo en Sarratea fueron consideradas no oficiales, por lo que fueron excluidas de su agenda oficial.
“Las actividades realizadas por el señor presidente de la República en el domicilio del pasaje Sarratea no fueron consideradas actos oficiales o actos de gestión, sino actos particulares, motivo por el cual quedaron fueron de los alcances de la Ley 28024 y su reglamento y, en tal sentido, no fueron incluidas en la agenda oficial administrada por la Secretaría General del Despacho Presidencial”, detalla el texto.
Anteriormente, el Ejecutivo había señalado que era la Casa Militar de Palacio la encargada de la seguridad externa del mandatario y que la oficina del Despacho Presidencial no llevaba ese registro. Luego, a la Procuraduría General del Estado se le indicó que la División de Seguridad de la Policía Nacional asignada a Castillo tampoco llevaba ese registro.
Todo esto pese a que en diversas oportunidades la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, afirmó que se transparentaría esa información. En una oportunidad inclusive dijo que el presidente ya había enviado la lista a la procuraduría.
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Rpp Soria
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