La Comisión Permanente del Congreso aprobó este jueves otorgar un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y emita un informe final sobre cinco denuncias constitucionales que fueron declaradas procedentes.
Entre los casos figura la Denuncia Constitucional 586, interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra el expresidente Pedro Castillo Terrones.
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La acusación se sustenta en la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, según el artículo 399 del Código Penal. La propuesta fue aprobada con 18 votos a favor y 8 en contra.
También se otorgó el mismo plazo para cuatro denuncias más que fueron declaradas procedentes en un extremo, mientras que en el otro fueron archivadas por considerarse improcedentes.
Una de ellas es la Denuncia Constitucional 556 contra el exministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, por presunta infracción a los artículos 38 y 126 de la Constitución y el delito de negociación incompatible. Esta medida fue respaldada por 22 votos a favor y 2 abstenciones.
Otro caso aprobado fue la Denuncia Constitucional 472, promovida por varios congresistas, entre ellos Patricia Chirinos y Edgar Tello, contra el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por presunta infracción de seis artículos constitucionales y el presunto delito de prevaricato. La votación obtuvo 21 votos a favor y 3 en contra.
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Asimismo, con 22 votos a favor y 4 en contra, se otorgó el plazo de 15 días para investigar a los fiscales supremos Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena, tras la Denuncia Constitucional 607 interpuesta por congresistas de Renovación Popular por supuestas infracciones constitucionales y el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
Finalmente, por 24 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, se aprobó investigar la Denuncia Constitucional 574 contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, acusado de infringir la Constitución y de delitos como obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y cohecho, entre otros.
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