Congreso: anuncios y omisiones de Eduardo Salhuana ante la denuncia de una presunta red de prostitución

Mientras la Fiscalía de Trata de Personas recogía información en el Congreso sobre una presunta red de prostitución que habría operado allí, el presidente de ese poder del Estado, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), anunciaba nuevas acciones internas relacionadas con el caso, al tiempo que confirmaba su viaje programado a China para hoy (viernes 3).

Salhuana informó que la Mesa Directiva del Parlamento evaluará la permanencia o destitución del oficial Mayor, Giovanni Forno; el director general de Administración, Carlos Pais; la jefe del área de Recursos Humanos, Haidy Figueroa; y otros altos mandos administrativos. No obstante, no precisó cuándo tomarán la decisión. Se sabe que permanecerá en el país asiático al menos hasta el 10 de enero.

Salhuana tampoco aclaró quién recomendó la contratación de Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso en agosto del 2023. Torres es investigado por la Fiscalía de Trata de Personas por presuntamente liderar una red de prostitución en el Parlamento, un caso que involucra el asesinato de la exfuncionaria parlamentaria Andrea Vidal a manos de sicarios.

“Desconozco quién recomendó o entregó su currículum. Cuando asumimos, el señor ya se encontraba trabajando en el área constitucional”, dijo.

Torres es cercano a miembros de la cúpula del partido de Salhuana, Alianza para el Progreso. Sus relaciones con altos mandos de esa agrupación lo llevaron hasta la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, que dirigió hasta que fue retirado el 13 de diciembre pasado.

El titular del Parlamento pidió que el caso “se maneje con serenidad, con ponderación, con mucha objetividad”, y aseguró que el Congreso está otorgando “todas las facilidades al Ministerio Público y a la Comisión de Fiscalización”.

Previamente, la bancada de Acción Popular pidió - mediante un pronunciamiento público - que se retire la confianza a los jefes de las áreas de administración y se realice una auditoría.

En tanto, congresistas de las bancadas de Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia, Bloque Democrático Popular y Bancada Socialista solicitaron el cese inmediato del oficial Mayor por “falta de transparencia para la designación de profesionales que van a ocupar cargos de jefatura dentro del Parlamento”.

Además, requirieron —mediante un oficio— la conformación de una comisión investigadora multipartidaria “que garantice transparencia, imparcialidad y objetividad en la investigación”, y que se deje sin efecto la comisión ad hoc creada para investigar el caso a nivel administrativo.

Sin embargo, Salhuana defendió la creación del equipo ad hoc conformado por tres funcionarias del servicio parlamentario, subalternas a la Mesa Directiva. Precisó que esa comisión tiene un plazo de 45 días para presentar un informe final.

El titular del Congreso anunció la reorganización de la Dirección General de Administración, la modificación del reglamento y las directivas sobre contrataciones, así como una revisión de las hojas de vida del personal parlamentario para detectar posibles irregularidades.

Esa labor —precisó— la realizará la Mesa Directiva junto con los sindicatos de trabajadores parlamentarios.

La Unidad de Investigación de El Comercio reveló recientemente que, desde que Torres Saravia fue designado jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, la cantidad de personal manejado por esa área aumentó y, en consecuencia, el gasto en remuneraciones. En total, se destinaron S/4′658.239 para el pago de la planilla entre setiembre del 2023 y noviembre pasado.

Salhuana también anunció el jueves pasado la designación del abogado Ángel Delgado Silva como jefe de la Oficina Legal y Constitucional.

Delgado se encuentra afiliado al partido Avanza País; no obstante, fuentes de esa agrupación política señalaron que no ha recibido autorización para asumir el cargo.

Delgado precisó que su designación es temporal. “Estoy recibiendo un encargo temporal para que durante un tiempo podamos llevar a cabo una reestructuración y ponerla al servicio del Congreso y del país. Vamos a evaluar al personal, a tener en cuenta la idoneida profesional, la honestidad, la trayectoria”, señaló al equipo de comunicaciones del Parlamento.

Además, Salhuana justificó su visita oficial a China del 5 al 10 de enero. Precisó que liderará una comitiva integrada por los legisladores José Williams (Avanza País), expresidente del Parlamento; Luis Cordero Jon Tay (Somos Perú), presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú - China; y Lady Camones (Alianza para el Progreso). También viajarán asesores parlamentarios.

En China sostendrán reuniones oficiales en las ciudades de Shanghái y Shenzhen, empezando por una cita en la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China. También visitarán puertos y una fábrica de autos eléctricos. “Estamos yendo con una agenda importante”, justificó el titular del Parlamento.

