La Comisión de Ética Parlamentaria acordó este lunes declarar improcedentes las denuncias contra los legisladores Yehude Simon (APGC) y Fredy Otárola (NGP).

En ambos casos, la decisión se tomó por considerar que no existen elementos suficientes para la apertura de un proceso de investigación.

Simón fue acusado por el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, por haber interpuesto una denuncia penal en su contra por los supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En este caso, la comisión considera que la denuncia presentada por Simon forma parte del ejercicio de sus derechos de fiscalización referidos por los artículos 5 y 23 Inciso f) del Reglamento del Congreso.

En cuanto al legislador Otárola, fue archivada la denuncia presentada en febrero de este año por la ciudadana Blanca Cavero, quien acusó al legislador, en su calidad de Notario Público, de celebrar una compra venta a personas que habrían usurpados terrenos.

LLAMAN A HIJA DE CONGRESISTA Por otro lado, la Comisión de Ética también acordó por unanimidad invitar a la ciudadana Elizabeth Aliaga Alva, hija de la esposa del legislador Modesto Julca (GPPP), a quien habría recomendado para que labore en la Comisión de Fiscalización.

Sobre este tema, el congresista Martín Belaunde (SN), quien oficiaba de presidente de la comisión, confirmó que tramitó la contratación de la ciudadana a pedido del congresista Julca, quien era el vicepresidente del grupo.

“Yo actué de buena fe, desconocía el vínculo que tenía la señorita con mi colega”, enfatizó.

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Contenido de El Comercio Perú