El gobierno de Pedro Castillo anunció el pasado viernes 24 de junio la aprobación en el Consejo de Ministros de un proyecto ley que propone penalizar la difusión de información reservada vinculada a una investigación penal.
Ese día, el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, dijo que la iniciativa iba a ser presentada al Congreso para su análisis.
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Más de una semana después del anuncio de la que ha sido denominada una ley mordaza, la iniciativa aún no figura como presentada en el portal oficial del Parlamento. Ahí se consignan todos los proyectos de ley enviados.
Alejandro Salas, ministro de Cultura y vocero del Ejecutivo, comentó a El Comercio que la iniciativa se aprobó el miércoles de la semana pasada y “quedó con cargo a redacción”.
“Se aprobó con algunas modificatorias en cuanto a la redacción, temas de forma, y se devolvió para que el Ministerio de Justicia realice esta aclaración”, explicó.
Según Salas, algunas de las observaciones fueron para aclarar que los medios de prensa no tendrían “ningún tipo de sanción”.
Además, estimó que el proyecto se presentaría este lunes o en el transcurso de la semana entrante. También negó que la demora haya tenido que ver con un retroceso.
“En absoluto. Ha sido aprobado. Para que eso suceda [descartarlo], tendría que agendarse la desaprobación, pero eso no ha habido, no se ha dado ni se ha conversado”, afirmó.
Este Diario consultó con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia sobre este asunto, pero no hubo respuesta.
Cuestionamientos
Desde su anuncio a mediados de junio, la norma ha sido criticada por especialistas y gremios periodísticos, al considerársele un atentado a la libertad de prensa y de información, y un intento de silenciar reportes sobre casos que implican al gobierno.
Anunciada su aprobación por el Ejecutivo, instituciones como el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo se sumaron a los cuestionamientos.
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La exministra de Justicia Ana Neyra indicó a El Comercio que la demora puede estar relacionada con la complejidad de las observaciones, pero remarcó que los gobiernos pueden dilatar la presentación de un proyecto por la coyuntura.
Añadió que es importante acceder al texto de la propuesta para conocer sus alcances y justificación. “Quien crea un tipo penal no puede controlar cómo se aplica. [...] Un juez podría decir que entiende que sí está comprendida la prensa”, advirtió.
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