Agregó que la invitación a ese país la recibieron durante el evento “Apec Ciudadano - Legislativo”, realizado en el Congreso en noviembre pasado. Y aseguró que la visita les permitirá gestionar apoyo para el observatorio parlamentario en temas de legislación comparada, en materia de comercio internacional, puertos, sistema de trenes y conectividad.

Mientras Salhuana se dirigía a la prensa en conferencia, integrantes de la Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro ingresaron a distintas oficinas del Congreso junto con efectivos de la Policía Nacional.

El propio Salhuana lo confirmó durante la conferencia: “Efectivamente, están aquí haciendo diligencias, lo que acredita que en el Congreso no se esconde nada, no se obstruye. Están siendo acompañados por funcionarios”, dijo.

La diligencia fiscal buscó recabar el registro de las cámaras de seguridad del Parlamento, así como documentos de la Oficina de Seguridad y del Departamento de Recursos Humanos. Esto como parte de la investigación contra Torres por el presunto delito de explotación sexual.

Los representantes del Ministerio Público ingresaron al Palacio Legislativo y a otro edificio del Congreso ubicado en el jirón Huallaga (Cercado de Lima).

Recientemente, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos (Podemos Perú), solicitó las grabaciones de los pisos 6 y 7 del Edificio del Complejo Legislativo, desde el 1 de julio al 31 de agosto pasado. No obstante, Oficialía Mayor le informó que no podían atender el pedido porque solo guardan las grabaciones de los últimos 25 días.

La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático) consideró que las acciones anunciadas por Salhuana son intrascendentes. “En mi opinión, el presidente del Congreso pretende minimizar el tema, reduciéndolo a un aspecto meramente administrativo, cuando lo que se exige frente a una denuncia de este tipo es que se asuman responsabilidades políticas”, dijo a El Comercio.

Luque consideró que se debe crear una comisión investigadora autónoma a la Mesa Directiva.

Además, calificó de inoportuno el viaje a China, y añadió: “No le veo sentido a una delegación tan amplia y en temas, además, que son de competencia del Ejecutivo. Pareciera que el Congreso también quiere conducir las relaciones internacionales”.

En tanto, el legislador Carlos Anderson (no agrupado) opinó que el caso amerita la renuncia de los integrantes de la Mesa Directiva. “La mesa en pleno debió renunciar y una nueva debería asumir la responsabilidad de encontrar la verdad en torno al affair ‘sexo por votos’ caiga quien caiga”, dijo.

Además, consideró ingenuo pensar que se hará una real reestructuración de la Dirección General de Administración del Congreso.

“Como siempre la pita se rompe por el lado más débil. Aquí hay responsabilidades de carácter político que el presidente del Congreso debió asumir desde el primer día. Dada la verticalidad de los partidos representados en la mesa directiva es ingenuo pensar que ellos mismos van a fiscalizar y reestructurar una DGA que está superpoblada de sus propios partidarios”, señaló en diálogo con El Comercio.

Sobre el viaje de Salhuana a China, opinó que “es una muestra más de la inmensa frivolidad de políticos incapaces de reconocer las consecuencias de sus actos ya sea por acciones u omisiones”.

El legislador Luis Aragón (Acción Popular) señaló que el Congreso “enfrenta un escándalo inaceptable”. Y añadió: “La intervención de la fiscalía es solo el inicio: los responsables deben ser identificados, procesados y expulsados de inmediato. No vamos a permitir que actos tan deplorables manchen la institucionalidad”.

El abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en asuntos parlamentarios, cuestionó que Salhuana no haya señalado quién recomendó a Torres para el cargo, como tampoco lo hizo el oficial mayor durante una sesión de la Comisión de Fiscalización.

“Hay encubrimiento. ¿Cómo es posible que no puedan responder quién propuso el currículum del señor? Esos altos cargos se nombran por acuerdo de la mesa. Esas jefaturas son contadas con los dedos de la mano. Vienen de la mesa, no caen del techo. Hay encubrimiento al no decir quién lo propuso”, señaló.

También criticó que Salhuana decida irse a China en una coyuntura como la actual. Agregó que no se debió considerar en la comitiva a asesoras parlamentarias.

“Son funcionarias de confianza que se pueden retirar de la institución dentro de cinco meses. Debió llevarse a funcionarios del servicio parlamentario a plazo indeterminado, que aprovecharían mejor esos viajes porque son nombrados, no son aves de paso. Eso demuestra la frivolidad de ese viaje”, sentenció.