Francke intenta aclarar dichos de Castillo sobre Camisea: ¿Es distinto estatizar que nacionalizar?

El último lunes, al pedir el voto de confianza, la primera ministra Mirtha Vásquez expresó ante el pleno del Congreso que el gobierno da importancia a la inversión privada. Pero ese mismo día, el presidente Pedro Castillo abogó por una ley “sobre la estatización o nacionalización del gas de Camisea”. Un día después, el mandatario publicó un tuit señalando que respetaba la libertad de empresa y que se apostaba por la masificación del recurso.

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Luego, Francke respondió por Twitter: “Nacionalizar el gas de Camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur. No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada. La masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso”.

Un mismo efecto

Los exministros de Economía Alonso Segura y David Tuesta, así como el economista Jorge González Izquierdo, advirtieron a El Comercio que en términos prácticos no hay distingo entre estatizar y nacionalizar, a nivel de las consecuencias y el impacto de tales iniciativas.

“El concepto estatizar es mucho más concreto. Se refiere a la toma por parte del Estado de actividades económicas que venían siendo desarrolladas por privados. Nacionalizar se utiliza como sinónimo, pero ya en la práctica cada quien le va dando su propia interpretación”, indicó Tuesta. En referencia a lo manifestado por Francke, acotó que “a la postre, el concepto nacionalizar se convierte en un concepto conveniente, cómodo de acuerdo a las circunstancias”.

Sin embargo, para el exministro, hay un aspecto clave en las pretensiones del gobierno. “¿Qué garantías existen de que el escenario que vemos hoy de que el marco legal que todavía se sigue defendiendo no vaya a variar más adelante. Eso es lo que hay que ver”, apuntó.

En opinión de Segura, lo que señala Francke como nacionalización tampoco es tal. “Es masificar el gas, relanzar el gasoducto, establecer ramales que lleguen a los hogares. Está tratando de ponerle el parche al sinsentido que ha dicho el presidente de la República, que ha generado tremenda incertidumbre nuevamente”. En esa línea, consideró que la decisión del ministro de Economía de “traducir” al presidente Castillo va en la línea de no debilitar la mejora de expectativas económicas y agitar las condiciones de inversión en el país.

Según dijo Segura, ninguno de los términos es aceptable en un escenario en el que se busque la apropiación de activos de manera arbitraria. “El efecto jurídico es el mismo, has expropiado, quitado la propiedad unilateralmente”, indicó para dicho caso.

Recordó, empero, que si bien el gobierno impulsa una renegociación con el consorcio Camisea, esto finalmente es algo voluntario. “Tendrán que llegar a un acuerdo o, si no, no se pudo. Pero si el Estado sigue diciendo que si no obtiene lo que quiere te va a estatizar o nacionalizar, eso va a seguir afectando las condiciones de inversión”, subrayó.

González Izquierdo refirió que “la teoría económica no te distingue entre estatizar y nacionalizar. Para la teoría económica es estatizar, punto, nacionalizar no existe. Es estatizar cuando el gobierno toma el control total”.

Sin embargo, en su interpretación de los mensajes desde el gobierno explicó que este entiende por nacionalizar dos aspectos: cambiar la distribución de los los excedentes que genera la explotación de gas, cuánto va al Estado y cuánto se queda con el consorcio; y cambiar la distribución del yacimiento de gas: cuánto se va al mercado externo y cuánto se queda en el país.

“Y estatizar sería botar al consorcio y que el Estado entraría a explotar el yacimiento. Nacionalizar es que el consorcio siga explotando hasta ahora, solo que le vas a ajustar el contrato para ver cuándo dinero va al bolsillo del Estado y cuánto al consorcio, y segundo cómo vas a distribuir el gas entre cuánto se va al extranjero y cuánto se queda en el Perú”, añadió.

En ese sentido, resaltó que “estatizar sería lo peor que se pueda hacer”, mientras que nacionalizar, en base a lo que interpreta el gobierno, dependerá de si las modificaciones al contrato son voluntarias o forzadas. “Lo de estatizar es terrible, porque es quitarte todo. Es lo que hizo [Juan] Velasco con La Brea y Pariñas [1968] y el Estado tomó toda la explotación de los pozos petroleros de Talara”, recordó.

Consecuencias

Las consecuencias de las intenciones del Ejecutivo dependerán, precisamente, de las formas. María Quintana Gallardo, abogada experta en contratación pública, señaló que “la estatización es un proceso mediante el cual la explotación de ciertos recursos que en un principio estaban a cargo de un privado va a pasar a ser explotado por el Estado”.

Asimismo, recordó que la Constitución reconoce la libertad de empresa y que el contrato de Camisea está amparado bajo los contratos ley, dotados de estabilidad jurídica e incluso de intangibilidad, “por lo que un manejo unilateral o arbitrario del Estado no cabría”.

Cabe recordar, además, que la Carta Magna también establece que el Estado puede realizar actividad empresarial subsidiariamente “solo autorizado por ley expresa”. “[La estatización] tiene que pasar por el Congreso. Eso no va a ocurrir, por lo menos ahora, por los votos. Pero la incertidumbre que genera es porque denota la intencionalidad del presidente de la República de que todavía sigue considerando eso como opción”, estimó Segura.

El otro escenario, señaló Quintana, contempla un eventual uso de la fuerza en caso no se logre conciliación o acuerdos comunes en la renegociación. Así, una interrupción unilateral podría generar una demanda en el fuero arbitral internacional y pérdidas económicas al Estado.

“Quedaríamos como un país arbitrario que no cumple su propio ordenamiento jurídico que ha contemplado a los contratos ley como un mecanismo para fomentar el desarrollo. Esto trae consigo un desprestigio, como país ya no vamos a ser atractivos, cualquier empresa va a pensar que no va a tener las garantías de respeto a los contratos, a las condiciones, que habrá un sometimiento y no una libertad contractual, económica y empresarial”, dijo Quintana.

A ello, Gonzales Izquierdo añadió otros aspectos a considerar. “Si es unilateral la imposición, la primera consecuencia es jurídica legal dentro y fuera del país. Vas a afectar ante la comunidad internacional de inversionistas la imagen del Perú, porque el mensaje sería de inestabilidad en el sentido de que no se respetan los contratos firmados; al Perú lo verán como un país con instituciones muy débiles y muy riesgoso; disminuirá la inversión directa extranjera y la inversión financiera externa en el Perú; y también se afectará nacionalmente las expectativas de los inversionistas”, sentenció.

En ese contexto, David Tuesta consideró que el Ejecutivo debería tener una sola voz en temas trascendentales, liderada por el presidente Castillo, para evitar mensajes contradictorios e incoherentes. “Si es que la inversión peruana es importante, todos deberían estar enfocados en un solo mensaje y dejar de distraernos con estas idas y vueltas y con la lamentable labor de estar traduciendo lo que dice el principal líder”, recomendó.

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