Congreso: Presentan nueva denuncia constitucional contra Pedro Castillo por el golpe de Estado

Pese a que ya fue denunciado por el mismo delito en enero pasado, el congresista Alejandro Cavero (AvaNZA País) presentó una nueva denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022.

Según el documento, presentado el pasado 20 de marzo, a Castillo Terrones se le acusa de infracción a los artículos 43°, 45°, 117°, 118° y 134° de la Constitución, así como por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

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Asimismo, solicita a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se le imponga la máxima sanción de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por la gravedad de sus actos y en atención a su alta investidura que ostentaba.

Del mismo modo, pide determinar la presunta responsabilidad penal del expresidente por los delitos de rebelión y conspiración tipificados en los artículos 346° y 349° del Código Penal, respectivamente.

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Para ello se plantea remitir al Ministerio Público los actuados, a fin de que realice las acciones penales que pudieran corresponder.

“Al disponer la disolución del Congreso de la República mediante un acto unilateral y arbitrario, el denunciado atentó directamente contra la estructura democrática del país y la separación de poderes, pilares fundamentales del sistema constitucional peruano, lo que constituye no sólo una infracción constitucional, además del delito de rebelión y conspiración”, señaló.

Actualmente, Pedro Castillo cumple prisión preventiva, al igual que Betssy Chávez, mientras afronta un juicio en su contra por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública por el golpe de Estado.

La Fiscalía de la Nación ha pedido 34 años de prisión contra Castillo, así como 25 años de cárcel para los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, actual congresista de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo.

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En el caso de Aníbal Torres, exjefe del Gabinete Ministerial en el gobierno de Pedro Castillo, la fiscalía ha pedido 15 años de prisión efectiva.