“[Pedro Castillo] está utilizando toda la estructura del Estado para defenderse”

— El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que busca sancionar con hasta cuatro años de prisión a los jueces, fiscales y abogados que filtren información sobre una investigación penal en curso. ¿Cuáles son los peligros que conlleva esta iniciativa?

Definitivamente, esto importa una restricción a la libertad de expresión, que a su vez contiene también el derecho a la libertad de información que tenemos todos los ciudadanos. Este derecho aparece regulado en el artículo 2 de la Constitución, es un derecho fundamental. Y cuando un derecho fundamental se enfrenta a otros derechos se debe hacer un examen de ponderación. ¿Cuál de los derechos debe primar sobre el otro? Por un lado está un derecho fundamental [como la libertad de expresión], reconocido en tratados internacionales, y, en el otro lado del plato, está, según los autores de este proyecto de ley, la posibilidad de que se afecte la reserva del proceso penal y que, incluso, se pueda poner en riesgo la integridad de personas que están colaborando y declarando en el contexto de una investigación.

Respecto a lo primero, es decir el derecho a la libertad de expresión versus el derecho a la reserva, es evidente que prima el primero […] No se puede sacrificar el derecho a la libertad de expresión y de estar informados por una alegada necesidad de mantener la reserva del proceso penal, más aún sí existen previsiones disciplinarias para sancionar a jueces, fiscales o funcionarios que incurran en filtraciones.

Sobre la integridad de las personas que están en un proceso penal, existe una norma que sanciona penalmente a quien revela la identidad de los colaboradores eficaces o testigos protegidos, por lo tanto esta norma es totalmente innecesaria […] Desde mi punto de vista [este proyecto] es a todas luces inconstitucional.

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—La propuesta- impulsada por el ministro de Justicia, Félix Chero- se da, precisamente, cuando el presidente Castillo afronta una investigación preliminar por presunta organización criminal y otros delitos. ¿El gobierno utiliza su poder como parte de la estrategia de defensa al jefe de Estado?

Bueno, eso es absolutamente evidente. ¿Quién es el primer ministro de este país? Es el exministro de Justicia que destituyó al procurador general de la República, porque tuvo la osadía, el atrevimiento, según él, de cumplir con su deber y plantear el inicio de una investigación contra el presidente [Castillo]. Ese ministro de Justicia es hoy el premier. El señor Torres se reunió con el abogado del presidente en privado y luego tomó la decisión. Y ahora este ministro de apellido Chero pretende vendernos la historia de que para proteger la reserva del proceso penal es necesario criminalizar esta conducta [de entrega de información a la prensa], sacrificando un derecho fundamental. Chero es abogado y sabe que existe una jerarquía de derechos y que en la cúspide más alta de esa jerarquía están los derechos constitucionales, entre ellos el de la libertad de expresión y de la libertad de información, porque esto va a terminar impactando en la prensa, que es lo que más le incomoda al presidente y a su entorno. ¿Y por qué razón? Porque no va a poder informar como lo ha venido haciendo hasta ahora sobre todos los escándalos de las autoridades. No es casual que en nuestro país, el grueso de los casos de corrupción, son descubiertos por la prensa antes que por las autoridades que deberían tener a su cargo las investigaciones. Entonces, cercenar el derecho de los periodistas, de los periodistas de investigar en particular, de tener acceso a fuentes que los nutran de información que nos permitan a los ciudadanos ordinarios conocer los actos de corrupción cometidos por las autoridades, es sin duda va a afectar el derecho fundamental de toda la ciudadanía, no solo de los profesionales que ejercen el periodismo.

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—¿El objetivo de este proyecto es que información que comprometa a Castillo no salga a luz? ¿Se busca sabotear internamente la pesquisa?

Yo creo que lo que se busca es tejer un manto de oscuridad y falta de transparencia sobre los actos de gobierno. ¿Qué ha caracterizado a este gobierno? Se ha caracterizado por una negativa a tener un diálogo abierto y franco, como lo han tenido siempre los presidentes de la República, con la prensa. Y aun así la prensa sea incómoda, es su deber hacerlo. Pero, por otro lado, también se ha caracterizado este gobierno por tejer una serie de redes con la finalidad de encubrir actos de corrupción y los escándalos en los que se ha estado envuelto. No en vano han pasado más de 50 minutos en menos de 10 meses en cuatro gabinetes, y muchos de ellos han sido nombrados a pesar de que se sabía que tenían un prontuario penal, que estaban inmersos en actos de corrupción, en violencia familiar, incluso hasta en asesinatos.

