Gabriel Prado también se hizo presente en la sesión dirigida por el juez Jorge Chávez Tamariz. (Foto: César Campos / GEC)
Gabriel Prado también se hizo presente en la sesión dirigida por el juez Jorge Chávez Tamariz. (Foto: César Campos / GEC)
Mario Mejía Huaraca

El equipo especial para el Caso Lava Jato, a cargo de la investigación a por los aportes de las empresas y OAS a las campañas contra la revocatoria y por su reelección, retiró ayer su pedido de prisión preventiva para el ex presidente de Emape y otros dos investigados.

El escrito de la fiscalía en el que se desiste de pedir la medida cautelar fue entregado a las 11 a.m. al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria que despacha el juez Jorge Chávez Tamariz, quien esta semana dispuso la prisión preventiva para Villarán y el ex gerente municipal José Miguel Castro.

Dicho magistrado aceptó dicha petición luego de que la fiscal Ángela Zuloaga explicara que el Ministerio Público había cambiado de parecer “atendiendo a los nuevos elementos de convicción que se están evaluando”.


Tampoco se variará la situación jurídica de los investigados Óscar Vidaurreta Ízaga y César Meiggs Rojas. El primero era representante de la empresa Momentum Ogilvy, con la cual, según la fiscalía, OAS realizó contratos ficticios y se encargaba de colocar avisos en los medios. El segundo es un empresario constructor que habría sido designado por Castro para recibir dinero de OAS para la campaña de reelección.

Algunas versiones señalan que la fiscalía desistió de pedir la prisión preventiva de los tres investigados porque estos se habrían acogido a la colaboración eficaz. Sin embargo, el abogado de Prado negó que su defendido lo haya hecho.

“Él no se ha acogido a ninguna colaboración eficaz ni nada por el estilo. Aquel que se acoge a ella reconoce que ha incurrido en un hecho delictivo, y el señor Prado desde un principio se ha manejado con la verdad y así lo ha tomado en cuenta la fiscalía”, sostuvo Eduardo Roy Gates.

Prado, por su parte, expresó estar de acuerdo con la decisión de la fiscalía.  “Ratificamos que hemos hablado con la verdad y siempre hemos estado a disposición de la fiscalía. No me he acogido a ningún beneficio”, dijo a la prensa.

A Prado, quien también fue gerente de Seguridad Ciudadana en la gestión de Susana Villarán, se le imputa haber abierto una cuenta en la Banca Privada de Andorra para recibir dinero de Odebrecht. Él asegura que esa cuenta se abrió sin su consentimiento y no recibió ninguna transferencia en ella.

Prado presentó en febrero un audio a la fiscalía, el cual fue difundido el domingo pasado por “Cuarto poder”, en el que dialoga con Villarán y Castro. Allí se le escucha reclamar a ambos por dicha cuenta. También se oye a la ex alcaldesa hablar sobre “tres palos verdes” de Odebrecht.

Prado, Meiggs y Vidaurreta seguirán afrontando la investigación con comparecencia restringida. No sucederá lo mismo con el también investigado Luis Gómez-Cornejo, a quien el juez Chávez dictó ayer prisión preventiva por 18 meses. También se dispuso su ubicación y captura.

A Gómez-Cornejo se le atribuye haber sido hombre de confianza de Castro y encargado de recibir dinero en efectivo de OAS, a través de “doleiros”, y distribuirlo a los responsables de la campaña por el No y de la reelección de Villarán.

Gabriel Prado ha negado las imputaciones de la fiscalía. Reconoce que hay una cuenta a su nombre en Andorra, pero asegura que él no la abrió ni nunca recibió ningún aporte en esa cuenta. 

Cabe mencionar que en su declaración ante la fiscal peruana Geovana Mori en Curitiba (Brasil) el 25 de abril, el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó que la empresa dio US$3 millones para la campaña del No a la revocación en el 2013.

Barata precisó que de ese monto, US$1 millón fue entregado directamente a Castro en Lima, pero que inicialmente la constructora coordinó la apertura de una cuenta en Andorra. Acotó que el acto se concretó el 9 de agosto del 2013, a nombre de Gabriel Prado Ramos.