César Hinostroza reaparece desde la clandestinidad para defenderse ante la subcomisión del Congreso

El destituido juez supremo César Hinostroza reapareció desde la clandestinidad este viernes 22 de setiembre para defenderse ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que abordó una de las denuncias en su contra.

Se trata de la denuncia presentada por la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos contra el exmagistrado por los delitos de cohecho activo específico, contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado; y de patrocinio ilegal.

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En su primera intervención, el exmagistrado consideró “un honor” dirigirse al Parlamento y dijo que ejercería personalmente su defensa debido a que su abogado se encontraba en otra diligencia.

Hinostroza Pariachi, pieza clave del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, intentó archivar una de las investigaciones seguidas en su contra apelando a la llamada ‘Ley Impunidad’ (Ley 31751, aprobada en mayo de este año por el actual Congreso que modifica los plazos de prescripción de algunos delitos).

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Desde la clandestinidad, dada su fuga del país en octubre del 2018, el ex magistrado presentó un recurso ante el PJ para que se declare la prescripción de la investigación en su contra por el delito de patrocinio ilegal, sancionable con un máximo de dos años de pena.

Esto se relaciona con presuntas irregularidades en torno a la designación del abogado Michael Fernández como juez de paz en la Corte Superior de Justicia del Callao. Se trata de uno de los casos por los que el Perú busca extraditar al exmagistrado.

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Sin embargo, el Poder Judicial rechazó -en primera instancia- su solicitud, de acuerdo con una resolución a la que tuvo acceso El Comercio.

En abril de este año, antes de la publicación de la Ley 3151, el Ministerio Público varió el delito atribuido al investigado: pasó de patrocinio ilegal a cohecho activo específico, sancionable hasta con ocho años de prisión y con mayor plazo de prescripción. Esto se debió a que consideraron que el Congreso no había calificado correctamente los delitos.

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En su recurso para archivar el caso, César Hinostroza argumentó que con la Ley 31751, el proceso por patrocinio ilegal había prescrito en enero del 2022. Por lo tanto, solicitó al juez supremo Juan Carlos Checkley que declare la prescripción del caso y disponga su archivo.