—¿Le preocupa que este proyecto de ley tenga respaldo en el Congreso? Por ejemplo, Fuerza Popular presentó una iniciativa similar en el Congreso que fue disuelto.

Para los políticos siempre ha resultado incómoda la función de la prensa, y es, efectivamente, un riesgo que el Parlamento ponga sus intereses por encima de los intereses de la patria y de la ciudadanía. No es la primera vez, como usted bien señala, antes ha habido otros intentos de leyes mordaza de distintos partidos políticos. Por lo tanto, lo que queda aquí es ejercer el máximo de presión ciudadana para que no nos afecten de esta manera. Y si, lamentablemente, el Congreso toma la decisión equivocada, entonces quedarán pendientes la vía constitucional y la vía supranacional. Es decir, recurrir a tribunales internacionales que permitan de alguna manera corregir este despropósito.

—Incluso, la Comisión de Justicia y DD.HH., dirigida por Gladys Echaíz, aprobó un dictamen que no solo limita la colaboración eficaz, sino también sanciona con penas entre cuatro y seis años de prisión a quienes difundan la declaración de un colaborador. ¿Esta propuesta representa un peligro similar al del proyecto del gobierno?

Es lo mismo, estos intentos ya se han venido reproduciendo en el pasado, el proceso de colaboración eficaz efectivamente debe ser reservado y si se viola la reserva, por ejemplo, haciendo de conocimiento público la identidad de las personas que están protegidas, existen normas que a la fecha permiten sancionar esa conducta. Por lo tanto, todo intento de seguir incrementando una infraestructura legal- en un contexto, además, como el que estamos viviendo, de alta incidencia de la corrupción-no tiene otro fin que tratar de cercenar, limitar y restringir el derecho a la libertad de información que tenemos todos los ciudadanos.

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—El juez Juan Carlos Checkley rechazó la tutela de derechos de Castillo que buscaba anular la investigación preliminar en su contra. ¿Cómo evalúa esta decisión?

Creo que el magistrado Checkley ha emitido una resolución muy bien fundamenta, él ha hecho un análisis del artículo 117, de sus alcances y sus limitaciones, y ha llegado a la conclusión en que la que creo que hoy en día hay básicamente consenso [que un presidente en funciones puede ser investigado preliminarmente]. Los únicos que no están de acuerdo con esa interpretación son los que están vinculados al presidente Castillo, y obviamente por intereses de grupo, intereses tribales, quieren evitar que se hagan públicas las irregularidades y los delitos que se pueden haber cometido en el contexto de investigaciones penales.

—El presidente Castillo dice que está dispuesto a colaborar con la justicia, pero sus abogados, por otro lado, insisten en dejar sin efecto la investigación preliminar que le abrió el fiscal Sánchez. ¿Hay un doble discurso?

Sí, es la típica escopeta de dos cañones, por un lado sale el presidente diciendo “yo quiero colaborar”, “yo voy a ir [a declarar] porque el que no la debe, no la teme”, “yo estoy dispuesto a entregar toda [la información] que sé”, y, por otro lado, instruye a sus abogados, o se deja convencer por ellos de que no debe ser investigado, de que no debe recibir a la comisión del Congreso. Y, además, hace al Ministerio de Justicia emitir un informe diciendo que no puede ser investigado por una comisión ordinaria del Congreso. Es decir, está utilizando toda la estructura del Estado para defenderse personalmente. Y aquí también hay una pregunta que debe ser respondida en su momento y es quién le paga a los abogados sus honorarios, porque el presidente, como hemos visto, a la fecha cuenta con tres abogados privados. Habría que ver de dónde salen los recursos para costear esa defensa.

—El jefe de Estado aceptó ser interrogado por la Comisión de Fiscalización del Congreso. Sin embargo, a última hora dio marcha atrás y viajó a Huancavelica. ¿Existe temor de Castillo? ¿Está evitando pronunciarse sobre los prófugos Juan Silva y Bruno Pacheco?

