El ministro de Justicia, Daniel Figallo, sostuvo hoy que no existe ningún vacío legal que haga viable el arresto domiciliario a favor del ex presidente Alberto Fujimori.
“No hay vacío legal, según nuestra opinión. No cabe el arresto domiciliario, porque esta persona tiene una condena por un tiempo determina, que ha sido emitida por un juez. Además, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que no debe haber ninguna acción que reduzca las circunstancias de la condena cuando el culpable ha cometido violaciones a los derechos humanos”, dijo.
En diálogo con Canal N, Figallo indicó que el sustento legal de la defensa de Fujimori se basa en la ley de grilletes electrónicos, pero que esta solamente se aplica a los sentenciados a menos de seis años de prisión.
Además, el ministro negó que exista una política de hostigamiento en contra del ex jefe de Estado, quien denunció que desde Palacio de Gobierno se ha ordenado que se le maltrate.
“No hay ninguna maniobra, ningún pensamiento dedicada, ni un minuto ni un segundo, a intervenir situaciones vinculadas como esta que se plantean como sospecha para lograr desacreditar la posición de Fujimori (ante su pedido de arresto domiciliario)”, agregó.
También dijo que hoy el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) concluirá su investigación, a fin de determinar las responsabilidades del agente que grabó a Fujimori en la clínica Centenario.
La declaraciones de Figallo se dan a pocas horas de la audiencia judicial, en que se evaluará la solicitud de arresto domiciliario hecho por Fujimori.
DELITOS INFORMÁTICOS De otro lado, Figallo reiteró la posición del Gobierno en referencia a la Ley de Delitos Informáticos en el sentido de que esta no vulnera la libertad de expresión ni la libertad de prensa. “Esta es una ley de avanzada, una ley muy importante, que no tiene vacíos y como toda obra humana es perfectible, pero en términos de los que significa la persecución de los delitos informáticos si es un gran avance”, dijo.
Finalmente, aclaró que en ninguna línea de la norma se establece algún tipo de castigo a la difusión de material obtenido por medio de una interceptación ilegal.