El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, justificó la presentación de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) afirmando que existe una “indebida interpretación” de la Carta Magna por parte de la Fiscalía de la Nación en la investigación iniciada contra la presidenta Dina Boluarte.
En declaraciones a RPP Noticias, indicó que la posición del Ejecutivo es que el máximo intérprete de la Constitución debe zanjar si existe o no esa facultad del Ministerio Público para investigar a Boluarte Zegarra.
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“Lo que puedo decir como ministro de Justicia, y lo entiendo así, es que existe es una indebida interpretación de la Constitución y por eso estamos recurriendo al tribunal. Considero que el Tribunal Constitucional debe zanjar si efectivamente existe esa facultad del Ministerio Público para la investigación”, expresó.
“Si ella ha considerado, y el Ejecutivo lo ha considerado, que efectivamente existe una colisión entre la interpretación del artículo 117, bueno es momento que esta interpretación sea efectivamente abordada por el Tribunal Constitucional”, agregó.
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Consultado sobre las investigaciones que afronta la mandataria, Arana aseveró que procesalmente la fiscalía ha cometido una serie de “errores”, lo cual deberá ser evaluado en su momento.
“La fiscalía lo que va a hacer como hipótesis de trabajo –y es una hipótesis frente a la hipótesis de la verdad- es desarrollar una tesis en la que puede desarrollar un parámetro acusatorio. Sin embargo, es solo eso, una posición y una tesis. Eso tendrá que ser visto por un juez del Poder Judicial. Eso no ha ocurrido ahora. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando la presidenta acabe su mandato. La presunta es: si lo va hacer, ¿por qué existe esa presión permanente de estar citando a la presidenta a cada momento?”, cuestionó.
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Tras insistir que el fiscal de la Nación encargado, Juan Carlos Villena, “ha traspasado los límites”, el ministro de Justicia reiteró que debe ser el TC quien debe resolver la constitucionalidad de la investigación iniciada por el Ministerio Público.
“Lo que se trata no es de establecer un marco político, aquí no se trata de votos ni de fuerzas, se trata de constitucionalidad, más allá de que podría tenerse ‘amigos’ o bancadas que puedan ser afines y que puedan ‘apañar’ a la presidenta, lo que ha dicho el Gobierno es: no se trata de un tema político, hay que despolitizar”, dijo al aclarar que cuando habla de “apañar” se refiere a una protección del Congreso, la cual negó.
Finalmente, Eduardo Arana informó que le corresponde al procurador del Estado verificar que se cumplen los presupuestos y luego presentar la demanda competencial ante el TC. También señaló que existe la posibilidad de que no lo haga, aunque recordó que la norma ya ha sido publicada.
“Nosotros no tenemos información de eso, la Procuraduría General del Estado es autónoma en ese sentido y consideramos que si la evalúa la debe presentar en su momento”, manifestó.
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“Entiendo que el procurador la va a evaluar y la presentará en su momento. No creo que fuera tan extremo, pero es una posibilidad que el procurador la considere (no presentarla)”, sentenció.
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