SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ @Shebas07 Redacción Online

El ex presidente Alberto Fujimori se presentará en el juicio por el Caso Diarios Chicha y no aceptará los cargos que se le imputan por el presunto delito de peculado, “porque se considera inocente”. Según su abogado, William Paco Castillo, la acusación fiscal es “endeble” y solamente se basa en el testimonio de nueve personas.

“(Fujimori) ha decidido afrontar el proceso y no acogerse a la terminación anticipada, porque él se considera inocente”, manifestó el letrado en comunicación con elcomercio.pe.

De esta manera, Castillo da un giro a la estrategia legal del ex jefe de Estado, quien en otras oportunidades se allanó. “Soy abogado del ex presidente desde hace tres meses y medio y tengo a mi cargo todos los procesos actuales y futuros. Sobre una situación pasada (el trabajo de César Nakazaki) no tengo nada que opinar”, añadió.

Detalló que la situación de salud del ex mandatario continúa siendo “delicada” y que su negativa de ir al proceso “se debe a que no tiene otra alternativa”, porque el recurso presentado por la defensa anterior para que Fujimori no sea procesado a raíz de la depresión que padece no ha sido resuelto aún.

“Ese pedido aún está pendiente. Si la sala lo acepta, lo acataremos (…) Nos han notificado y tenemos que presentarnos el 17 de octubre al inicio del juicio oral. El presidente ha decidido asistir debido a que no tiene otra alternativa”, dijo.

Castillo consideró que la acusación de la fiscalía “no es fuerte, sino endeble”, porque solamente se basa en el testimonio de nueve personas. “Solo citan dichos, que deben ser evaluados. No puede ser que un testigo diga ‘supuse’, ‘me dijeron’ y ‘escuche por ahí’, estamos terminando de evaluar los elementos y los responderemos con absoluta contundencia”, acotó.

ESTRATEGIA POLÍTICA Para el ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra, la decisión de Fujimori de acudir al juicio por el Caso Diarios Chicha solamente tiene una motivación política.

“Alberto Fujimori no va a conseguir jurídicamente nada de lo que no pudo tener con la defensa de Nakazaki. Es un error de su parte afrontar el proceso, porque las pruebas son contundentes. Le doy un consejo desde la otra orilla: no vaya a juicio, va a perder estrepitosamente”, manifestó en diálogo con este diario.

“Entiendo que la estrategia de Fujimori no es jurídica sino política. Pretende una exposición mediática y tener la oportunidad de dar uno que otro discurso que vaya más allá de los diarios chicha”, agregó.

Finalmente, Gamarra consideró “una buena noticia” que el ex jefe de Estado tenga las fuerzas para afrontar un nuevo juicio.

LOS SENTENCIADOS La mayoría de los artífices de los diarios chicha y su campaña de demolición a adversarios de Fujimori fue procesada y condenada. El 26 de enero de 2005, después de un juicio oral que tomó un año y en el que se enjuició a 29 personas, se dictó una histórica sentencia.

Los principales castigados fueron Vladimiro Montesinos, el ex ministro de Defensa, José Villanueva Ruesta y el ex comandante general de la Fuerza Aérea, Elesván Bello. Se les condenó a ocho años de cárcel por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado.

Los hermanos Moisés y Álex Wolfenson (dueños de “El Chino”, “El Men” y “La Razón”) recibieron una pena de cinco años de cárcel por peculado. Igual sanción recibieron José Olaya (ex director de “El Chino” y propietario de “El Tío”), Pablo Documet (dueño de “El Chato”, “La Yuca” y “Conclusión”) y Alejandro Estrenos (“El Mañanero”).

DATOS El ex presidente fue sentenciado en abril de 2009 a 25 años de cárcel por ser el autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Además, Fujimori se acogió a la conclusión anticipada en los juicios por espionaje telefónico de políticos, adquisición de un canal de televisión y pago a congresistas tránsfugas. Además, se allanó en el proceso por la falsa intervención fiscal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos, para que se retiren varias maletas, que aparentemente contenían videos.

La defensa del ex mandatario ha presentado una solicitud ante la Corte Suprema para que cumpla su condena bajo arresto domiciliario.