La Defensoría del Pueblo anunció, a través de un comunicado, que solicitará información al gobierno de Pedro Castillo sobre las denuncias de una presunta intromisión por parte del Ejecutivo en los ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
“La Defensoría del Pueblo, con base en sus atribuciones constitucionales, solicitará información al Poder Ejecutivo sobre los hechos denunciados”, señaló la institución.
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El comunicado de la Defensoría del Pueblo sucede tras las declaraciones del excomandante general del Ejército José Vizcarra Álvarez, quien denunció que el secretario presidencial, Bruno Pacheco, el ministro de Defensa, Walter Ayala, así como el mandatario Pedro Castillo le solicitaron el ascenso de los coroneles EP Ciro Bocanegra y Carlos Sánchez Cahuancama.
“Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso. A través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados”, manifestó Vizcarra Álvarez a RPP.
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Ante ello, la Defensoría remarcó que si bien el jefe del Estado tiene la atribución de renovar los cuadros de la alta dirección de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sus determinaciones deben ser ceñidas a las normas.
“Conforme a la Constitución, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; en tal condición ostenta la atribución de renovar los cuadros de la alta dirección de ambas instituciones. No obstante, dicha facultad debe ser ejercida conforme a ley, considerando el orden de mérito, y cumpliendo con el deber de motivar sus decisiones”, señaló la institución.
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“Dados los reiterados sucesos que evidencian el deterioro de la función pública, así como el incumplimiento de los requisitos de acceso a la misma, consideramos necesario reiterar que el Congreso de República debería aprobar, a la brevedad posible, el proyecto de Ley que presentamos a fin de garantizar la idoneidad de las personas que sean designadas como ministras y ministros de Estado. En el mismo sentido, correspondería dar trámite urgente a la iniciativa legislativa presentada por la Contraloría General de la Republica que impone requisitos para el ejercicio de altos cargos públicos”, agregó el comunicado.
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