GERARDO CABALLERO
El constitucionalista y ex senador Enrique Bernales dijo que el pronunciamiento del juez constitucional Hugo Velásquez sobre la demanda que el ex presidente Alan García presentó contra la megacomisión es absolutamente pertinente y que en ello “no hay ninguna invasión de fueros”. “Cuando se trata de investigación, este grupo está obligado a respetar el debido proceso”, dijo Bernales, y recordó que existen fallos expresos del Tribunal Constitucional (TC) que establecen que en sede judicial, administrativa, laboral y parlamentaria se debe aplicar el debido proceso.
El viernes se conoció la resolución del Quinto Juzgado Constitucional de Lima sobre el amparo que García presentó contra la comisión parlamentaria que investiga los actos de corrupción de su gobierno. El fallo declara fundada en parte la demanda. Velásquez cree que se violó el debido proceso pues, en la notificación que se le hizo a García el 8 de marzo no se le comunicó debidamente de los cargos que se le imputaban. Por ello ha pedido que se lo cite de nuevo. “Es objetivo que ha habido una violación al debido proceso”, comentó Bernales.
El profesor de derecho Gorki Gonzales refirió que el debido proceso atraviesa todo el Estado constitucional, e implica que las personas investigadas estén preparadas para defenderse. “Todo supuesto en el que se produzcan imputaciones que requieran del imputado respuestas que vayan a tener un impacto directo en sus libertades y derechos necesitan ajustarse a las condiciones del debido proceso”, manifestó.
Asimismo, consideró una falacia sostener que el Congreso está exento de cumplir el debido proceso por ser un fuero político. “El control político no es un control arbitrario”, dijo.
El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Chanamé, recordó que el TC ha establecido que en los ámbitos administrativo y parlamentario se puede investigar, pero garantizando el debido proceso. “A García se lo citó, pero no se le dijo específicamente cuáles eran las imputaciones y creo que eso hasta en una comisaria hay que respetar”, indicó.
LA RESPUESTA DEL CONGRESO Según lo que ha podido conocer este Diario, el presidente del Congreso, Fredy Otárola, aún no se ha reunido con el procurador de ese poder del Estado, Julio Espíritu, para coordinar una eventual apelación al fallo del juez Velásquez. Otárola se encuentra en Áncash, y considerando que esta es semana de representación, es poco probable que hoy se tome una decisión.
Lo que sí se conoce es que el abogado que será consultado por la procuraduría del Congreso para elaborar la apelación es Gustavo Gutiérrez Ticse. En comunicación con este Diario, Gutiérrez dijo que, en este caso, el juez erróneamente pretende imponer a la política reglas del derecho, y no advierte que la megacomisión solo busca exponer ante la ciudadanía un hecho de evidente interés público.
“Si los poderes públicos no empiezan a defender su autonomía, con este discurso judicial de nuestros tiempos, todo puede cruzar por el ojal de la aguja justiciera”, indicó Gutiérrez.
PARA RECORDAR A IGUAL RAZÓN El juez Hugo Velásquez Zavaleta es el mismo que hace unos meses declaró fundado el amparo que el desaparecido congresista Javier Diez Canseco planteó contra la sanción que el Congreso le puso.
EL MOTIVO DE GARCÍA Cuando Alan García se presentó en marzo ante la megacomisión, defendió a Miguel Facundo Chinguel y dijo que lo volvería a nombrar como presidente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales.
QUEDARÍA A SALVO Pero de confirmarse el fallo del juez Hugo Velásquez, esta afirmación no podrá ser utilizada en contra de García, pues ha sido declarada nula. Facundo es investigado en la cárcel por corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir.