WUFEl juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la tutela de derechos presentada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el marco de la investigación preliminar que afronta por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y omisión de declaración por el llamado Caso Rolex.
La defensa legal de Boluarte Zegarra cuestionó una presunta vulneración al derecho a la defensa y de igualdad ante las partes. Esto porque la Fiscalía de la Nación no le habría permitido intervenir en diligencias de extracción de información de fuente abierta. Es decir, informes publicados en diferentes medios de comunicación.
Durante la audiencia, en la que Checkley escuchó los argumentos de las partes, realizada el martes 21 de mayo, Eduardo Barriga, entonces abogado de la mandataria, indicó que su patrocina ha visto “violados sus derechos constitucionales al ser objeto de diligencias fiscales sin presencia de su defensa técnica”.
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El letrado apuntó como responsables de ello al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y a los integrantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que es dirigido por la fiscal superior Marita Barreto. También señaló que se han levantado 14 actas, cuya elaboración no fue dispuesta por Villena, y que estas debían ser anuladas.
A su turno, el fiscal Hernán Mendoza, sostuvo que las actas tienen contenido de fuente abierta y que no existe una causal para declarar nulos estos documentos.
Los argumentos de Checkley
El último viernes, Checkley emitió la resolución, a través de la cual declaró infundado el recurso interpuesto por Boluarte Zegarra.
En el documento, al que tuvo acceso El Comercio, el juez supremo remarcó que fiscal tiene la potestad de realizar por sí mismo o a través de la Policía Nacional diligencias preliminares de investigación. Agregó que estas tienen un carácter inmediato y urgente con el objetivo de “asegurar los elementos materiales” de la posible comisión de un delito.
Sobre el Caso Rolex, el magistrado recordó que la defensa de la presidenta cuestionó que el fiscal de la Nación, a cargo de la referida investigación preliminar, no haya emitido una disposición expresa para el levantamiento de información de fuente abierta y que no haya ejercido una labor de control sobre el personal fiscal que realizó estos actos.
No obstante, Checkley subrayó que en la disposición N°1, del 18 de marzo último, Villena no solo ordenó el inicio de la pesquisa en contra de Boluarte, sino también dispuso la realización de una serie de diligencias, entre ellas las que se “consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos”.
Para el juez supremo, con esto “no es necesaria” una disposición expresa sobre el recojo de información de fuente abierta.
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Respecto a los cuestionamientos de la defensa legal de Boluarte a los fiscales que levantaron dichas actas por no contar con la disposición y autorización expresa correspondiente, el magistrado indicó que el titular del Ministerio Público “tiene la facultad de designar a un equipo de fiscales para casos complejos y determinados delitos”, de acuerdo con la ley orgánica de la fiscalía.
“Es más la intervención de fiscales adjuntos provinciales en una investigación, que además están adscritos al área de competencia del Fiscal de la Nación como es la de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales no afecta la actuación de las diligencias respectivas, en la línea de lo señalado por la Corte Suprema de Justicia”, remarcó.
Checkley, además, descartó los argumentos de la presidenta sobre la vulneración del derecho a la defensa, al indicar que su defensa podía tener acceso en cualquier momento al material recogido por el Ministerio Público al tratarse de información de fuente abierta.
De esta manera, podrá contrastar y verificar si la información contenida “en las actas cuestionadas corresponde con la publicación”.
“Esto significa si lo transcrito corresponde en lo fáctico con el link o enlace del que se descargó; dado el avance tanto de la información, la rapidez con la que ésta fluye y la mayor difusión de la misma (medios digitales, sobre todo) obliga a las instituciones, como en el presente caso a la fiscalía a adoptar las medidas para contar con la misma”, complementó.
(Foto: El Comercio)
El juez supremo también refirió que la recolección de material periodístico “tiene una eficacia limitada” y “no constituyen en esta etapa, de modo alguna, prueba”. “Ya que la actuación y valoración de la misma se da en una etapa diferente con sus propias reglas; en ese sentido, no se trasgredió derecho alguno de defensa ni de igualdad de partes”, finalizó.
“Una medida desesperada y oportunista”
En comunicación con El Comercio, el abogado penalista Andy Carrión consideró que la decisión de Checkley constituye “un revés” para la presidenta, porque ella no solo buscaba la anulación de 14 actas, sino “cuestionar la actuación fiscal” en el sentido de dejar sentado de que “usan procedimientos que son irregulares”.
“Lo que ha hecho el juez es decir ‘aquí no ha habido ninguna irregularidad’, es un claro revés para la defensa de la mandataria. El Poder Judicial está avalando la actuación legal del Ministerio Público”, manifestó.
Carrión explicó la información recogida por la Fiscalía de la Nación de los medios de comunicación no “es restringida” y tampoco es que “tenga trascendencia”, porque el Ministerio Público solo la toma como una referencia para desplegar actos de investigación, con el fin de contrastar.
El abogado penalista explicó que Boluarte puede apelar la decisión ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
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Por su parte, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado indicó que la tutela de derecho presentada por Boluarte, a través de su defensa legal, se trató de una “medida desesperada y oportunista”, con el objetivo de “buscar una nulidad donde no cabía”.
“La defensa de la presidenta ha intentado perturbar la marcha de un proceso de investigación. Para mí, ha sido una práctica obstruccionista […] Las nulidades procesales representan un capítulo técnico del derecho procesal penal, no se pueden invocar por causas frívolas”, expresó.
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Este Diario intentó comunicarse con Juan Carlos Portugal, nuevo abogado de Boluarte Zegarra, pero no respondió a nuestras llamadas.
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A pesar de que Boluarte dijo que respondería “con la verdad” ante el Ministerio Público por el llamado Caso Rolex, el gobierno ordenó el miércoles al procurador en materia constitucional, Luis Huerta, que interponga una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), cuyo objetivo es paralizar las investigaciones preliminares que la abogada afronta.
Por medio de una resolución, publicada en El Peruano, el Ejecutivo autorizó a Huerta a presentar la demanda competencial en contra del Ministerio Público y el Poder Judicial “por menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República”.
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