Es evidente que si es sometido a [un interrogatorio] va a estar en una situación muy incómoda, y no va a poder responder sobre toda la protección que le ha dado a Silva, a pesar de que era público y notorio que no solamente era un incapaz [para estar al frente del MTC], sino que, además, tenía antecedentes de corrupción. Lo mismo con sus sobrinos, Bruno Pacheco, Samir Villaverde y Karelim López, y la lista es infinita. No hay que olvidar que este presidente llega al poder con un partido, cuyo secretario general [Vladimir Cerrón] ha sido condenado por corrupción, y el presidente lo sabía y cuando se le preguntaba en campaña por esto, él decía “Cerrón ha sido condenado por la corrupción” y creaba toda esta teoría conspirativa de que como aspiraban a ser un gobierno del pueblo, entonces se les inventa todos estos cargos. El presidente ha tenido el atrevimiento de decir que después de 11 meses de gobierno no hay una pizca de evidencia en su contra, literalmente ha usado esa frases. Entonces, toda la abrumadora evidencia que está alrededor suyo, qué cosa es. Aquí nadie está diciendo que él debe ser condenado mañana, pero una investigación precisamente es para recoger esa evidencia, analizarla y una vez que ha sido analizada lleve al desarrollo de la pesquisa, que va a terminar en una verdad, y esa verdad será si es culpable o inocente.

Para iniciar una investigación preliminar en el Perú solo se requiere, y así lo estable la ley, la doctrina, de sospeche leve o simple, quién en este país puede sostener que las sospechas que pesan sobre el sombrero del presidente no son graves. Es decir, se ha cumplido largamente con el estándar de sospecha leve, y por lo tanto le corresponde al presidente responder ante el país, que es su obligación, y no en plazas públicas con pequeños auditorios adictos, que han sido llevados para aplaudirlo.

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—El exministro Silva se encuentra prófugo desde hace cuatro semanas, Pacheco y los sobrinos de Castillo desde fines de marzo. ¿Están siendo protegidos por el gobierno? ¿Cuánto debilita al presidente esta situación?

Está en una situación muy incómoda, su propia familia está involucrada en hechos graves y hay, al menos, dos personas que se han acogido a la colaboración eficaz, una lo señala directamente [a Castillo] como el líder de una organización criminal. Y la otra dice contar con elementos y evidencia de que había dinero destinado para el presidente. En el pasado ya ocurrió que en las investigaciones que empezaban se decía que había un dinero para el presidente Toledo, pasaron los años, y ahí están las pruebas de que Toledo recibido US$30 millones y lo mismo ha pasado con otros dignatarios, como Fujimori. Sin duda, entonces, creo que la suerte del presidente Castillo está echada, él podrá retrasar o intentar retrasar esto lo más que pueda, pero la historia tiene su curso, y ese curso camina creo, lamentablemente para él, hacia una condena inevitable, peor aún si sigue incurriendo en actos de encubrimiento.

—El Congreso debate hoy la moción de censura contra el ministro del Interior por la fuga de Silva. ¿Dimitri Senmache debe ser destituido?

Mire, yo lamento mucho [su situación], porque creo que el ministro del Interior estaba muy por encima del promedio de la mediocridad que se había instalado en el sector, salvo el ex fiscal supremo Avelino Guillén. Luego el ministro Senmache ha tenido unas desgraciadas declaraciones al decir que él aspira ser como el presidente Bukele en El Salvador, que es un violador de derechos humanos y que está llevando a su país a un autoritarismo inevitable. Él estaba recién ingresando cuando han ocurrido estos hecho de la fuga, pero alguien tiene que responder políticamente y no hemos encontraba receptividad de parte del gobierno acusando responsabilidad por lo ocurrido con Silva. Me temo que Senmache se va a quemar como un fusible, porque es precisamente en su sector donde ha ocurrido el problema principal.

—¿Cuál es la salida a la crisis política? ¿Se debe ir hacia unas nuevas elecciones generales?

Lo primero es poner término a este desgobierno. Aquí estamos en una situación sumamente grave, y los que están pagando la factura son los más pobres, a la pandemia, a la crisis global, se suma la crisis generada por la incapacidad, ineficiencia y corrupción de este gobierno y eso tiene que parar. Y paralelamente, se deben realizar las reformas para que podamos resolver nuestro problema de fondo, no podemos continuar año a año en estas circunstancias. Entonces, resumiendo, sí, hay que buscar un cambio rápido a través de elecciones generales, que se vayan tanto los congresistas como el presidente, ninguno de los dos cuenta con aceptación ciudadana. Y esto no debe impedir que en el más breve plazo se inicien todos los procesos de reformas pendientes: reforma política, de financiamiento de los partidos, de justicia y educación. También una reforma agraria, que tanto preconizó este gobierno y que no ha dejado de ser un discurso vacío.