La Audiencia Nacional retomará el 22 de diciembre, la vista de extradición al Perú del exjuez de la Corte Suprema, César Hinostroza, que le reclama por presuntamente sobornar a una funcionaria para fugar cuando estaba siendo investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
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Según reportó Agencias EFE, la sección primera de la Sala de lo Penal acogerá este miércoles la vista en la que la fiscalía apoyará la entrega de Hinostroza Pariachi a Perú por un posible delito de cohecho.
Como se recuerda, sobre el exjuez pesa ya una primera entrega, acordada por la Audiencia Nacional y por el Gobierno, por el caso conocido como Los Cuellos Blancos del Puerto, donde se le imputa haber encabezado una red ilegal de favores de la que habrían participado políticos y empresarios, además de favorecer el nombramiento de jueces y trabajadores de la justicia.
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En esta oportunidad, la vista se centrará en los hechos recogidos en el escrito presentado el año pasado por Perú solicitando una ampliación de la extradición.
Hinostroza está solicitado por presuntamente entregar 10.000 dólares a una funcionaria encargada del control de migraciones de Tumbes y así impedir supuestamente que se activase la alarma de prohibición de salida del país que pesaba sobre él cuando estaba investigado por el citado caso.
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Estos hechos podrían constituir un delito de cohecho penado de dos a cuatro años de cárcel, según indica la fiscalía en el escrito donde apoya la entrega de César Hinostroza al estimar que se cumplen los requisitos formales para ello.
En abril pasado, la sala acordó suspender la vista hasta que se resuelva su demanda de asilo y entonces Hinostroza Pariachi aprovechó para dejar constancia de su negativa a ser extraditado al considerar que existía una persecución política contra él y porque sufrió amenazas de muerte.
En su petición de asilo se declaraba víctima de una “trama” encabezada por el entonces presidente de la República de Perú, Martín Vizcarra, que tenía como fin imputar delitos inexistentes contra él por su presunta afinidad con el partido Fuerza Popular (liderado por Keiko Fujimori), “todo ello fundamentado en prueba obtenida ilícitamente”.
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Sin embargo, al responder a su recurso contra la denegación de asilo dictada por el Ministerio del Interior, la Audiencia concluyó que “ni los hechos relatados, ni el acervo probatorio aportado, han conseguido formar la convicción judicial” de que esté siendo objeto de “persecución política o que exista un móvil político oculto tras la iniciación de causas penales”. EFE
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