Congreso: Predictamen sobre pedido de facultades mantiene amenaza para la libertad de expresión

La Comisión de Constitución del Congreso, que es presidida por la parlamentaria Martha Moyano (Fuerza Popular), inició este martes el debate del predictamen sobre la solicitud de facultades presentado por el gobierno de Dina Boluarte para legislar en materia de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres y otros.

En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, el grupo de trabajo realizó pequeñas modificaciones al punto 3.1.2, inciso C del pedido. Este, según han advertido el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), IPYS y la Asociación Nacional de Periodistas, significa una “severa medida” que atenta en contra de la libertad de prensa.

El Ejecutivo plantea modificar el Código Penal para incluir sanciones a los instigadores del delito de disturbio y entorpecimiento a los servicios públicos, y entre ellos considera a los comunicadores que convoquen a marchas.

Y a pesar de que el área técnica de la Comisión de Constitución, remarca que “la voluntad del Poder Ejecutivo es sancionar penalmente a quien exprese en medios de comunicación masivos, sea comunicador, político o funcionario público, el apoyo a una marcha”, y que con esto “puede vulnerarse la libertad de expresión”, el grupo concluye que se le debe dar las facultades para legislar en este punto, colocando un candado.

¿Y cuál es el candado? El gobierno podrá modificar el Código Penal respecto a los delitos contra la seguridad y tranquilidad pública, “sin que se vulnere los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”. De acuerdo a los expertos consultados para esta nota, pese a esta medida, el peligro a la libertad de prensa persiste.

Al respecto, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, dijo que este punto debió ser retirado de la propuesta de plano.

“Este candado es un saludo a la bandera. No sirve, porque abre la puerta para se procese a los comunicadores o a toda persona que convoque a una manifestación. Ojo que convocar y participar de una marcha es un derecho humano”, complementó.

En diálogo con El Comercio, Salazar recordó que muchas de las denuncias de difamación contra periodistas “que violan los precedentes” de sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son llevadas a juicio igual. Añadió que el cambio hecho por la comisión de Moyano no evitará que se inicien procesos contra los comunicadores.

“Es muy preocupante que desde el Ejecutivo haya nacido la idea de incluir a los comunicadores [como instigadores de disturbios], esta es una ley con nombre propio. Antes de 28 de julio, hubo periodistas que respaldaron y convocaron de manera abierta marchas contra la presidenta Boluarte. Esta es una raya más al tigre del autoritarismo peruano”, subrayó.

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Salazar refirió que este Congreso ya ha intentado aprobar una ley mordaza, que incrementaba de 3 a 4 años la pena por difamación.

“Este es un Parlamento que intentó evitar que los periodistas regresen a cubrir en el hemiciclo, no podemos esperar que de pronto en la Comisión de Constitución van a defender la libertad de expresión”, acotó.

“Es una propuesta autoritaria y antidemocrática”

Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), sostuvo que el cambio hecho por la Comisión de Constitución en su predictamen a la solicitud del Ejecutivo “no es suficiente”. Agregó que “en general la propuesta” del gobierno de Boluarte “es desafortunada”, porque el Código Penal ya contempla sancionar a los instigadores del delito de disturbios.

“La única razón para modificar el Código Penal es que el Ejecutivo se ha sincerado y pretende afectar la libertad de expresión. Al gobierno no le gusta que haya personas que se pronuncien a favor de las manifestaciones, esta es una propuesta autoritaria y antidemocrática. Pretenden criminalizar los pronunciamientos a favor de las marchas”, alertó.

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Pereira consideró que la cortapisa colocada por la comisión que dirige Moyano, en el sentido de que las modificaciones se harán sin que se vulneren los derechos fundamentales, no van a impedir que la Policía, la fiscalía y el Poder Judicial inicien investigaciones y juicios “para determinar” si un ciudadano actuó o no conforme a estos derechos.

“Se está abriendo la puerta para procesar a periodistas y a personas que informen u opinen a favor de las manifestaciones, cuando estas no son del agrado del gobierno. Lo que han hecho al poner este párrafo es una candidez”, expresó a este Diario.

Respecto al fondo, el letrado dijo que existen normas para sancionar a los instigadores y a los cómplices de actos vandálicos, pero el problema que tiene la Policía es la identificación de estos.

“No hacen nada para eliminar el riesgo”

El abogado Andrés Calderón, experto en derecho sobre libertades informativas, aseveró que tanto la solicitud de facultades del Ejecutivo como el predictamen de la Comisión de Constitución “son muy peligrosos para la libertad de expresión”. Consideró que el documento congresal “no hace nada para eliminar el riesgo” de que comunicadores sean sometidos a juicios por opinar a favor de una protesta.

“Se puede decir que una ley no afecte los derechos fundamentales de las personas, pero ese no es un candado suficiente”, manifestó a El Comercio.

Calderón, director de Compemedia Consultoría, refirió que es poco probable que una proclama o respaldo en medios de comunicación o redes sociales a una marcha “pueda determinar que alguien cometa un delito o genere un disturbio”. “La instigación se da cuando existe una especie de control hacia el instigado, que haya una relación de poder”, añadió.

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El letrado alertó que si el Ejecutivo, con el respaldo del Congreso, concreta la referida modificación al Código Penal pueda darse un efecto inhibidor y hasta de auto censura.

“No veo cómo se pueda plantear una fórmula legal que no sea inhibidora de la libertad de expresión. El Ejecutivo debe pedir que se retire esta parte. Y si el Parlamento quisiera ser un tutelar de la libertad de expresión, debería excluir esta modificación”, dijo.

Calderón señaló que el Poder Legislativo es consciente de que esta propuesta puede afectar la libertad de expresión y una prueba de ello es que el predictamen recoge esa preocupación.

“Hay una especie de cinismo, reconocen el peligro, pero aún así permiten que se legisle en esta materia con una advertencia que es meramente declarativa, un saludo a la bandera. Claro que se van a vulnerar los derechos fundamentales”, finalizó.

La Comisión de Constitución sesionará de manera extraordinaria el viernes, a fin de avanzar con el debate y eventual aprobación del pedido de facultades a favor del gobierno.

El primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), dijo esperar que antes de la semana de representación, se pueda analizar en el pleno la solicitud de facultades.

En declaraciones a Canal N, Guerra García dijo que su bancada será “muy cuidadosa” al momento de evaluar el dictamen que llegue al hemiciclo, porque “preferimos quitar toda duda sobre cualquier injerencia con la prensa”.

Además…

No se le darán todas las facultades

Antes de que inicie la sesión, la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano (Fuerza Popular), dijo que “sí se les va a otorgar” las facultades para legislar en seguridad ciudadana y otros temas al Ejecutivo, pero “no todas las que han pedido”.

En declaraciones a la prensa, Moyano dijo que se dará las facultades en aquellos temas que no tengan que ver con leyes orgánicas ni con los gobiernos locales.

“Hay un predictamen inicial, estamos revisando todo, hay cosas como el tema de la delimitación territorial que ya no lo vamos a incorporar porque ellos han mandado un proyecto de ley a la Comisión de Descentralización y ahí va a estar el señor Otárola exponiendo, así que no tiene sentido”, manifestó.

También señaló que la solicitud ha sido “demasiado general” y que esta “no dice casi nada” sobre fórmulas legales. “Pero en la exposición de motivos lo desarrollan, así que hemos hecho el predictamen en función a eso y a las reuniones de mesas técnicas que se hicieron con ellos [el gobierno]”, mencionó.

Moyano precisó que la iniciativa para crear la policía del orden no está en el proyecto del pedido de facultades.