Nueva ley universitaria: cinco claves del cuestionado dictamen

MARTÍN LEÓN ESPINOSA

La Comisión de Educación del Legislativo aprobó ayer el dictamen de la nueva ley universitaria, el cual ha sido cuestionado por diversos sectores académicos porque, alegan, viola la autonomía universitaria.

(Editorial) Uniforme único universitario

El proyecto, que fue debatido por 17 meses, no solo ha generado objeciones de autoridades académicas o estudiantes universitarios. También de los propios congresistas. Un ejemplo es que en la sesión de ayer del grupo de trabajo, el texto se aprobó por mayoría y con solo ocho votos (la comisión tiene 17 miembros titulares, aunque ayer faltaron algunos).

“En una comisión de 19 miembros [17 en realidad], solo ocho han dado luz verde al dictamen”, afirmó ayer el parlamentario Alberto Beingolea (PPC-APP).

Sin embargo, para Hugo Díaz, miembro del Consejo Nacional de Educación, uno de los méritos de la iniciativa es que ha puesto en debate público el tema de la educación universitaria y su situación actual.

Eso sí, Díaz se preguntó si es viable un dictamen que ha sido aprobado “con tanta oposición de diversos sectores de la vida universitaria. Las leyes deben tener un mínimo de consenso para poder emprenderse”.

El dictamen todavía debe pasar por el pleno del Congreso, en donde deberá debatirse y, probablemente, modificarse algunos de sus artículos.

El texto final del dictamen aún está siendo trabajado por la Comisión de Educación, ya que en la sesión de ayer se hicieron algunas modificaciones. Sin embargo, hay artículos que ya se aprobaron en sesiones pasadas y en la de ayer. Aquí repasamos algunos puntos del proyecto de ley.

1 Superintendencia nacional de educación universitaria (capítulo II del dictamen). Las principales críticas a la iniciativa de la Comisión de Educación es la creación de la superintendencia nacional de educación universitaria (Suneu), la cual estará adscrita al Ministerio de Educación y reemplazará a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que dejará de existir. La Suneu deberá supervisar la calidad universitaria, fiscalizar el uso de recursos y autorizar o denegar la apertura de nuevas universidades. Estará compuesta por nueve personas: un representante del Minedu, uno del Ceplan, uno del Concytec, dos miembros designados por las universidades públicas y dos por las privadas (en ambos casos que tengan el mayor número de carreras acreditadas), un miembro de los colegios profesionales y otro de los sectores empresariales. La ANR ha criticado duramente la creación de la superintendencia. “El dictamen es inconstitucional porque vulnera la autonomía universitaria, que es uno de los principios de la enseñanza superior. La superintendencia que se pretende crear mediante la ley no se ajusta a los mandatos de la Carta Magna, tanto en lo que respecta a su constitución, funciones y atribuciones”, recalcó ayer el presidente de la ANR, Orlando Velásquez. De igual opinión fue el rector de la Universidad San Marcos, Pedro Cotillo Zegarra. Para Hugo Díaz, el que el Minedu también sea responsable de la educación universitaria es contraproducente, ya que solo debería enfocarse en la educación básica. “Darle una atribución más al ministerio es poner en riesgo la posibilidad de que ejerza bien esa función rectora. Creo que hay que buscar otra opción”. El presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora (Perú Posible), asegura que, con el dictamen, las universidades no pierden su autonomía. Respecto de la presidencia de la Suneu, en la sesión de ayer de la Comisión de Educación se aprobó que esta sea elegida entre uno de los cuatro representantes de las universidades.

2 Evaluación, acreditación y certificación (capítulo IV). La iniciativa establece que los procesos de evaluación, acreditación y certificación para el mejoramiento de la calidad educativa los establece el Sineace. La modificación más relevante en este punto es que, con la nueva ley, la acreditación pasa a ser obligatoria. Las universidades que no logren la certificación no podrán entregar títulos a nombre de la nación. Las que no logren acreditar la calidad de sus facultades o carreras luego de tres evaluaciones consecutivas, serán clausuradas y disueltas.

3 Tesis de bachillerato. Según el dictamen, ya no habrá bachillerato automático para quienes culminen sus carreras. Ahora será obligatorio que elaboren una tesis de investigación. Para la obtención de la licenciatura o título, deberán realizar otra tesis, presentar un trabajo de suficiencia profesional o llevar un curso de actualización profesional.

4 Transparencia del sistema. Las universidades estarán obligadas a cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (27806), lo que las obliga a publicar la ejecución presupuestal y los balances, entre otras obligaciones.

5 Programa de fortalecimiento de la universidad pública. En el dictamen se ha incluido también una autorización al Ejecutivo para que diseñe el plan del Programa de Fortalecimiento de la Universidad Pública, que estará compuesto por las ocho universidades más antiguas del país y la Universidad Nacional de la Amazonía.