Nueva fiscal de la Nación seguirá investigación a Pedro Castillo

La fiscal suprema titular Liz Patricia Benavides Vargas asumió desde este viernes el cargo de fiscal de la Nación para el período 2022-2025, en reemplazo del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde.

El contexto en el que la magistrada toma las riendas del Ministerio Público es trascendente debido a las diversas investigaciones que se siguen en la institución contra personas ligadas al gobierno de turno.

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Al ser consultada por la prensa, Benavides Vargas afirmó que continuará con la investigación preliminar seguida en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, por el Caso Puente Tarata y otros.

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Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Ante los cuestionamientos del jefe del Estado y de su defensa legal por haberlo incluirlo en las pesquisas pese a que está en funciones, la flamante fiscal de la Nación expresó que la línea de la investigación del Ministerio Público “se lleva de acuerdo a ley”.

“Sobre la investigación del presidente Castillo, vamos a seguir la misma línea de investigación iniciada por el doctor Pablo Sánchez, por cuanto la investigación se desarrolla según el debido proceso, respetando el debido proceso y las normas legales”, remarcó.

Patricia Benavides no es nueva en casos de lucha contra la corrupción. Durante la crisis institucional por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, alzó su voz y exigió la renuncia del entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Hoy, la flamante titular del Ministerio Público busca reflejar esa firmeza con la creación de un equipo especial para la lucha contra la corrupción en el poder.

Esto con la finalidad de aplicar el principio de unidad en la investigación para casos complejos y dar eficiencia, eficacia y celeridad al trabajo fiscal.

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“Anuncio la creación de un equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, que tendrá como finalidad ordenar la conducción de investigaciones y erradicará los conflictos de competencia en los subsistemas especializados”, declaró.

Benavides no precisó si las investigaciones relacionadas al gobierno de Castillo serán asumidas por dicho equipo especial, pero aseveró que en los próximos días se estará anunciando quiénes lo integrarán.

También explicó que los casos que se asumirán serían aquellos que abarquen más de una especialización (lavado de activos y anticorrupción).

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La fiscal de la Nación enfatizó que la institución que hoy dirige no permitirá presiones políticas o económicas. “El Ministerio Público es un organismo constitucional autónomo. Nuestra función es investigar a todo tipo de personas, al que tenga más poder o al ciudadano común y corriente”, aseveró.

Por otro lado, Benavides se pronunció a favor de la labor de la prensa y reconoció el deber de rendir cuentas de su trabajo. “Nosotros nos sometemos al escrutinio de la prensa y no ocultamos nada a ella”, expresó.

Al ser consultada sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca penalizar la difusión de información reservada en un proceso penal, la magistrada recordó que ya hay dispositivos legales que garantizan la reserva de las pesquisas.

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Sin embargo, resaltó que hay investigaciones que deben ser de conocimiento de la ciudadanía y, por ello, adelantó que brindarán la información necesaria de los casos a cargo del Ministerio Público, a través de las presidencias de las juntas de fiscales superiores y de los coordinadores de los equipos especializados, así como del área de prensa.

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que era positiva la creación de un equipo especial contra la corrupción en el poder. Asimismo, manifestó que se podría ampliar la visión y considerarse una lucha “contra la corrupción del poder y la impunidad”.

“El anuncio de la nueva fiscal de la Nación es muy positivo y, por supuesto, hay que destacarlo, pero deberíamos entender que en el Perú el blindaje desde el Congreso y la protección de prófugos por parte del Ejecutivo, como lo vemos que podría darse a través de [Pedro] Castillo y la DINI [Dirección Nacional de Inteligencia], son actos de impunidad que están proscritos por los compromisos internacionales que el Perú ha firmado y ratificado”, explicó.

Maldonado agregó que el concepto de “delincuencia de poder” es relativamente nuevo pero complejo.

Detalló que no cualquier criminal puede efectuar una “corrupción del poder”, pues no todos tienen ese acceso al poder del más alto nivel en el ámbito político o empresarial. “Entonces, ¿quién más le va a dar impunidad que el poder?”, cuestionó al hacer énfasis en que desde ese nivel, por ejemplo, se controlan decisiones políticas vía decretos y se decide sobre proyectos de infraestructura de un país.

“Los vemos a partir de actos criminales de empresas transnacionales, sobre todo. Y en el caso de [Pedro] Castillo, por ejemplo, hay un conglomerado de empresas chinas dentro de esta vertiente que podríamos denominar gran corrupción de delincuencia de poder”, añadió el especialista.