Alberto Otárola sobre amenaza contra la prensa en pedido de facultades: “Instigadores del delito pueden ser cualquier persona”

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, negó cualquier amenaza contra la libertad de prensa en el pedido de facultades del Ejecutivo y aseguró que los “instigadores del delito pueden ser cualquier persona”.

En declaraciones a “Cuarto poder”, reiteró que el Gobierno no promulgará ninguna norma que afecte la libertad de prensa y que las facultades solicitadas al Congreso son contra dichos “instigadores del delito”.

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“Esa no es la intención del Ejecutivo. No va a salir ninguna norma que afecte la capacidad de los comunicadores ni la libertad de prensa. No se nos pasó, porque no hemos pedido facultades para eso. Hemos pedido facultades para los instigadores del delito”, añadió.

“Los instigadores del delito pueden ser cualquier persona. No va a salir ninguna norma que afecte la libertad de prensa en el Perú. Eso lo aseguramos tajantemente”, agregó Otárola Peñaranda.

Como se recuerda, el Ejecutivo solicitó facultades legislativas al Congreso para poder emitir normas en materia de seguridad ciudadana y, en el documento en manos de la Comisión de Constitución, el Gobierno menciona cambios específicos que están proponiendo.

Entre ellos, señalan que buscan cambiar el Código Penal para poder “sancionar a los instigadores del delito de disturbio toda vez que, en el marco de las protestas, se han perpetrado como se ha mencionado anteriormente los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.

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Esto ha generado las alertas de gremios periodísticos a nivel nacional como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), así como de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Dichas organizaciones han advertido que una iniciativa así atenta contra la libertad de expresión y pone en riesgo la labor de periodistas que puedan informar sobre protestas o movilizaciones que, para las autoridades peruanas, puedan ser considerados como violentos.