Betssy Chávez: acusación constitucional por golpe de Estado en manos del pleno

Tras una exposición y debate de casi cinco horas, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, por mayoría, acusar constitucionalmente a la ex jefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez y a los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Esto por su supuesta participación en el golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado.

También respaldaron que Chávez Chino y Sánchez sean suspendidos de su cargo de congresistas.

Solamente, los parlamentarios de izquierda Jaime Quito (Perú Libre) y Hamlet Echeverría (Perú Democrático) votaron en contra de la denuncia contra la ex primera ministra, mientras que José Balcázar (Perú Bicentenario) lo hizo en abstención. [ver imagen].

Fuentes del Congreso indicaron a El Comercio que el miércoles 22 de marzo, una vez concluida la semana de representación, el pleno abordaría la acusación constitucional contra los tres exministros. En la sesión de este miércoles del Consejo Directivo se aprobaría esta medida.

Treinta minutos antes de que inicie la polémica en la Comisión Permanente, Chávez Chino, a través de sus abogados, envió una carta al presidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País), allanándose “a la pretensión” del Ministerio Público para que se le levante el antejuicio, a fin de que pueda ser llevada a proceso por la ruptura del orden democrático.

En ese sentido, solicitó que se apruebe la denuncia constitucional en su contra para que pueda “acreditar mi absoluta inocencia”.

Al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, afirmó que se respetó el derecho a la defensa de Chávez Chino, Huerta y Sánchez, al recordar que se les notificó a tiempo sobre la denuncia formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y se escuchó sus descargos.

Después de ello, el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) tomó la palabra por poco más de una hora, tiempo que utilizó para realizar un resumen de su informe final. Afirmó que han podido determinar que, tras el mensaje a la Nación de Castillo Terrones, sí se realizaron acciones y se dieron órdenes para concretar la disolución ilegal del Parlamento.

Puso como ejemplo de ello el testimonio de la portavoz de Avanza País, Adriana Tudela, quien contó que el 7 de diciembre un escuadrón de la Policía no le permitió el acceso al Congreso por la puerta principal. Añadió que luego de unos minutos logró ingresar, pero por la parte de atrás del Palacio Legislativo.

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Soto valoró, además, la declaración ofrecida por la periodista de TV Perú Noticias Cintya Malpartida Guarniz. La reportera, que accedió a la Casa de Gobierno para transmitir el discurso de Castillo, dijo que Chávez Chino le explicó los pasos que adoptaría el gobierno tras haber ordenado el cierre del Parlamento y la intervención del sistema de justicia.

“[Me dice] que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto ‘¿cuándo?’, y ella me dice ‘ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo’…”, relató.

El congresista acciopopulista también detalló el rol que jugaron Huerta y Sánchez ese día. El primero, incluso, obedeció órdenes del exmandatario, cuando ya representaba a un gobierno usurpador.

A su turno, Erwin Siccha Pérez, abogado de Chávez, precisó que el allanamiento de su clienta a la solicitud de la Fiscalía de la Nación, no implica que ella acepte los hechos que se le imputan.

Agregó que no existe testimonio ni prueba “que acredite” que la ex primera ministra haya redactado, junto con Castillo Terrones, el discurso que leyó el 7 de diciembre de 2022.

Siccha Pérez recordó que el expresidente declaró en un medio de comunicación internacional, desde el penal de Barbadillo, que sus ministros no tenían conocimiento sobre el golpe de Estado.

El letrado, además, consideró que los videos que fueron difundidos por “Panorama”, donde se observa el rol coordinador que tuvo Chávez el día de la ruptura del orden democrático, “no revelan nada nuevo” a la declaración que su patrocinada ya había ofrecido ante el Ministerio Público.

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No obstante, el exministro del Interior Huerta responsabilizó a Chávez Chino y al también ex primer ministro Aníbal Torres de ser presuntos cómplices de Castillo en la planificación y ejecución del golpe de Estado.

“Yo no creo que la señorita Betssy Chávez y Aníbal Torres no hayan sabido [sobre] el mensaje [a la Nación] que iba a dar el señor Castillo, yo no creo. Y lo digo porque ella es la ex primera ministra y el señor Torres también lo fue y era asesor [del expresidente] en ese momento”

Willy Huerta, exministro del Interior

Huerta, además, dijo que ni Chávez ni Torres “merecen mi lealtad y respeto”, porque ambos no advirtieron al resto de los integrantes del Gabinete Ministerial sobre las intenciones dictatoriales del profesor.

El exministro del Interior refirió que él no escuchó la conversación que tuvo el exmandatario con el comandante general de la Policía, a quien ordenó concretar el cierre del Congreso y la detención de la fiscal de la Nación.

Añadió que si accedió a cumplir la orden de Castillo de resguardar la casa de sus padres, y las viviendas de Chávez y Torres fue por “acto de humanidad”.

Por su parte, Roberto Sánchez, quien también es congresista de Juntos por el Perú, indicó que solo uno de 16 testimonios lo implica en la trama del golpe de Estado.

El ex titular de Comercio Exterior y Turismo presentó un audio, donde Huerta le ofreció disculpas y se desdijo de la declaración en la que señaló que su colega le dijo a Castillo “por el país”, como respaldo a la ruptura del orden constitucional.

El abogado constitucionalista Domingo García Belaunde, quien ejerció la defensa de Sánchez en el hemiciclo del Congreso, sostuvo que un delito debe calzar con el hecho. Añadió que, en el caso del exministro de Comercio Exterior y Turismo, la imputación sobre su participación en la ejecución del golpe de Estado “es un trascendido y no hay más”.

La Comisión Permanente aprobó la denuncia contra Sánchez con 23 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

En contra votaron los congresistas de izquierda Edgard Reymundo (Juntos por el Perú), Álex Paredes (Bloque Magisterial), Quito (Perú Libre), y Echeverría (Perú Democrático), mientras que en abstención lo hicieron Elvis Vergara (Acción Popular) y Balcázar (Perú Bicentenario).

La Comisión Permanente, además, designó a los congresistas Camones y Soto como integrante de la subcomisión acusadora ante el pleno.

De acuerdo al artículo 89 del reglamento del Congreso, para aprobar una acusación constitucional por presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones, se “requiere de la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin la participación” de los integrantes de la Comisión Permanente.

“El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación”, agrega.

En la actualidad, son 32 los congresistas que pertenecen a la Comisión Permanente. Es decir, quedan 98 habilitados para votar si la denuncia llega al pleno. Con 50 votos se aprobaría en esta instancia.

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El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado explicó que el presunto delito de rebelión se castiga con una pena no menor de 10 años ni mayor de 20 años, mientras el de conspiración es la mitad de la sanción máxima del primero. Es decir, 10 años.