Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, descartó que el Gobierno vaya a promover alguna ley o decreto legislativo contra periodistas, a pesar de que en el pedido de facultades legislativas al Congreso se plantea la posibilidad de sancionar a comunicadores que informen sobre protestas.
En conferencia de prensa este viernes, recordó que en la solicitud remitida al Parlamento, en la parte de exposición de motivos se menciona a “los comunicadores y su relación con eventos violentos o protestas ciudadanas”.
“Al respecto, lo que queremos decir es que, como siempre, vamos a respetar el contenido constitucionalmente protegido del artículo 2 inciso 4 de la Constitución”, aseguró para luego leer el mencionado texto.
Esta parte de la Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio de comunicación social.
“En el gobierno de la presidenta Boluarte no vamos a establecer, fijar ni discutir ninguna ley ni decreto legislativo que afecte este derecho. Eso es lo que quería decir con suma claridad y para cerrar una preocupación legítima de la población y los medios de comunicación”, insistió el primer ministro.
El Ejecutivo solicitó facultades legislativas al Congreso para poder emitir normas en materia de seguridad ciudadana y, en el documento que actualmente está siendo debatido en la Comisión de Constitución, el Gobierno menciona cambios específicos que están proponiendo.
Entre ellos, señalan que buscan cambiar el Código Penal para poder “sancionar a los instigadores del delito de disturbio toda vez que, en el marco de las protestas, se han perpetrado como se ha mencionado anteriormente los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.
Esto ha generado las alertas de gremios periodísticos a nivel nacional como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), así como de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), las cuales han advertido que una iniciativa así atenta contra la libertad de expresión y pone en riesgo la labor de periodistas que puedan informar sobre protestas o movilizaciones que, para las autoridades peruanas, puedan ser considerados como violentos.
