Congreso aprueba acusar y suspender del cargo a Betssy Chávez

El pleno del Congreso debatió este miércoles el informe final de la denuncia constitucional en contra de los exministros Betssy Chávez (PCM), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Willy Huerta (Interior) por lo ocurrido el pasado 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo anunció un golpe de Estado en el Perú.

Con 66 votos a favor, el pleno aprobó acusar constitucionalmente Chávez, exprimera ministra.

Además, el pleno aprobó suspender del cargo a la exministra del gobierno de Castillo. Mientras que, en el caso de Roberto Sánchez, esta propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no alcanzó los votos necesarios. Sin embargo, tanto el extitular de Comercio Exterior como Huerta, serán acusados constitucionalmente pues sí se reunieron las adhesiones requeridas.

La denuncia, formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señala a los exintegrantes del Gabinete de ministros de Castillo como presuntos coautores de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión, en agravio del Estado. Alternativamente, la modalidad conspiración.

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En el caso de Chávez, sus suspensión como congresistas será mientras dure el proceso de investigación, con la posibilidad de ser reincorporada en caso sea absuelta.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el artículo 89 precisa que mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de altos funcionarios -comprendidos en el artículo 99 de la Constitución-. Se detalla que “el informe final puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia, y debe ser remitida a la Comisión Permanente”.

En caso el informe que propone la acusación sea aprobado, la Comisión Permanente nombrará una Subcomisión Acusadora integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propuestos por el presidente al momento de presentar el informe final, para que sustente el informe y formule acusación en su nombre ante el pleno del Congreso.

Durante su defensa, Betssy Chávez dijo que se allanará al proceso en curso al mismo tiempo que volvió a respaldar la idea de convocar un nuevo pacto social en el país. Además, aseguró que no se fugará del país y que se adecúa al impedimento de salida del país.

En otro momento, Chávez dirigió sus ataques hacia la fiscalía. “Más temprano que tarde se logrará un nuevo pacto social. [...] Desde el día uno me he sometido a la investigación del Ministerio Público y he respetado incluso sus arbitrariedades”, deslizó.

En tanto, el exministro Willy Huerta dijo que no ha sido escuchada la posición que ha mantenido. “He manifestado siempre la verdad. [...] debo destacar que desde el inicio de mi gestión se me calificó como un obstruccionista”, comentó en su defensa.

También, rechazó que haya existido una orden para impedir el ingreso de los congresistas a la sede del Parlamento. “Es falso, nunca ordené nada”, agregó. Esto debido a que, durante la exposición, se dio a conocer el testimonio de la congresista Adriana Tudela (Avanza País). De acuerdo con su manifestación, el pasado 7 de diciembre fue impedida de ingresar al Congreso. Según Huerta, se siente defraudado por el expresidente Castillo y siempre respetó los principios.

De otro lado, Roberto Sánchez negó los presuntos delitos que se le imputan. “La acusación sostiene que tuve reuniones en noviembre y diciembre, que no he sabido sustentar. Si uno revisa el portal de Transparencia, está el total de reuniones”, explicó.

Asimismo, reiteró que es ajeno a cualquier responsabilidad que tenga que ver con las decisiones tomadas el 7 de diciembre del 2022, destacó que apenas ocurrió el quiebre constitucional renunció al cargo y que no tenía conocimiento sobre lo que ocurrió aquel día. “Que los responsables digan la verdad al país”, señaló el exministro Sánchez.

El congresista Alejandro Soto (APP) consideró durante el debate que no se podía blindar a los funcionarios públicos. “Si claman inocencia, que permitan que el Congreso les allane el camino”, agregó y consideró que se debía apoyar la propuesta de suspensión de los congresistas.

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) apuntó a que los tres ministros comprendidos en la acusación constitucional “conspiraron y se rebelaron contra el Estado de Derecho”. Desde la bancada de Cambio Democrático-JP, la congresista Sigrid Bazán respaldó a Sánchez al indicar que “no hay prueba ni testimonio que confirme que Roberto Sánchez participó” en los hechos del 7 de diciembre.

Mientras que desde Fuerza Popular la congresista Patricia Juárez comentó que “este caso no incluye cuestionamientos por infracciones constitucionales. Solo delitos. La consecuencia de aprobar las acusaciones significa que pueden ser procesados penalmente. Por ello se requiere y en los tres casos se ha obtenido sospecha”. Sin embargo, consideró que, a diferencia de Chávez, Roberto Sánchez podía continuar con su labora legislativa y no ser suspendido del cargo.